Un fuerte debate se viene presentando en Colombia en las últimas semanas por cuenta de uno de los artículos que se incluyeron en la nueva reforma tributaria.
Se trata del punto que busca aumentar los impuestos de todas las empresas que operan en Colombia, como una respuesta a que sea el sector privado el que pague la mayor parte de esta iniciativa y no se toque a las personas naturales.
Hasta hace poco, esta propuesta –presentada desde hace varios meses por la ANDI y otros gremios de la producción– era vista como la panacea, ya que todos estaban de acuerdo con que las empresas fueran las que asumieran la tributaria.
No obstante, con el paso de los días comenzaron a aflorar las alertas desde diversos sectores por el futuro de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). La razón es sencilla: como está planteada la reforma, todo el sector privado tendría que pagar una tarifa de renta del 35 %, es decir, superior al 31 % que pagarían el próximo año si no se avalara el articulado.
De hecho, la presidenta de Acopi, Rosmery Quintero, aseguró que buscarán un consenso en el Legislativo, de tal modo que el rasero no sea igual para todas las compañías. “Desde Acopi seguiremos insistiendo por las mismas capacidades estructurales de las mipymes. Nosotros estamos convencidos que es necesario pensar en una renta diferencial”, aseguró la directiva hace unos días.
Y agregó que ponerles una tarifa mayor a los empresarios más pequeños de Colombia sería un golpe mortal, eso sin contar con que su aporte es tan bajo –frente al monto total que se recauda–, que no le haría ni cosquillas a los ingresos tributarios.
“Con el 35 % no tendríamos la capacidad para responder y eso tampoco significaría mucho para el presupuesto que se tiene contemplado. Sin embargo, para el sector eso significaría un alivio importante. Proponemos una tasa por lo menos de un 33 %, lo que no genera cambios a la estructura de costos de las firmas”, indicó Quintero.
Pero no ha sido la única que ha puesto los puntos sobre las íes. En el Congreso también se han alzado voces frente a este punto. Una de ellas es la de la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Catalina Ortiz, quien pidió tajantemente que con la tributaria no se ahogue a las empresas.
En una columna publicada en el periódico La República, aseguró que uno de los principales problemas de esta reforma es que no resuelve los problemas estructurales del sistema colombiano. Y, además, que les da un golpe a los empresarios del país.
“El Gobierno ha dicho que los gremios empresariales asumieron voluntariamente pagar la reforma con el impuesto de renta. Sin embargo, el problema es que este anuncio solo representa a las empresas más grandes, que son menos del 1 % del tejido empresarial, mientras que las micro y pequeñas empresas, que corresponden a más del 90 % y que acabaron de pasar por una crisis de pandemia y de paro, serán el grueso que asumirá esta carga”, señaló.
Esta ha sido apenas una de las opiniones del Congreso. Pero, ¿qué ha dicho el Gobierno? Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que la apuesta de la reforma es que no se toque a las personas naturales, con lo cual será el sector privado el que pague buena parte de la misma.
No obstante, en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, recordaron que en el país existe el llamado Régimen Simple, que unifica diversos impuestos en una sola declaración y pago. Según un informe del diario “El Tiempo”, a la fecha por este gravamen se han recaudado cerca de $700.000 millones por parte de más de 36.000 empresarios que se han inscrito al mismo.
Este régimen aplica para las micro y pequeñas empresas que tengan ingresos anuales de $2.900 millones o menos.