La Procuraduría General de la Nación hizo un fuerte llamado a distintas entidades, nacionales y departamentales, para que dejen de incumplir con los tiempos que establece la ley en la entrega de certificados y servicios que los trabajadores necesitan para adelantar los trámites de sus pensiones.
En esta advertencia, la Procuraduría se concentró en las entidades que tienen la obligación y se encuentran en mora de expedir las Certificaciones de Tiempo de Servicios con fines pensionales (Cetil), a quienes les recordó que esto se debe realizar en el menor tiempo posible.
La procuradora delegada para la Salud, Seguridad Social y Trabajo Decente, Diana Ojeda Visbal, indicó que según información suministrada por la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hay 6.516 solicitudes vencidas con mora superior a 60 días, lo cual calificó como muy grave.
“Dichas entidades deben garantizar que la respuesta a estas solicitudes se produzca máximo dentro de los plazos establecidos para el derecho de petición, por tratarse de ciudadanos con especial protección constitucional en consideración a su edad, estado de salud e inciertas condiciones económicas que están pendientes de su derecho pensional, atrasado por cuenta de estos incumplimientos”, explicó la funcionaria.
El 60 % de las solicitudes represadas se concentran en la Secretaría de Educación de Cundinamarca, el Ministerio de Transporte, los departamentos de Cauca, Bolívar, Santander, Magdalena, Chocó y Cartagena; a las que recordó que este tipo de demoras pueden acarrear investigaciones.
Otro punto delicado dentro de los hallazgos de la Procuraduría, es el de los 1.931 casos que reportan mora superior a un año. Este ente regulador señaló que no se puede jugar de esta manera con el tiempo de la gente que espera poder disfrutar de una pensión digna, luego de años de ahorro y trabajo.
Durante el último año, la Procuraduría ha realizado mesas de trabajo con la Oficina de Bonos Pensionales y con la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía (Asofondos), entre otras entidades. De igual manera, ha expedido dos circulares y emitido un instructivo, con el fin de definir rutas de acción para garantizar que los afiliados obtengan oportunamente las certificaciones Cetil y puedan adelantar sus trámites pensionales.
Jenny Aguirre, vicepresidenta operativa de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), también se pronunció respecto a este jalón de orejas de la Procuraduría y sostuvo que es una gran ayuda, especialmente con aquellas entidades que no cumplen con los tiempos que establece la ley para estos trámites.
“Nosotros estuvimos en las reuniones con la Procuraduría y allí les pedimos que nos apoyarán por que logar que nos entreguen Certificaciones de Tiempo de Servicios con fines pensionales, es bastante difícil y en últimas esto solo termina afectando a las personas que buscan esa pensión que se ganaron y a la que tienen derecho”, dijo esta directiva.
Asofondos sostuvo que espera que este llamado de la Procuraduría sirva para poner fin a las demoras que se están presentando en el trámite de los requisitos pensionales, destacando que lo único que esta problemática está generando actualmente, es vulnerar los derechos de las personas.
Asofondos: el 90 % de afiliados al régimen público de pensiones no se jubilará
La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos) reiteró su llamado para que el Gobierno nacional ponga en marcha una reforma pensional que permita corregir las inequidades e inconsistencias que hay actualmente con este sistema, tras advertir el alto índice de personas que no logran jubilarse hoy en día.
Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, aseguró que gran parte de los recursos en el régimen público de esta industria se está yendo a financiar las megapensiones, mientras que solo uno de cada diez afiliados a este sistema obtiene su pensión al final, lo que sin duda se convierte en un foco de inequidad.
El presidente de Asofondos calificó como regresivo que el 80 % de los subsidios en el régimen público se usan para favorecer a menos del 40 % de los afiliados, quienes generalmente son los que más ganan, en vez de apoyar a las personas que no lograron una pensión o tienen una muy baja.