El proyecto de reforma pensional fue otro que tuvo el ‘check list’ del grupo de reformas que adelanta el Gobierno Petro para sacar adelante, pues el proyecto ya fue radicado en el Congreso para ser debatido por senadores y representantes a la Cámara.
Al nuevo texto, radicado por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el presidente Gustavo Petro, se le aplicaron algunos ajustes en redacción frente al documento que se dio a conocer, tras finalizar las sesiones de trabajo de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales.
“El proyecto pensional tiene un objetivo social que paulatinamente toda persona adulta mayor, hombre o mujer, que cumpla sus tiempos de trabajo y su edad, tenga una pensión. Adicionalmente, reconociendo que buena parte –seis de cada diez adultos mayores, hoy no tienen ningún acceso a pensión ni a bono pensional–, puedan tener acceso a un ingreso mínimo que les dé dignidad a su vida”, manifestó el jefe de Estado.
Ahora bien, diferentes sectores han salido a controvertir el texto del proyecto, porque serían miles de personas que se verían afectadas, como Mónica Barrera, una profesional de 38 años que lleva 12 años cotizando (600 semanas) y que tiene un sueldo de ocho millones de pesos.
Ella está en un fondo privado y planea pasarse a Colpensiones cuando cumpla los 47 años con la ilusión de tener una pensión mejor.
La calculadora pensional de la entidad estatal hoy le indica que si mantiene su salario a los 57 años se podría pensionar con 5,8 millones de pesos, pero con la reforma en la que Mónica tendría que cotizar los primeros tres salarios mínimos que recibe en Colpensiones y el resto en un fondo privado, esa mesada se bajaría a 3,9 millones de pesos. La cifra vendría de 2,22 millones que le daría Colpensiones y 1,7 millones de su AFP.
Según el Gobierno nacional, la iniciativa gira en torno a cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario, donde cada uno atiende necesidades específicas relacionadas con el sistema pensional y que le apuntan a que los cotizantes puedan alcanzar una pensión, así sea esta de un salario mínimo.
En diálogo con SEMANA, Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, manifestó que el articulado de la reforma pensional, en su conjunto, tiene elementos importantes que responden no solo a lo que busca el Gobierno incorporar dentro del sistema, sino que también atienden necesidades puntuales que generarán un impacto sobre la población más vulnerable del país.
“La reforma tiene tres elementos positivos, a destacar: el primero, la creación del pilar solidario (renta básica para adultos mayores que no alcanzaron a pensionarse y que será de $223.000); segundo, la eliminación de competencia entre el régimen público de reparto y privado; y tercero, la reducción de los subsidios a las pensiones más altas”, destacó.
Sin embargo, el académico llama la atención en torno a otros aspectos que en su criterio no son positivos. “El umbral a partir del cual las cotizaciones van al componente de ahorro individual sigue siendo alto, no debería ser de tres salarios mínimos. Además, no hay suficientes lineamientos a las inversiones que va a hacer el fondo de ahorro del pilar contributivo, que va a administrar buena parte del ahorro que estaban a cargo de las AFP; y los beneficios del pilar semicontributivo siguen siendo muy bajos y eso hace que las personas que no alcancen a completar las semanas suficientes para pensionarse siguen subsidiando a las personas que sí logran cumplir con ese requisito de semanas”, explicó.