Luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, anunciara que el Gobierno radicará un proyecto de ley para acabar los contratos de prestación de servicios, en la ciudadanía surgieron dudas al respecto. Hay quienes, por ejemplo, se plantean si de verdad existe la necesidad de terminar con ellos o lo mejor es buscar la manera de que los empleadores no abusen de ellos.
La periodista Juanita Gómez, en las redes sociales de SEMANA, conversó con el especialista Iván Jaramillo Jassir, especialista en derecho laboral para preguntar por ello. Pero antes, brindó un panorama de lo que sucede con los cuestionados contratos de prestación de servicios.
“¿Cómo funcionan? Se dan para realizar una tarea en un tiempo estimado, pero lo que muchas veces pasa es que estos contratos no se cumplen correctamente y terminan en abusos. Entonces en ocasiones se entiende como una contratación de tipo informal y la línea es muy delgada porque está, por ejemplo, el tema de los horarios laborales y las órdenes que hay que cumplir”, comentó Juanita Gómez.
Con base en ese contexto, es que Juanita Gómez le preguntó a Mauricio Jaramillo ¿cómo entiende esto? La respuesta del experto fue que más que acabar con este tipo de contratos, deben corregirse.
“Lo que debe corregirse es la mala utilización de esta modalidad. Cuando se utiliza para negar derechos laborales o para estructurar nóminas paralelas debe seguirse la intervención para corregir esa mala utilización de esta modalidad”, expuso.
Valga recordar que la iniciativa que definirá el futuro del contrato de prestación de servicios será radicada en la segunda legislatura del Congreso de la República, es decir, a mediados de marzo de 2022, por lo que el Gobierno tendrá plazo de estructurar su propuesta desde ahora hasta esa fecha.
“En el mundo formal creemos que el contrato de prestación de servicios no laboral, que encubre una relación laboral de manera mentirosa, solo para sobreexplotar al y a la trabajadora, debe pasar a la historia y que debemos volver a las relaciones laborales pactadas”, aseguró el mandatario”, dijo el presidente Petro el pasado 19 de noviembre, durante el Foro Iberoamericano: retos de la formalización laboral.
El jefe del Estado colombiano también se anticipó a las críticas que puede recibir de algunos sectores políticos tras su propuesta: “¿Y qué eso va a acabar la economía?, ¿qué va a acabar la economía? Pues yo lo que veo es que las economías más desarrolladas tienen salarios más altos que nosotros. Allá podrá haber la discusión. ¿Tienen hoy salarios más altos que hace 15 años?”.
Formalización laboral, el objetivo
La apuesta del Gobierno nacional con esta iniciativa es la formalización laboral, es decir, que el trabajador pueda recibir beneficios como primas, cesantías y vacaciones, entre otros.
En los contratos de prestación de servicios, el trabajador asume el pago de salud, pensión y ARL, (Administradora de Riesgos Laborales). En este caso, no recibe ninguno de los beneficios determinados por el contrato formal.
Para la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, en el proyecto de reforma que será presentado ante el legislativo, el Gobierno propondrá la eliminación de los contratos de prestación de servicios para avanzar en una formalización laboral.
“Lo que nosotros estamos planteando a través de la reforma laboral es que vamos a estructurar una forma de contratación que efectivamente saque de nuestro escenario este proceso de tener unas contrataciones que seccione derechos de trabajadores y trabajadoras, vamos a hacer un proceso de transición para ir poco a poco avanzando hacia la formalización laboral”, comentó la ministra.
En septiembre la jefe de cartera ya había mencionado: “Tenemos que cambiar el chip, Colombia no puede seguir como está. Tenemos sentencias de la corte que nos dicen que los contratos que no recogen ni siquiera el pago de la seguridad social al trabajador son perversos”.