El Ministerio de Trabajo le envió una carta a Secretaría Jurídica de Presidencia advirtiendo que es imposible la formalización del empleo público en cuatro meses y que los estudios deben contar con la viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda
Precisamente, la cartera de trabajo ya había empezado unas semanas a fortalecer el proceso de formalización laboral en las entidades del Estado y sobre todo en las territoriales, donde se ha hecho una articulación entre la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo.
Según la ministra Gloria Inés Ramírez, “el sistema de contratación que se tiene hoy en el sector público es perverso, porque se ha venido utilizando de alguna manera para invisibilizar las relaciones laborales y mostramos nuestra preocupación sobre algunos elementos del pronunciamiento que ha tenido el Consejo de Estado en torno a los contratos realidades, lo que nos lleva a trabajar en cómo vamos a hacer para que el Estado colombiano entre a un proceso de regularización y de estabilización de su fuerza laboral”.
También se explicó que “lo primero que hay que decir es que hay insuficiencia de plantas, pero para ampliarlas se necesitan 3 cosas: hacer un estudio de cargas y tener presente lo que significa la complejidad fiscal que esto conlleva”, y, además, dijo que “desde ya hemos entrado a sensibilizar a todos los Ministerios y a las entidades para que empiecen a hacer los estudios de cargas”.
A integrarse
La Ministra del Trabajo invitó al sector privado para que se integren a los planes de formalización laboral, teniendo como referentes empresas como Colombia y Univalle, y otras con las que se está haciendo el proceso.
Agregó que “también hacen parte de esta nueva modalidad o estamos en conversaciones con el SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, anotó Ramírez Ríos.
Aseveró que “de esta forma se materializa la intención del Gobierno nacional de hacer que el trabajo de los colombianos y en este caso, de los servidores públicos y contratistas que prestan servicios para el Estado sea en realidad, “un derecho fundamental, fuente de riqueza y libertad”.
En Risaralda
Por otra parte, la ministra Ramírez; la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque y la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón, realizaron un recorrido por las comunidades del corregimiento de Santa Cecilia, en Risaralda, afectadas por las lluvias.
Las delegadas del Gobierno del Cambio entregaron 500 ayudas humanitarias y escucharon las problemáticas de la comunidad. La titular de la cartera laboral recalcó que “hacemos presencia para proponer soluciones que permitan seguir avanzando de manera progresiva, en esos sueños de lucha que todos sus habitantes tienen y que este Gobierno acompaña”.
Además, consideró que el territorio tiene que salir adelante y cuentan con el acompañamiento del Gobierno Nacional y dijo que “no solo protegiendo la región sino conservando el agua y buscando procesos de desarrollo que nos permita a todos vivir con dignidad, que es el proceso que este Gobierno se ha propuesto: Colombia potencia mundial de la vida, con justicia social, económica, ambiental y de género”.
Ramírez también sostuvo diálogos con las comunidades indígenas y afro y anunció que además de las ayudas humanitarias entregadas por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), se ofrecerán ayudas extraordinarias, que consisten en un subsidio de medio salario mínimo para sus habitantes.