Por realizar captación masiva o recaudo no autorizado de dinero del público, la Superintendencia Financiera solicitó a la sociedad Agroonix, ubicada en Tabio (Cundinamarca), suspender inmediatamente sus actividades.
De acuerdo con la entidad, con la medida se ordenó también a la sociedad realizar de forma inmediata la devolución de los recursos que fueron captados de manera ilegal.
Así mismo, se pidió retirar de los medios de comunicación empleados cualquier término, palabra o alusión que equivocadamente pueda dar a entender a al público en general que se encuentra autorizada para desarrollar actividades de financiación colaborativa a través de valores representativos de deuda o de capital social.
Capital de trabajo
Según dio a conocer la entidad, el modelo de negocio de Agroonix consistía en promover en su plataforma proyectos agrícolas relacionados con la ganadería y el cultivo de frutas, los cuales requerían capital de trabajo para su desarrollo.
Dicha firma publicaba una convocatoria en su plataforma web para que terceras personas, mediante un modelo colaborativo y la suscripción de un contrato de mandato, invirtieran recursos en sus proyectos.
A los incautos se les daba la promesa de recibir una rentabilidad entre el 15% y el 40% efectivo anual.
La inversión
Según la Superintendencia Financiera, la inversión mínima que se solicitaba era de 200.000 pesos, que de acuerdo con Agroonix estaba dirigida para financiar a cultivadores de uchuva, gulupa y fresa o a proyectos de ganadería que el inversionista escogía.
Sin embargo, los dineros se dirigían a proyectos diferentes a los seleccionados por los inversionistas.
La firma en mención logró alrededor de 155 contratos de mandato con 147 personas en varios periodos de tres meses consecutivos, entre noviembre de 2021 y junio de 2022, por alrededor de $270.850.000.
Por tal motivo, la entidad remitió copia de la medida a otras autoridades, como la Superintendencia de Sociedades para la correspondiente intervención, y a la Fiscalía General de la Nación para adelantar las investigaciones en materia penal que se requieran.
Centro de conciliación
Por otra parte, la entidad recibió autorización para crear su propio Centro de Conciliación independiente, que será operado por la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Entidad.
La entidad busca fortalecer la protección de los derechos de los consumidores en las controversias que puedan surgir por el uso de sus productos y servicios en el sistema financiero.
El servicio se venía prestando desde 2020 mediante una alianza con la Superintendencia de Sociedades y se brindó resolución a 4.600 solicitudes. Para el cierre de 2022 se espera que el número de conciliaciones tramitadas alcance las 3.000 y para 2023 se proyecta que pueden llegar a 4.500.