Con el inicio de un nuevo período legislativo, el Gobierno nacional busca volver a la discusión de las reformas que se hundieron en el Congreso. Una de ellas es la laboral, que ha tenido tantas controversias, y que a pesar de los respaldos internacionales, los cuales han sacado a relucir por parte del Estado, no ha tenido consenso por parte de los sectores empresariales e industriales, quienes han manifestado que complicaría mucho su viabilidad económica.
Las cifras del mercado laboral pueden parecer contradictorias, si se contrasta con la situación empresarial. Mientras el desempleo volvió a estar en un solo dígito, esto no está apalancado por todos los sectores; de hecho, el sector público fue el principal aportante, de resto, la industria, el comercio, entre otros, se mantienen en cifras negativas, evidenciando la desaceleración económica.
Es allí donde la informalidad gana protagonismo y es uno de los puntos que pretende mitigar la reforma laboral. En el segundo congreso de la Alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas), el viceministro de relaciones laborales, Edwin Palma, ratificó que el Gobierno volverá a presentar la iniciativa, con prácticamente los mismos componentes.
“Nuestra señora ministra también ha señalado en distintas oportunidades que en dos o tres semanas pueda presentarse el texto de reforma laboral. Está todavía construyéndose, redactándose, puliéndose, teniendo en cuenta, como ya lo ha señalado ella (la ministra), que no empezamos la discusión en el 16 de marzo de este año, sino en el 20 de junio, porque hubo en esos meses mucho debate, mucha proposición presentada por los congresistas, y muchas peticiones hechas por los gremios, sobre todo por los pequeños y medianos empresarios del país, que han sido tenidos en cuenta en esta deliberación”.
En el marco del Congreso de Aliadas, tras la presentación del informe sobre informalidad, se hicieron una serie de recomendaciones para incluirlas en la reforma laboral, por ejemplo el que se admita el trabajo por horas, así como nuevas modalidades empleo. No obstante, el viceministro Palma fue enfático y señaló que muchas de estas alternativas promueven la precarización laboral.
Asegura que las iniciativas que busca la reforma van enfocadas en impactar positivamente la economía del país:
“Trabajo por horas no lo vamos a discutir, no lo vamos a incluir en una forma de precarizar más el trabajo, y nosotros queremos es dignificar el trabajo. Las medidas como el aumento del salario mínimo, que fue concertada el año pasado, y la negociación del salario en el sector estatal, ha tenido un impacto positivo en la economía. Hemos visto los impactos económicos, incluso en el empleo y la informalidad. Para nosotros precarizar el trabajo no es una posibilidad, aunque claro, la flexibilidad en los horarios, la flexibilidad en la hora de pactar las condiciones de trabajo, distintas a las tradicionales, está incluido en el texto de reforma”.
El Gobierno se mostró muy comprometido con luchar por temas como la informalidad, que como lo dijo durante su intervención en el Congreso, es una de las intenciones de la reforma, pero señaló que hay muchos de los componentes que no se modificarán, al menos hasta la nueva presentación del texto ante el Congreso.
Precisamente sobre la informalidad, uno de los temas que más debate ha generado es la formalización de aquellos que trabajan por prestación de servicios, como los es el caso de algunos domiciliarios, entre empleados de otras empresas.
SEMANA le preguntó por el caso de las condiciones en empresas como ‘call centers’ o Rappi, donde se han alegado ciertos tratos, que precarizan las labores de sus empleados; además, que estas compañías han declarado que en caso de tener que formalizar a estas personas, terminarían quebrándose.
El viceministro Palma declaró: “En los call center hay trabajo formal, que haya condiciones laborales discutibles, pues que se han venido revisando con las empresas, con las organizaciones sindicales presentes en ese sector es otra cosa. Para el trabajo en plataformas digitales, nosotros seguimos considerando, como lo han hecho la mayoría de los países en el mundo, y como lo dicen en el 80 % de las sentencias de tribunales internacionales, ahí hay una relación de trabajo, y es la posición que vamos a mantener, al menos en la próxima iniciativa”.