Desde que se radicó en el Congreso -hace dos años- el proyecto de ley del expresidente Álvaro Uribe, para reducir la jornada laboral en Colombia, el tema ha dado mucho de qué hablar.
Desde algunos sectores lo han respaldado y han asegurado que tomar esta decisión permitiría que el país esté en línea con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Pero desde otros la han catalogado como populismo legislativo.
Lo cierto, por lo pronto, es que el articulado sigue avanzando y, ahora, está apenas a un debate para ser aprobado, justo en medio de una de las peores crisis económicas en la historia del país. Esta semana, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes le dio su bendición y dejó en manos de la plenaria la última palabra.
La realidad es distinta
El problema, según se confirmó en medio del debate, fue que el proyecto se presentó cuando la pandemia aún no existía en el mundo. Y la situación económica actual hace que tomar una decisión de este calibre sea más compleja.
Por ejemplo, el representante por la Alianza Verde, Mauricio Toro, fue enfático en mencionar que el articulado se radicó en 2019, cuando Colombia vivía una realidad muy distinta a la actual. “Por lo tanto, el análisis se debe hacer de luz a la pandemia y de cara al paro y la realidad económica del país”, señaló.
Si bien esto quedó claro en medio de las discusiones, los principales ejes del articulado se mantienen intactos. De aprobarse, la jornada laboral en Colombia tendría un tope de 42 horas semanales que podrán ser distribuidas -de común acuerdo entre empleador y trabajador- en 5 o 6 días a la semana.
Eso sí, su implementación se haría de manera gradual y no implicaría una reducción de salarios. Es decir, la jornada de trabajo a la semana se reduciría en una hora cuando comience a regir la ley, una hora más en el segundo año y a partir del tercero, bajará dos horas por año hasta llegar a las 42 horas.
Así quedaría el tiempo máximo de trabajo semanal, si el proyecto se promulgara este 2021:
- 2021: 47 horas
- 2022: 46 horas
- 2023: 44 horas
- 2024: 42 horas
A favor
A favor de esta iniciativa están, en principio, el expresidente Álvaro Uribe y la bancada del Centro Democrático, quienes aseguran: “Reconocemos la importancia del equilibrio entre la vida personal y el trabajo”.
Y agregan que el proyecto permitirá que los trabajadores tengan más tiempo para estudiar, estar con sus familias, aprender un nuevo idioma, hacer deporte, entre otras. De igual forma, resaltan que no se tocaría el salario de los trabajadores, a pesar de que tengan menos tiempo de trabajo.
Lo curioso es que en esta misma orilla se encuentran los sindicatos del país. En una audiencia pública se confirmó que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación General del Trabajo (CGT) están a favor de hacer este ajuste, aunque tienen algunas reservas.
“Se está a favor de reducir la jornada laboral, atendiendo que Colombia ingresó a la Ocde en la que es el país con el número más alto de jornada laboral, estando el promedio de la organización en 37 horas de jornada laboral, por lo que hay tener en cuenta esto y cumplir los estándares en materia laboral”, dijo Percy Oyola, presidente de la CGT.
Mientras que Francisco Maltés, presidente de la CUT, expresó que el proyecto se pensaría como un acercamiento al estándar de la Ocde y la Organización Internacional del Trabajo. Eso sí, fue claro en decir que “no debe afectarse la remuneración, los derechos de los trabajadores (...), ni tampoco los recargos nocturnos y dominicales”.
En contra
Ahora, si bien el proyecto avanzó y está a solo un debate de aprobarse, las posiciones en contra podrían hacer que su último paso en el Congreso no sea tan sencillo. La Andi, por ejemplo, pide de tajo que se archive el articulado, ya que implicaría un elevado costo para el sector privado.
Alberto Echavarría, vicepresidente Jurídico de la asociación, afirmó que “una hora de trabajo significa un incremento del 2 % (8 horas valen 16 %). ¿Por qué, entonces, va a cambiar esto, en estos momentos en los que se necesita restablecer el desarrollo objetivo de la economía?”.
Además, explicó que el impacto económico sería devastador para los empleadores. En plata blanca, las empresas tendrían que pagar $ 27 billones adicionales, mientras que al sector público le costaría $ 23,4 billones.
En tanto, la vicepresidenta Jurídica de Acopi, Osiris Meriño, fue clara en mencionar que aprobar una ley de este tipo generaría un impacto en el desempleo. “Habría un desestímulo a la contratación laboral por el aumento de los costos al sector empresarial”, señaló la directiva.
Y ni qué decir de Fenalco, cuyo presidente, Jaime Alberto Cabal, dijo que la iniciativa es inconveniente e inoportuna, y debe quedar en el olvido.
En esta esquina también se encuentra el Gobierno nacional. A través del Ministerio de Hacienda, aseguraron que el proyecto tiene un fin loable, pero traería efectos graves para la economía y el empleo. Sobre todo ahora que el aparato productivo sigue en cuidados intensivos.