El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, hizo un llamado de atención frente al fallo que regresó la competencia de adelantar procesos por asuntos fiscales a la Contraloría General de la República, en la controversia jurídica que sostuvo con el Consejo Superior de la Judicatura por el denominado 'carrusel de las pensiones'. La cabeza del ente acusador manifestó que la decisión incluye a los aforados, entre los que se encuentra el presidente de la República y, tal y como está dado el diseño constitucional, la contralora General está en potestad de suspender al jefe de Estado. "La Contraloría, como se están haciendo algunas interpretaciones, podría suspender al Presidente en ejercicio del control fiscal. (…) Hay un grave vacío en la Constitución; el país no puede permitirse vacíos de esta naturaleza", manifestó Montealegre. Según lo dicho, las competencias entregadas a la Contraloría son tan amplias que abarcan a la institución presidencial, en tanto que determina que los procesos por causas penales y disciplinarias para los aforados constitucionales permanecen en el seno de la Comisión de acusación de la Cámara de Representantes. No obstante, el tema es parte de la discusión de la reforma a la Justicia, que dejaría en manos de la Cámara de Representantes las acusaciones al presidente, vicepresidente, y magistrados de la Corte Constitucional.