Días después de haber sido liberado por el Ejército de Liberación Nacional –ELN- Carlos Melo, resumió en una frase lo que le implicó el secuestro. “Para mí significó dejar de ganar lo que me gano como freelance”. Un camarógrafo puede recibir entre 30.000 y 50.000 pesos por una nota.

Melo no temía por su vida pero sí por su economía, sabía que si el cautiverio se prolongaba dejaría de ganar dinero y que cuando llegara la liberación sus bolsillos estarían vacíos. Una cruda versión de: ‘¡Es la economía, estúpido!’.

Carlos Melo y Diego D`Pablos trabajan como corresponsales de RCN y fueron enviados por ese medio el 23 de mayo a la zona del Catatumbo para conocer más detalles sobre el secuestro de Salud Hernández-Mora. Ese mismo día Caracol TV envió con la misma misión a Diego Velosa y William Mora, periodistas freelance. Los cuatro periodistas fueron secuestrados por guerrilleros, los últimos estuvieron unas horas en cautiverio, los primeros no corrieron la misma suerte, los retuvieron por cuatro días.

Los jefes de estos empleados no tuvieron en cuenta el riesgo al que exponía a sus trabajadores. Este no es un caso aislado, por el contrario, es la constante en las redacciones de Colombia. Los medios no se han preocupado por la seguridad de sus reporteros: no invierten en capacitación, en equipos adecuados, no cuentan con seguros de vida, ni mucho menos en asegurar condiciones laborales que sean acordes al riesgo que asumen los periodistas que tienen que acudir a zonas de conflicto.

Los corresponsales que trabajan en Cali, Medellín, Cartagena o Barranquilla son la excepción y tienen un contrato formal con el canal. Los periodistas que cubren el resto del país no, y están condicionados a las diferentes tarifas: Por una nota son 150.000 pesos si el que paga es Caracol y 170.000 si se trata de RCN. De ese dinero los corresponsales asumen los gastos de transporte y le tienen que pagar al camarógrafo.

La precariedad juega en contra de la seguridad, de tal manera que cuando el jefe en Bogotá le solicita a un corresponsal que emprenda un viaje a las 10 de la noche al Catatumbo, Buenaventura o a cualquier otra zona de riesgo en el país, ellos aceptan.

Esas condiciones laborales no son las únicas que preocupan. En varias ciudades, RCN y Caracol exigen a sus corresponsales conformar una empresa que actúa como intermediario entre el periodista y el canal. De esta forma el medio contrata, por prestación de servicios, con una empresa y no directamente con la persona natural. Si al periodista le sucede algo mientras cubre una noticia, el canal no tiene ninguna responsabilidad.

En los últimos años la UNESCO y varias organizaciones de derechos humanos a nivel mundial pusieron el dedo en una llaga que nadie había querido tocar: “La responsabilidad de lo que le ocurra a los periodistas es, en buena medida, de los medios de comunicación”.

A principios del 2015, buena parte de los grandes medios del mundo así los entendieron y dieron un importante primer paso. Newsweek, CNN, BBC, las agencias de noticias más grandes del mundo y un centenar más de medios firmaron el ACOS Initiative una declaración donde se comprometen con una serie de principios básicos para proteger a sus freelance.

Esos medios reconocen, entre otras cosas, que deben cubrir los costos adicionales que implica entrenar a sus periodistas y comprar el equipo ideal para cuando los envíen a zonas de riesgo. También a pagarles a tiempo.

Esta iniciativa parece haber entendido una máxima del juramento hipocrático, que indica: "Primero, no hacer daño". Esto les recuerda a los médicos que siempre que se enfrenten a una difícil decisión deben optar por el bien del paciente.

Ha pasado un mes desde el secuestro de cinco periodistas que indignó a las directivas de Caracol y RCN, sin embargo, el susto parece haber servido de poco para que ellos reflexionen sobre cuál es su responsabilidad en la seguridad de sus empleados. Es el momento de hacerlo.