Una de las banderas del gobierno actual es la Reforma Agraria. Con esta iniciativa el presidente Gustavo Petro busca cumplir con lo estipulado en los Acuerdos de Paz y darles a los campesinos tres millones de hectáreas durante los próximos 12 años.
Según la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el gobierno ha comprado 32.904 hectáreas nuevas este año. Y ha logrado otras 50.000 por recuperación con procesos agrarios y predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales. En total, suma más de 80.000 hectáreas para la meta propuesta. Es decir, un poco más del dos por ciento.
Reducir la brecha de desigualdad también se proyecta como uno de los retos de este nuevo sistema, el cual traería beneficios para el campesinado, pues el uno por ciento de la población en Colombia es dueña del 81 por ciento del territorio, uno de los índices de desigualdad en la propiedad más altos del mundo, según señala la ONG Oxfam. Igualmente, es fundamental en la búsqueda de la soberanía alimentaria y agroindustrial del país.
Para avanzar en esa dirección, el mandatario reactivó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, un mecanismo para coordinar y evaluar las actividades orientadas a la ejecución de la reforma agraria, que existe desde 1994, pero que no se reglamenta hace 29 años.
En ese mismo sentido, el Congreso de la República aprobó la creación de la Jurisdicción Agraria y el reconocimiento de los derechos del campesinado. Esto quiere decir que habrá juzgados especializados en resolver los problemas de tenencia y propiedad de la tierra en el campo.
La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, afirmó que “este es el momento para poder acelerar el proceso de implementación de la reforma agraria, para generar consenso y convocar el concilio interinstitucional que permita resolver los cuellos de botella y poder darle soluciones lo más efectivas e inmediatas posibles al campesinado”.
Sin embargo, las medidas propuestas por el actual Gobierno han causado polémica en las distintas esferas del país. Figuras como el senador Humberto de la Calle han reconocido los esfuerzos del Estado, pero señalan que las formas de hacerlo no son las correctas. En sus palabras, la posibilidad de darle facultades a la ANT, que van más allá de sus competencias, “es inconstitucional”.
Para profundizar en los pilares, avances y desafíos de la reforma agraria para potenciar el desarrollo del país expertos, tomadores de decisión y representantes de los sectores productivos del país se reunirán el 21 de noviembre en el foro ‘Colombia Rural 2023. No se lo pierda.
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