Colombia ha alcanzado la atención mundial gracias a que, según las cifras del Ministerio de Salud y Protección Social, “hoy el país cuenta con el 99,6 por ciento de cobertura en aseguramiento, con una distribución de 24.399.839 personas en el régimen contributivo y 24.745.934 en el subsidiado”.

Este logro ha llevado al sistema de salud colombiano a ser reconocido como uno de los mejores del mundo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), el país es sobresaliente en términos de calidad de la atención y acceso a la asistencia sanitaria.

Sin embargo, la Ocde indicó que el Estado colombiano tiene que mejorar en materia de recursos del sistema sanitario, pues hoy en día hay menos personal de la salud y camas disponibles para la atención a los pacientes. Estos aspectos afectan la prestación del servicio a los pacientes y su calidad de vida.

Otra de las alertas, es la crisis financiera por la que atraviesan varias Entidades Promotoras de Salud (EPS). Un reciente informe de la Contraloría General de la República, con datos actualizados hasta octubre de 2023, reveló que 26 EPS del país acumulan una deuda total de 25 billones de pesos con IPS y proveedores, además de enfrentar problemas con reservas técnicas y pasivos administrativos.

Para Ana María Vesga, presidenta de Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), hoy “la mayoría de las EPS colombianas no cumplen con las reservas técnicas. La razón es que los recursos que se giran para la atención a pacientes, lo que se denomina técnicamente Unidad de Pago por Capitación (UPC), son insuficientes; esto sumado a la demora en los giros, desfinancia progresivamente el sistema”, señaló a través de un comunicado en respuesta al informe de la Contraloría.

El déficit financiero de las EPS obedece, entre otras causas, a la falta de fondos que ha afectado la atención a los colombianos. En el último año las EPS han recibido un total de 816.555 reclamos por los servicios de salud, de acuerdo con la Superintendencia de Salud. Por eso, actores del sector salud piden al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, revisar el cálculo de la UPC, un problema estructural no resuelto para encontrar soluciones.

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