La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha puesto al descubierto una compleja red de ocupaciones irregulares en tierras destinadas a la reparación de las víctimas del conflicto armado. Empresarios, políticos y narcotraficantes han sido señalados de ocupar al menos 16 mil hectáreas que deberían beneficiar a campesinos y víctimas. Estas tierras, incluidas en el inventario del Fondo de Reparación de Víctimas (FRV), han sido manipuladas durante décadas por clanes familiares, autoridades locales y actores violentos que las mantienen bajo su control, según denunció Felipe Harman Ortiz, director de la ANT. De acuerdo con la entidad, 100 mil hectáreas adicionales se pueden recuperar para que dichas tierras lleguen finalmente a manos de campesinos y víctimas del conflicto.
El origen del problema
De acuerdo con la entidad, las tierras en cuestión provienen de procesos judiciales que, hace casi 20 años, llevaron a la entrega de bienes de antiguos jefes paramilitares como parte de la Ley de Justicia y Paz. No obstante, estas tierras no han cumplido su propósito de reparar a las víctimas debido a ocupaciones indebidas y contratos cuestionados. En departamentos como Córdoba, Cesar, Bolívar y Antioquia, se han identificado 67 predios bajo esta situación.
Harman denunció que “estos bienes habían sido ocupados por clanes poderosos que los utilizaban para ganadería intensiva, sin pagar arrendamientos al Estado”. Además, señaló la dilación de autoridades locales y el uso de medidas legales para perpetuar el control sobre estos terrenos.
El ‘Cartel de la tierra’
Según la información entregada por la ANT a los medios en una reciente rueda de prensa, entre los ocupantes señalados destacan figuras relacionadas con estructuras de poder regional y el narcotráfico. Félix Gutiérrez, exalcalde de Buenavista (Córdoba), y su pareja Ana Paola García, representante a la Cámara, son acusados de ocupar tierras entregadas al FRV por antiguos paramilitares.
En Cesar, Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias ‘Comandante Barbie’, intentó mantener el control sobre la finca La América, previamente en manos de la estructura del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este caso refleja cómo las redes de poder local complican la recuperación de predios.
Otros nombres incluyen a Charif El Hadaui Hernández, un ciudadano venezolano vinculado al narcotráfico, y a K-Supply Group SAS, empresa cuestionada por contratos de arrendamiento irregulares en Tarazá y Cáceres (Antioquia).
Recuperación y avances
“Para recuperar estas tierras, la ANT ha suscrito convenios por valor de $700 mil millones con la Unidad para las Víctimas, logrando avances significativos en la compra de 53 mil hectáreas. Asimismo, el trabajo conjunto con exjefes paramilitares, nombrados como Gestores de Paz por el gobierno, podría permitir la recuperación de hasta 100 mil hectáreas adicionales”, explicó Harman Ortiz.
La estrategia incluye mesas de trabajo con la Fiscalía General de la Nación para identificar predios y abrir investigaciones penales sobre el manejo de los bienes. Algunos casos recientes han resultado en la recuperación de terrenos, como los predios en Puerto López, Meta, que suman 954 hectáreas y estaban ocupados por familiares del fallecido empresario Víctor Carranza.
Desafíos persistentes
A pesar de los avances, el proceso enfrenta retos significativos. Los desalojos necesarios para recuperar terrenos suelen generar tensiones en las comunidades, mientras que la falta de verificación previa de arrendatarios permitió que empresas y personas cuestionadas ocuparan estas tierras.
En dos años del Gobierno nacional, la ANT también ha adquirido 300 mil hectáreas para comunidades campesinas, afro e indígenas en terrenos que requieren ajustes para su adjudicación. Felipe Harman subrayó que el enfoque debe ser garantizar que las tierras cumplan su propósito: “Si hay fallos judiciales, el recurso se definirá para la reparación de las víctimas o, en su defecto, se devolverá a quien corresponda”.
El panorama es complejo, pero las metas son claras. La ANT y la Unidad para las Víctimas trabajan para que las tierras lleguen a quienes realmente las necesitan. Esto incluye no solo la recuperación de predios, sino también la implementación de políticas que aseguren un uso adecuado y justo de los terrenos.
La lucha por las tierras en Colombia sigue siendo un reflejo de las tensiones históricas entre justicia, reparación y poder. Aunque los obstáculos son numerosos, el compromiso del Estado y la sociedad civil podría transformar este legado de violencia en una oportunidad para la reconciliación y el desarrollo rural.
*Contenido elaborado con el apoyo de ANT.