En el marco del Gran Foro Colombia 2022, realizado por SEMANA y Dinero, el registrador nacional, Alexander Vega, le presentó al país el plan de garantías que adelantó la Registraduría Nacional del Estado Civil para garantizar la democracia y evitar que se especule en el país con el término ‘fraude electoral’ en los procesos que se van adelantar en Colombia en este 2022.
De acuerdo con el funcionario, la desinformación es el principal riesgo de los procesos electorales, no solo en Colombia sino en el mundo entero, y desafortunadamente, a raíz de esa desinformación se ha acuñado en el mundo un término que pone en jaque la democracia y las instituciones: “fraude electoral”.
Este es un término que, según el registrador, debe salir de los debates públicos.
La Registraduría diseñó todo un plan de garantías para asegurar la democracia en las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia de marzo y mayo próximos, y para eliminar de tajo cualquier expresión de fraude.
“Un fraude electoral que no va a existir y que no hay posibilidad de que se haga”, puntualizó Vega Rocha.
El principal punto de ese plan de garantías fue la reforma al Código Electoral. “En Colombia se elegía como se hacía en el siglo pasado; el único código que existía y se mantenía antes de la Constitución del 91 era el Código Electoral, una contradicción teniendo en cuenta que el sistema político democrático cambió de la Constitución del 86, de una democracia representativa, a una democracia participativa. Fue así como logramos sacar el nuevo Código Electoral en consenso con todas las fuerza políticas”, precisó Vega.
Por otra parte, el plan de garantías de la Registraduría incluye la revisión de las mesas de votación, dado que el país tenía un déficit de estas en los corregimientos del área rural. Esto originaba “que las mafias costeaban los transportes para que las personas fueran a votar”, dijo Vega.
De esta manera, para este año se ampliaron las mesas y los puestos de votación en todo el país.
En Colombia, en el año 2018 se contaba con 103.343 mesas de votación en todo el país para un total de 11.232 puestos. Ahora, para este 2022 se tendrá en todo el territorio nacional 112.370 mesas de votación y 12.514 puestos.
“La gran apuesta fue llevar más mesas de votación a esos corregimientos que tenían déficit desde hace más de 30 años. Colombia votaba más en las zonas urbanas que en la ruralidad, esto va a hacer que el colombiano que es de esas zonas alejadas pueda ir a votar y no tenga que ir hasta las cabeceras municipales”, explicó Vega Rocha.
“Este acto de transparencia va a generar que la votación en Colombia suba”, puntualizó el registrador, que añadió que para lograr aún más transparencia la Registraduría adelantó una depuración en el censo electoral.
“Para mí como registrador era penoso decir que el censo electoral tenía ciertas irregularidades que ya estamos corrigiendo. Era claro que en el censo electoral en Colombia todavía había personas fallecidas, pero no por cuenta de la Registraduría, sino porque la normatividad en registro civil del año setenta obliga a que los familiares registren la defunción y la registraduría el Archivo Nacional de Identificación y, por el ende, el censo electoral no se puede actualizar si no hay un registro de defunción”, comentó el registrador.
En ese sentido, la entidad adelantó un barrido en todas las notarías y funerarias para hacer esa depuración del censo electoral. Posterior a esa actividad, hubo 316.317 cédulas depuradas por fallecimiento. “No es que los muertos voten en Colombia, son las personas que se hacen los vivos y votan con estas cédulas. Estas cédulas las tenían los familiares y eran vendidas para que las personas fueran a votar”, afirmó Vega.
De esta manera, tras hacer esa depuración del censo electoral, el registrador nacional indicó que “la cifra que hoy le entregó al país es que el potencial electoral es de 38.893.318 ciudadanos aptos para votar. Este censo que presentó hoy se cierra el 13 de febrero”.
De igual manera, dentro de esta plan de garantías también hubo una exhaustiva revisión a las cédulas de extranjería en el país, por lo que se anularon 43.022 cédulas extranjeras por trámites irregulares.