Desde hace unos años Colombia viene desarrollando una serie de políticas que buscan contribuir a la lucha contra el cambio climático. Si bien cifras del Ideam señalan que el país emite 237 millones de toneladas de dióxido de carbono al año –es decir, el 0,47 por ciento de las toneladas totales que se producen mundialmente–, es muy relevante aportar al cambio global que se quiere.
Las metas que tiene el país en materia de descarbonización son ambiciosas: alcanzar la neutralidad de carbono a 2050 y reducir el 51 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero a 2030, objetivos muy altos que traen consigo un arduo trabajo conjunto entre sector privado y público, acciones individuales de las empresas en sus procesos operativos, así como políticas públicas que incentiven esa transición.
Para los expertos, la descarbonización trae una serie de beneficios para el país. Ana Milena Plata, gerente de Biofix, explica que este proceso permite tener una nación más competitiva, y “nos posicionará como referentes en el continente y el mundo con prácticas replicables que permitirán alcanzar metas ambientales como las que nos hemos trazado”.
Con la puesta en marcha de leyes como la de Acción Climática, Transición Energética, Delitos Ambientales y Siembra de Árboles el país avanza, según Plata, rumbo a la sostenibilidad: “Se cuenta con un marco normativo propicio para fortalecer la lucha contra el aumento desmedido de la temperatura global, a su vez que se fortalece la inversión y se traza una hoja de ruta en pro del desarrollo sostenible”.
Sumado a lo anterior, desde Biofix resaltan que el impuesto al carbono y el mecanismo de no causación han determinado parte de la estrategia ambiental de múltiples empresas. “Gracias a ellos se ha podido adoptar un cierre de brechas en múltiples comunidades que le han apostado a la conservación y la reforestación, apoyando paralelamente el desarrollo comunitario con educación, servicios públicos y una institucionalidad ambiental que trasciende de los aspectos normativos. Eso es muestra del desarrollo sostenible”.
Trabajo con 26 comunidades étnicas
Biofix desarrolla un trabajo como facilitador en la gestión de las emisiones a empresas de todos los tamaños en Colombia. La gerente de esta compañía explica que “su función es desarrollar proyectos de conservación en asocio con comunidades, a través de los cuales se monitorea la protección de bosques y se protegen especies en peligro de extinción, además, toda la estructuración de proyectos de este tipo está centrada en los planes de vida de las comunidades, respetando su autonomía en la gobernanza del territorio”.
Desde 2018, han desarrollado proyectos de conservación estructurados bajo la metodología REDD+ (Reducción de Emisiones Generadas a Causa de la Deforestación y Degradación de Bosques), que, en asocio con comunidades indígenas y afrocolombianas, han sido reconocidos en América Latina como referentes para la mitigación del cambio climático y el mejoramiento de la calidad de vida de familias en estado vulnerable.
La compañía trabaja con 26 comunidades étnicas, conformadas por nueve consejos comunitarios y 17 resguardos indígenas, en departamentos como Vichada, Guainía, Guaviare, Chocó, Cauca y Valle del Cauca. “Con estas comunidades se conservan más de 1′300.000 hectáreas de bosques tropicales en Colombia y ha aportado a la captura de 17′000.000 toneladas de CO2″, concluye.