El proyecto de reforma tributaria del Gobierno Petro propone gravar los alimentos y bebidas ultraprocesadas y con alto contenido de azúcares. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, explica que el impuesto a las bebidas azucaradas será por gramaje y se aplicará de forma gradual, en busca de causar el menor traumatismo posible en las ventas de los tenderos. En los primeros tres años (2023, 2024 y 2025), los productos que tengan menos de seis gramos de azúcar por cada 100 mililitros no tendrán que aportar ningún impuesto.

Los que se ubiquen en el rango de seis y diez gramos tendrían que pagar una tarifa intermedia (era de 18 pesos por cada 100 mililitros, según las primeras versiones del proyecto de ley). El impuesto más alto lo aportarán los productos con más de diez gramos de azúcar (35 pesos).

A partir del siguiente año los rangos varían, de manera que, el producto de entre cero y cinco gramos queda sin impuesto; el rango intermedio va de cinco a nueve gramos, y el último aplica para los de más de nueve gramos.

Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de la Organización Red PaPaz, asegura que el consumo de productos ultraprocesados está asociado con la aparición de enfermedades no transmisibles. “El impuesto a las bebidas ultraprocesadas endulzadas es solo una de las políticas que recomienda la Organización Mundial de la Salud dirigidas a prevenir la obesidad, otras formas de malnutrición y contribuir así a disminuir el impacto de las enfermedades no transmisibles, como la diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares”, afirma.

Otra preocupación es el consumo de productos ultraprocesados por parte de niñas, niños y adolescentes. “La ENSIN de 2015 identificó que en escolares entre 13 y 17 años, 4 de cada 5 consumen productos de paquete, 3 de cada 4 consume bebidas azucaradas una o más veces el día y solo 1 de cada 10 consume frutas y verduras en las cantidades recomendadas por la Organización Mundial de la Salud”, advierte Piñeros Ospina.

Frente al impacto que puede generar esta medida, asegura que la evidencia sin conflicto de interés recopila beneficios y dice que los impuestos sí funcionan para reducir el consumo de productos nocivos. “Como esos productos nos enferman, con el tiempo se reduce significativamente la carga de enfermedades no transmisibles. En el largo plazo, tiene el potencial de reducir los costos de atención médica y aumentar la productividad laboral. Los impuestos impulsan el desarrollo económico a través de una fuerza laboral más saludable”, concluye.

De igual forma, explica que este tipo de medidas permiten reducir las brechas en desigualdad porque benefician a las poblaciones más vulnerables “que son quienes más consumen estas bebidas, teniendo mayores gastos por las enfermedades asociadas al consumo de estos productos, porque los costos para la atención de las enfermedades no transmisibles no solo recaen sobre el sistema de salud”.

Piñeros enfatiza en que de manera reiterada se ha visto cómo el accionar de la industria termina posicionando sus intereses particulares sobre la salud pública. “En esta oportunidad nuevamente estamos viendo cómo ese accionar de la industria está desviando el diseño técnico del impuesto de los objetivos de salud pública y planteando plazos para la reformulación de estos productos nocivos”.

Por último, precisa que esto es un llamado para que el Gobierno atienda las recomendaciones de la OMS que establece que para que un impuesto sea saludable, debería: “Ser mínimo del 20 por ciento y específicamente para Colombia, la evidencia científica señala que debería ser del 24 por ciento para lograr el objetivo de reducir el consumo de productos nocivos. Causarse en el momento en que el producto sea entregado por el productor para su distribución, venta o permuta en el país”.

Para profundizar en cuál sería el impacto y los alcances de ser aprobada esta medida, no se pierda el webinar ‘Impuesto a las bebidas endulzadas: ¿es saludable?’. No se lo pierda este 6 de octubre, desde las 8:00 a. m., en las plataformas digitales de Semana y semana.com.

Participan Martha Yaneth Sandoval, asesora de Red PaPaz y miembro de la Red Académica por el Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuada; Arantxa Colchero, economista de la salud e investigadora en la Dirección de Economía de la Salud del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Paul Rodríguez-Lesmes, profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Modera Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de SEMANA.

Organizan Foros Semana y Red Papaz.