Para Paula Acosta, presidenta ejecutiva Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), es fundamental una reforma que se adapte a la realidad y que construya sobre lo construido. “No podemos caer en la solución facilista de partir el sistema en dos y condenar a las personas a un sistema público donde solo haya especialistas en nueve departamentos”.
Durante la conversación que sostuvo con Álvaro Garcia, director ejecutivo de Foros Semana, Acosta señaló que “el problema de la reforma del Gobierno es la falta de propuestas claras en torno a puntos clave, como la necesidad de aumentar la capacidad del sistema de salud”. Y enfatizó que las medidas planteadas por el Ministerio de Salud, pese a sus nobles intenciones, van en contravía de los problemas del país, pues “la eliminación de la integración vertical le quita capacidad al sistema”.
Resaltó la labor de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que se encargan de la gestión financiera, de administrar el riesgo en salud y de atender a más de 2,5 millones de personas diariamente, “con un servicio de calidad donde se prioriza la humanidad del paciente y la atención de calidad sin afectar el bolsillo del usuario”.
La calidad del servicio se ha visto reflejada en la opinión pública. Según la última encuesta de Cifras y Conceptos, el 80 por ciento de los colombianos está en contra de acabar con las EPS, lo cual va en sintonía con la postura de Acosta acerca de que “las personas no quieren que se acaben las EPS, así de sencillo”.
Ante las propuestas del proyecto de ley frente a la atención primaria y el enfoque de prevención y promoción, reconoció que hay un consenso de todas las partes involucradas, pero le preocupa la atención en las zonas periféricas del país, pues el proyecto de ley genera grandes dudas.
La implementación de un modelo único es uno de los puntos que considera inviable en el corto plazo porque representa retrocesos en la recolección y el manejo de la información, que son vitales para la atención de las enfermedades, en especial las crónicas. Esta propuesta así planteada, puntualizó, puede llegar a afectar a más de 8 millones de personas que viven con estos padecimientos.
Otro aspecto con el que discrepó fue sobre el manejo de recursos que propone el Estado: “Eliminar el giro directo no soluciona los problemas de cartera, pues la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) tiene serios problemas en el manejo de dinero y no se prevé que tenga la capacidad para cumplir con las funciones que el Gobierno quiere que maneje”.
En sus palabras, “el reto del país debe ser centrar sus esfuerzos en consolidar un sistema de atención diferenciado que reconozca que probablemente no vamos tener muchos especialistas en ciertos territorios” y los acerque a estas poblaciones. Para ello, será fundamental garantizar el acceso a salud en las regiones y la formación de talento humano en salud, en particular, en lo asistencial; el uso de herramientas como la telemedicina o la salud digital y la creación de sistemas de información para obtener datos e identificar enfermedades, concluyó.