Apesar del evidente afán del Gobierno nacional por reanudar las aspersiones aéreas con glifosato, más tarde que temprano se hizo público el borrador de decreto con el que se planea responder a los condicionamientos de la Corte Constitucional. El documento cumple con llenar algunos de los requisitos exigidos para que el Estado provea una protección constitucional razonable del derecho a la salud de las comunidades y al medioambiente en zonas donde se fumigaría.

Entre las nuevas medidas que se adoptarían está el empoderamiento a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y al Instituto Nacional de Salud (Ins) para hacer seguimiento, control y evaluación del riesgo de la ejecución del programa de aspersión. Otra propuesta es que, a partir de la evidencia de posibles riesgos que arroje este sistema de evaluación, se abra una ruta de revisión automática que podría llegar a frenar la continuidad de la estrategia. El Gobierno también se compromete a crear un procedimiento independiente de quejas sobre afectaciones a la salud, al medioambiente, a bienes agropecuarios y a viviendas.Este borrador estará publicado 30 días para que reciba la crítica ciudadana; luego irá al Consejo Nacional de Estupefacientes, ente conformado en su mayoría por representantes del Gobierno, la Fiscalía y la Policía. Solo un respaldo decidido de este consejo podría autorizar el regreso de la fumigación aérea, expulsada de Colombia desde 2015.

Pero estas medidas sometidas al escrutinio apenas alcanzan para cubrir la cuota inicial de lo que se tiene que ocupar el Gobierno. Además de los detalles logísticos –de los que todavía no se habla–, la Corte Constitucional enlistó una serie de requisitos en caso de intentar retomar las aspersiones. Uno de los condicionamientos inamovibles tiene que ver con la construcción de una política pública que cumpla con lo establecido por el acuerdo de paz con las Farc. La expresión acuerdo de paz no está mencionada ni una sola vez en el texto de decreto, lo que hace suponer que además de esta reglamentación que se hizo pública, tomarán otras medidas para garantizar el cumplimiento de lo negociado en La Habana.Si bien en la negociación con la guerrilla dejaron abierta una rendija para retomar las fumigaciones, hubo una condición: solo sería posible en regiones que le dijeron no a la sustitución de cultivos ilícitos. En este sentido caben muchos interrogantes: ¿quién evaluará el alcance de la mano del Gobierno con su plan de sustitución en las regiones? ¿Cómo se determinará en qué zonas fracasó la sustitución? ¿Qué ocurrirá cuando un sector comprometido con la sustitución esté ubicado a los alrededores de una siembra ilegal?

Asimismo, el acuerdo de paz estableció que la legislación colombiana se ajustará para dar un tratamiento diferenciado al consumidor, al cultivador y a la criminalidad organizada que utiliza indebidamente a los jóvenes. El propósito de esta medida es darles un tratamiento especial a los eslabones más débiles de la cadena. Este frente también está empantanado, pues el Congreso no le ha dado aprobación a ninguna iniciativa que cumpla con ese objetivo.

La omisión de estos aspectos en el decreto no implica desatención del Gobierno, pero deja claro que todavía falta mucho por recorrer en la carrera por poner a volar las avionetas. La talanquera no es menor si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional aún no publica el texto completo de la sentencia. Aunque la decisión está tomada, el auto quedó en ajustes técnicos con respecto a qué tan lejos pueden ir los magistrados al condicionar la aspersión al cumplimiento del acuerdo de paz. Para algunos togados, está claro que la corte no puede hacer política pública por medio de una sentencia; sin embargo, el magistrado ponente Alberto Rojas se la juega por una descripción detallada de las medidas que deberá adoptar el Gobierno en materia de control de drogas para cumplirle a la paz.El desafío que afronta el Gobierno en su objetivo continuará con otras limitantes importantes. Investigadores consultados por SEMANA calculan que 70 por ciento de los cultivos ilícitos está ubicado en territorios en donde no son viables las fumigaciones aéreas, dado que son zonas protegidas, se requiere consulta previa o están fuera del alcance de las avionetas por cuestiones logísticas.

Además, en el presupuesto de la nación no existe un rubro que esté destinado a las aspersiones aéreas, lo que deja en total incertidumbre quién pagará por el herbicida, el mantenimiento de las avionetas, los pilotos y demás preparativos que requiere el programa. “En últimas, la reglamentación es lo de menos cuando aún no se ha definido cómo superar dificultades presupuestales y sociales”, aseguró Daniel Rico, investigador experto en temas de narcotráfico y seguridad.Según la medición de la Casa Blanca, Colombia está inundada con 206.000 hectáreas de coca; Naciones Unidas reportó 169.000. Todo indica que la presión por los picos más altos de la historia en el país y la posibilidad de una descertificación por parte de Estados Unidos pusieron al Gobierno a correr por la recuperación de la que considera su arma más contundente para erradicar la coca. En junio de 2019, el exministro de Defensa Guillermo Botero aseguró que se tomarían entre 12 y 16 semanas en volver a fumigar; no obstante, ya comenzó 2020 y lo que se conoce es el anuncio de un decreto que no resuelve todos los interrogantes.Estados Unidos sigue de cerca los movimientos de Colombia. Duque se comprometió con el Gobierno Trump a reanudar las aspersiones con glifosato, y estos han sido los primeros a la hora de dar garrote y zanahoria. El presidente de Estados Unidos cuestionó a Duque por no hacer nada para cumplir las metas; meses después, el Departamento de Estado manifestó su beneplácito por la publicación en borrador del decreto.Este es el escenario que rodea una las medidas más polémicas anunciadas por Duque desde su campaña. Y aunque se acaba de dar un paso importante, faltan por pulir los detalles para el aterrizaje.