Europa está conmocionada. Por primera vez en la historia ha sido imputado por la Justicia un miembro de la familia Borbón, la más antigua dinastía real del viejo continente, que ha gobernado a España desde el siglo XVIII. Y la sociedad se debate en una sensación agridulce de lástima y vergüenza, por un lado, y de cierta alegría por saber que nadie, ni siquiera los príncipes, están por encima de la ley. La hija menor del rey Juan Carlos, Cristina de Borbón y Grecia, fue vinculada esta semana al proceso que un juez de Palma de Mallorca le sigue a su esposo Iñaki Urdangarin por corrupción. El magistrado piensa que ella fue una “cooperadora necesaria” en esta trama delictiva que se apropió de 6 millones de euros del fisco. Y el panorama es oscuro: en el peor de los casos podría ser condenada a cuatro años de cárcel por los delitos de fraude, prevaricato, falsedad documental, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Algunos la consideran víctima de un mal matrimonio y de la sed insaciable de dinero y poder de su marido, con quien tiene cuatro hijos. Otros, como Gaspar Llamazares, el líder del partido antimonárquico Izquierda Unida (el tercero más importante de España), estiman que este proceso es una prueba más de una vieja práctica, “los negocios non sanctos de la Casa Real”. La pesadilla comenzó en julio de 2010 cuando el juez José Castro abrió un proceso por pagos irregulares con plata del Estado al Instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro. Esta hacía parte de una red de entidades creada por Urdangarin y su socio Diego Torres para obtener dinero público sirviéndose del prestigio de la Casa Real. De hecho, en los folletos de dichas organizaciones aparecían las fotos y los títulos nobiliarios de la infanta Cristina, su esposo y algunos empleados de la familia Borbón. “Lo usaban como sebo para conseguir recursos”, dijo a SEMANA Ana Lizcano, una de las portavoces de Izquierda Unida. El primero en caer fue Torres, imputado en julio de 2011, y luego le llegó el turno a su esposa Ana María Tejeiro. El escándalo se desató de verdad en diciembre de ese año cuando el juez vinculó al yerno del rey al proceso y la Casa Real lo apartó de sus actividades oficiales. Desde entonces Torres, que no quería hundirse solo, comenzó a revelar correos electrónicos entre Urdangarin, la infanta y varios empleados de la corona. Estos fueron decisivos para imputar a la duquesa de Palma, quien según Torres, “siempre estuvo al corriente de todo”. Buena parte de la sociedad española se mostraba escéptica de que los jueces se atrevieran a tocar a un miembro de la familia real. En efecto, según varias fuentes políticas consultadas por esta revista, tanto la casa Borbón como algunos líderes del gobernante Partido Popular (PP) y del PSOE hicieron todo lo posible para evitarlo. Por eso, la noticia ha causado tanta conmoción. La Fiscalía se opuso desde el principio a vincular a la infanta y ya logró que se suspendiera la citación prevista para el 27 de abril mientras la Audiencia Provincial resuelve la apelación. “Esto no debe extrañar a nadie, pues en España el rey nombra al fiscal a propuesta del gobierno de turno. En este caso particular, aunque el fiscal no quiera acusar a la infanta, sí lo hará la otra parte: el sindicato Manos Limpias (una organización que aboga por la transparencia en el sector público). Así que veremos por primera vez en la historia a una Borbón ante un juez en un sistema democrático”, explicó a SEMANA el constitucionalista Xavier Martínez. Sin embargo, lo más probable es que la Audiencia respalde al juez Castro y el proceso siga adelante. Monarquía herida La casa Borbón era considerada hasta hace poco como la más ejemplar de las familias reales europeas, pues nunca había sido sacudida por los escándalos sufridos recurrentemente por los Windsor del Reino Unido, los Bernadotte de Suecia o la familia real belga. Sin embargo, aunque algunos miembros de esas casas han sido investigados por corrupción, ninguno de ellos ha sido imputado por delitos penales como la infanta Cristina. Esta situación solo agudiza la crisis por la que atraviesa la Corona, pues desde hace un tiempo don Juan Carlos ha protagonizado episodios que han empeorado todo. Primero, cuando se rompió la cadera hace un año en una cacería de elefantes en Botsuana. Fue tal la indignación de los españoles, que tuvo que ofrecer disculpas públicamente. Luego, aparecieron rumores sobre sus amantes (según el biógrafo Andrew Morton esa cifra asciende a 1.500 mujeres) y ahora enfrenta la caída en desgracia de su hija y su yerno. Incluso la prensa asegura que el matrimonio de la infanta está roto y que es solo cuestión de meses para que se produzca la separación, alentada desde la Casa Real para resarcir su imagen. Marta Menoyo, una de las más reconocidas abogadas penalistas de Madrid, dijo a SEMANA que lo más probable es que la infanta Cristina se acoja a su derecho a guardar silencio en su citación el próximo 27 de abril. “Sería su única y mejor salida; no puede como pareja y madre declarar contra su esposo, ni se atreverá a culpar de todo a Torres, porque cualquier cosa que diga puede volverse en contra de ella”, precisó. Tanto Menoyo como numerosos expertos consideran que la imputación penal de la duquesa representa un espaldarazo a la democracia y a la administración de justicia en momentos en que los sondeos de opinión demuestran que los jueces se encuentran entre los peor valorados por los españoles. Un ejemplo de esto es el caso Gürtel, el mayor proceso por corrupción política de la historia reciente, que implica a toda la cúpula del PP, incluido el presidente Mariano Rajoy. Ese caso comenzó en 2009 y aunque están siendo procesados grandes líderes del partido, el único condenado hasta ahora ha sido el juez Baltasar Garzón, a quien le salió caro haber iniciado esa investigación, pues al ser recusado por los implicados resultó expulsado de la carrera judicial por prevaricato. Con estos antecedentes, varios analistas estiman improbable que Cristina de Borbón termine en la cárcel. “Ya negociarán el modo de declararse culpable, devolver el dinero al Estado y quedar libre”, calcula Martínez. Sin embargo, los expertos creen que este proceso servirá para que instituciones tradicionalmente opacas como la Casa Real española muestren sus cuentas claras. Según él, así deben hacerlo todas las entidades públicas, monárquicas o no, “porque si no son trasparentes, difícilmente van a sobrevivir en nuestra democracia”.