Pese a presentar todas las pruebas, pagos legales y documentos que evidencian que obró de buena fe, el Juzgado Segundo Municipal de Ibagué sigue adelante con el desalojo de la casa de Ingrit Valencia, que compró por 150 millones de pesos en la capital del Tolima con los ahorros de los logros deportivos desde los Juegos Olímpicos de Río 2016 hasta hoy.

SEMANA contactó al abogado Germán Darío Flórez quien representa a la deportista y aseguró a este medio que el caso de Ingrit Valencia es claramente estafa más común de lo normal: “A este caso se enfrentan miles de colombianos de buena fe y que también evidencia los profundos cambios que deberían existir en la justicia civil en torno al remate y administración de bienes inmuebles en procesos hipotecarios y el rol de los llamados secuestres”, aseguró vía Whatsapp.

El sueño de una casa propia que hoy es pesadilla

Todo empezó el año pasado cuando dispuesta a tener propiedad raíz, Ingrit buscó una vivienda que encontró en la Carrera 5 Sur #83-200 Sector B Casa 1 con área de 103,50 M.2. en la ciudad de Ibagué, Tolima.

Los números de teléfono que aparecían para la negociación de la casa correspondían al señor Dairo Arias Carvajal, quién se presentó como el secuestre del inmueble y le planteó la venta a Ingrit en un proceso de remate. La boxeadora corroboró la información en una oficina de Bancolombia, entidad que aparecía como demandante en el proceso ejecutivo y allí le confirmaron que todo está en orden.

Ingrit entonces firmó un contrato de promesa de compraventa en la Notaría Segunda de Ibagué por 275 millones de pesos, 90 en efectivo y 60 en un cheque de gerencia para la firma de las escrituras se acordó el saldo restante. Con las llaves en su poder y los recibos de los servicios al día, empezó su nueva vida junto a su esposo e hijo menor desde julio de 2020.

Orden de desalojo Ingrit Valencia | Foto: Documento facilitado por COC

Este año, la deportista viajó a representar al país en Tokio 2020 en la categoría peso mosca del boxeo femenino y al terminar su competencia y regresar a Colombia se encontró con una carta de desalojo del inmueble, misiva en la que aparece que el secuestre del inmueble es una compañía llamada Joldar Consultores S.A.S representada por el señor José Luis Delgado Arenas quién además decidió compulsarle copias a la Fiscalía y a la Procuraduría sobre esta actuación irregular, pues el señor Dairo Arias Carvajal nunca fue el secuestre del inmueble.

Ingrit se comunicó directamente con la persona del negocio que aunque prometió devolver la plata no ha cumplido su palabra y por eso se iniciaron las acciones judiciales pertinentes en la Fiscalía 73 de la Unidad de Intervención Temprana Gated, Seccional Tolima.

El tiempo corre en contra de Ingrit y su familia pues el juzgado segundo civil municipal de Ibagué corroboró que la diligencia de entrega al adjudicatario y lanzamiento quedó para el próximo lunes 30 de agosto, razón por la cual se radicó un memorial para que suspendiera hasta tanto no se aclarara la actuación irregular del secuestre: “Lo que nos parece muy extraño es que el señor Arias Carvajal haya tenido las llaves y haya podido poner avisos de venta en el inmueble, si el secuestre era la compañía Joldar Consultores S.A.S. y que además durante el periodo de un año completo no se haya percatado que el inmueble estaba habitado”, dijo a SEMANA el abogado de Ingrit.

Germán Darío Flórez, abogado de Ingrit, profesor del área de derecho privado, director de la Maestría en innovación en derecho digital y legal tech de la Universidad Sergio Arboleda y árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá le confirmó a este medio que solicitó investigar el comportamiento de la demandante Bancolombia en el proceso civil hipotecario pues presuntamente uno de sus funcionarios le dio la información a Ingrit de que el señor Arias Carvajal era el secuestre del inmueble de manera equivocada, haciendo caer en el error a la deportista: “También se interpondrá una acción de tutela que permita suspender la diligencia en el Juzgado Segundo Municipal de Ibagué, por la protección de los menores que viven en el predio y por las situaciones supremamente irregulares que han rodeado ese proceso hipotecario”, finalizó el profesional en leyes.