Desde Cartagena la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, se pronunció este miércoles en la noche sobre el proceso con el cual se espera rescatar los tesoros del Galeón San José, el cual fue hallado en 2015 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Ramírez anunció la reanudación del proyecto para el rescate del patrimonio sumergido en el Galeón San José, que se encuentra en el mar Caribe. El navío español naufragó en el siglo XVIII frente a las islas de Barú en Colombia. De acuerdo con la vicepresidenta, el informe final de la exploración que realmente permitió identificar las coordenadas se entregó el 6 de febrero de 2017, y agregó que esas coordenadas no coinciden que las que inicialmente había señalado Sea Search Armada, empresa estadounidense de exploración submarina que reclama derechos sobre el descubrimiento. Ramírez fue enfática en señalar que el Gobierno del presidente Iván Duque “ha estado todo el tiempo en contra de la decisión que se tomó de estructurar una alianza público-privada que se pagaría en especie al organizador de la alianza, con partes de lo que se encuentre en ese patrimonio sumergido”, agregó. Como recuerda el país, el Gobierno anterior y la empresa Maritime Archaeology Consultants Switzerlnad AG (MAC), bajo el liderazgo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, hallaron los vestigios del San José en 2015. A partir de ese momento, las partes iniciaron un largo proceso para definir las condiciones científicas, técnicas y económicas para rescatarlo y conservarlo a través de una alianza público privada (APP). Las negociaciones duraron casi tres años, fueron duras y estuvieron a punto de romperse varias veces. Hasta que a inicios de 2018 arrancó el proceso cuyo plazo inicial vencía el 10 de agosto de 2018 a las cinco de la tarde. El rescate, más la construcción en Cartagena del gran museo y el laboratorio, fue estimado en 70 millones de dólares, incluidos los 6 millones que MAC gastó en buscar el galeón. De acuerdo con la APP, el Estado no pondría un solo peso y el contratista asumiría los riesgos. En la APP en curso quedaron acordadas cuatro escalas para pagar los 70 millones de dólares, más una eventual ganancia. En los primeros 150 millones de dólares (unos 455.739 millones de pesos) MAC o quien haga la operación, recibirá el 45 por ciento de estos bienes y el Estado el resto. Entre 455.739 y 911.478 millones de pesos, el operador recibirá el 40 por ciento. Cuando lo rescatado oscile entre 911.478 millones y 1,5 billones de pesos, la empresa se quedará con el 10 por ciento. Y en adelante todo sería de la nación. Puede leer: “Algunos grupos extremistas quieren infiltrar las marchas”: director de la Policía Esa sería la razón por la que se tomó la decisión de presentar al Consejo Nacional de Patrimonio ese informe final de 2017, para que sea el Consejo quién proceda a calificar los tesoros encontrados como patrimonio cultural de la nación. Con esta declaratoria el Gobierno quiere evitar que el preciado botín sea comercializado. "Con esta medida, ni una sola astilla, ni una sola vasija, ni una sola moneda, ni una sola piedra, nada de lo que está en la zona del naufragio, podrá ser comercializado", aseguró Ramírez.
“Para nosotros lo importante es que una vez se tenga el pronunciamiento del Consejo Nacional de Patrimonio, el gobierno nacional tendrá totalmente despejado el escenario para definir en qué condiciones se va a extraer este patrimonio sumergido. (…) Este informe final es el elemento más importante para que el Consejo Nacional de Patrimonio, antes de proceder a extraer este patrimonio, pueda entrar a hacer la calificación de que estamos ante un patrimonio cultural de la nación colombiana”, señaló la vicepresidenta. Además ratificó que lo que quiere este gobierno es que la totalidad el patrimonio se mantenga indivisible e inalienable, “no vamos a ver ni una astilla, ni un pedazo de cerámica en ninguno de los anticuarios del mundo; todo lo que se deriva de este patrimonio será de la nación colombiana y tendremos nosotros la posibilidad de exhibirlo en un museo que tendremos que construir con todos los requisitos técnicos del caso”, dijo la vicepresidenta. Finalmente, agregó que la decisión que se toma no es solo sobre el Galeón San José, sino que además el Gobierno está precisamente fijando las bases de una política pública clara frente al patrimonio cultural sumergido. “Se calcula que en nuestras costas hay más de 100 naufragios de la época de la Colonia. En ellos está parte de nuestra historia y de nuestra trayectoria cultural, tengan o no riquezas. ¡A todos estos naufragios y a los que se encuentren en los ríos y lagunas les daremos la máxima protección posible”, afirmó Ramírez.