¿Qué le espera a Colombia en el 2023? Analistas y economistas coinciden en que será un año en el que la economía se ralentizará, pues el consumo y la inversión seguirán siendo moderados y la inflación y tasas de interés continuarán al alza. A este escenario se suma la incertidumbre que genera la discusión de las grandes reformas anunciadas por el Gobierno, entre las que se encuentra la Reforma a la Salud.
Lía Heenan, socia de Global Corporate Advisory en Crowe GCA, una compañía que realiza procesos de consultoría, revisoría fiscal, auditoría, soporte operativo y asesoría legal y tributaria a entidades públicas y privadas, analiza el alcance que tendría para el sector y los usuarios.
¿Cuál es su diagnóstico del sistema de salud colombiano?
LÍA HEENAN: El sistema lleva 30 años consolidándose. Hemos logrado una cobertura del 98 por ciento de la población y somos considerados uno de los países más solidarios en el financiamiento de la salud en el mundo. La pandemia nos demostró que Colombia tiene un sistema resiliente, que no solo cubrió sin costo a los colombianos, sino a la población migrante y a los que no estaban afiliados. Hoy tenemos un presupuesto importante que incentiva la participación de la inversión privada.
¿Qué aspectos es necesario mejorar?
L.H.: Si bien tenemos una cobertura del 98 por ciento, sigue estando concentrada en las principales ciudades y cabeceras municipales. Aunque existen recursos, no son suficientes para la atención integral de la salud. Acá hay una discusión sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC), pues el proyecto que presentó el Gobierno sobre su incremento del 12,22 por ciento es inferior a lo que se proyecta que va a hacer la inflación del 2023.
¿Cómo ve el proyecto de reforma?
L.H.: El Gobierno debe darle claridad al mercado sobre el borrador de la reforma, pues generó angustia en el sector financiero, en inversionistas privados y en proveedores. Se debe priorizar un diálogo proactivo con todos los actores y con los usuarios. Esto puede construir una solución que permita atender los problemas que hay que superar.
¿Cómo podría impactar al sector?
L.H.: Si no se resuelven los problemas estructurales se generarán grandes perjuicios, especialmente con las EPS e IPS. Las IPS tienen que volverse eficientes, rápidas, mejorar sus indicadores financieros y de gestión, y aprender a usar la data analítica para prestar mejor servicios. Y el Estado tiene que resolver la pregunta sobre la UPC porque todavía es insuficiente.
¿Rescata algún aspecto positivo de este cambio que propone el Gobierno?
L.H.: Debemos aprovechar el cambio para migrar hacia un esquema de atención médica preventiva y que modifique el esquema de compensación a los prestadores y a las EPS. El Gobierno debe depurar las EPS que no tienen posibilidades y fortalecer a las que sí son buenas. Se deberían promover las campañas para implementar el modelo de atención integral con enfoque territorial, e identificar las necesidades de salud de las poblaciones retiradas.
Teniendo en cuenta esta realidad, ¿cuál es el llamado de Crowe?
L.H.: A la concertación y al diálogo entre el sector público, privado y los usuarios para lograr mejoras sin destruir lo que funciona bien.
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