Hace 75 años nació la Seguridad Social en Salud (SSS) en Colombia. Durante 45 años, hasta 1992, alcanzó al 23 por ciento de la población, una tarea para la que tenía destinado el 30 por ciento del gasto total en salud. En ese entonces, el 57 por ciento de este gasto lo utilizaba el 17 por ciento de la población que podía pagar la medicina privada. El 13 por ciento de los recursos financieros totales quedaba para atender al 60 por ciento de la población en los hospitales públicos.
Los beneficios que recibían esos segmentos eran distintos. Los que accedían por vía privada obtenían lo que necesitaban. Por seguridad social no tenían cobertura familiar, aunque la cónyuge del cotizante estaba cubierta durante el embarazo y el recién nacido en su primer año de vida. Para el grueso de la población la asistencia la entregaban los hospitales públicos mal dotados y sin calidad. Pocos recibían mucho y muchos recibían muy poco o nada. El sistema de salud era injusto, inequitativo, segmentado e ineficiente.
En el marco del reconocimiento del derecho constitucional a la salud, la reforma de 1993 desprivatizó los servicios de salud mediante un sistema público con delegación regulada de funciones en agentes privados, públicos y mixtos, para desarrollar la función de gestionar integralmente los riesgos en salud. Esto es financiado por una bolsa común de recursos fiscales y parafiscales que pagan los servicios médicos, de exámenes y procedimientos incorporados al plan de beneficios que asegura el servicio para el 99 por ciento de la población colombiana. Hoy, el 76 por ciento del gasto total en salud es público, equitativo y solidario. Además, el gasto privado de bolsillo es de los más bajos del mundo, lo que permite una protección financiera efectiva para las personas ante los riesgos de enfermar.
En 1992 realizábamos una consulta médica por ciudadano al año (general, especializada o de urgencias). Hoy, se efectúan alrededor de 4,5 consultas por persona y se ejecutan cerca de 1.000 millones de atenciones entre consultas, hospitalizaciones, exámenes diagnósticos y procedimientos. Casi la totalidad de los partos son institucionales. Todas las enfermedades complejas están cubiertas por el aseguramiento en salud. Todos los pacientes renales crónicos terminales de cualquier origen o condición (cerca de 40.000) reciben hemodiálisis, diálisis o trasplante renal, de acuerdo con sus necesidades, con cargo a nuestro sistema; algo impensable en 1992. De acuerdo con el Icontec, se ha incrementado la vocación y el trabajo hacia la calidad. Nadie tiene que liquidar su patrimonio para ser atendido en salud.
El esfuerzo financiero ha sido grande y en 30 años hemos pasado de 2,6 a 5,8 por ciento de gasto público en salud con relación al PIB. Todo lo anterior lo hace el sistema con 1.200 dólares por persona al año. Esa cifra es la cuarta parte de lo que utilizan en promedio los países europeos más desarrollados y un octavo de Estados Unidos. Adicionalmente, no gastamos más del promedio de los países de América Latina.
El sistema no es perfecto. Tiene debilidades y retos. La cobertura del aseguramiento en salud no es sinónimo de acceso oportuno y calidad homogénea porque no contamos con la oferta humana, financiera y de infraestructura suficiente y bien distribuida para atender los requerimientos de toda la población afiliada a la seguridad social y satisfacer mejor su derecho fundamental a la salud.
Los indicadores nacionales de salud pública avanzan, pero en la ruralidad es distinto por la ausencia del Estado. En esas regiones la cobertura de saneamiento básico no alcanza al 20 por ciento de su población; la de acueducto apenas vislumbra el 50 por ciento; una niña menor de 14 años tiene 2,2 veces más posibilidades de quedar embarazada y perpetuar el ciclo de pobreza; los menores de 5 años asumen cerca de tres veces más riesgos de morir por desnutrición. La responsabilidad de otros sectores sociales es evidente para asegurar bienestar y salud en esas poblaciones.
Necesitamos hacer cambios y transformaciones basadas en evidencias que nos permitan acrecentar los avances adquiridos en materia de salud durante las últimas tres décadas. Debemos sentirnos orgullosos y protegerlos. Satisfacer las necesidades en salud de la población no puede arriesgar los recursos que las futuras generaciones demandarán para atender las suyas. Su sostenibilidad requiere de una mayor justicia distributiva con progresividad y priorización.
*Director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud y exministro de Salud