La conservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas estratégicos de América Latina y el Caribe es esencial, no solo para asegurar la preservación de los servicios ecosistémicos a escala regional y global, sino también para combatir el cambio climático a través de acciones de mitigación y adaptación.

Esta es una región de soluciones y la riqueza de sus ecosistemas debe ser puesta en valor. Para ello, los mercados de activos ambientales, tanto de créditos de carbono asociados a la reducción de emisiones de CO2, como de certificados vinculados a la riqueza de la biodiversidad, que son adquiridos por gobiernos o empresas para asegurar el cumplimiento de sus compromisos ambientales, vinculantes o voluntarios, son un mecanismo de enorme potencial que permite canalizar recursos financieros hacia donde más se necesitan, asegurando un reparto justo de beneficios y considerando las perspectivas de todos los grupos involucrados.

Hablamos de activos ambientales porque los ecosistemas se deben poner en valor más allá de su capacidad de captura de carbono, reconociendo todos los servicios ecosistémicos que aportan, tanto de abastecimiento de las necesidades básicas de la población, como por su papel en la regulación del clima, las barreras de protección natural, los servicios recreativos y espirituales, etcétera.

Si bien el potencial de acción climática ha posicionado a la región como un lugar ideal para el desarrollo de proyectos que movilicen financiación a través de los mercados de carbono, la experiencia ha sido en ocasiones cuestionada. Algunos proyectos de reducción de la deforestación o de reforestación han levantado controversias porque, en determinados casos, no se han respetado las necesarias medidas de integridad y transparencia o no se han tenido en cuenta las salvaguardas ambientales y sociales, los retos de desarrollo, la transparencia e impacto.

Pese a dichos cuestionamientos, los mercados de carbono han demostrado ser una forma eficaz de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de aumentar la ambición climática. Se calcula que los créditos de carbono podrían facilitar la reducción de un 50 por ciento más de emisiones sin costo adicional, lo que contribuiría a la consecución de las metas establecidas por los países.

Mercados de calidad

Colombia es uno de los países más avanzados en la región en la implementación de mercados de carbono. En 2016 se adoptó el impuesto al carbono que cubre las emisiones de combustibles fósiles. El mismo año se lanzó el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Renare), para la gestión de las iniciativas de mitigación de GEI a nivel nacional. Finalmente, en 2017 se adoptó una ley para la gestión del cambio climático que establece disposiciones para el establecimiento de un Sistema de Comercio de Emisiones, que se encuentra actualmente en desarrollo. Su marco institucional y su riqueza ambiental convierten al país en un lugar propicio para promover mercados de carbono de calidad.

Desde CAF estamos trabajando para reforzar institucionalmente a los países de la región para consolidar mercados robustos de carbono y certificados de biodiversidad. Esto lo hacemos a través de la iniciativa ILACC, de asistencia técnica y de la publicación de una guía de integridad de los Mercados Voluntarios de Carbono en el Sur Global.

Hemos identificado áreas que necesitan refuerzo: la capacitación e información, el involucramiento de actores no gubernamentales, la necesidad de reforzar la integridad y transparencia, así como los marcos regulatorios, entre otras.

Todo facilitará la movilización de recursos financieros necesarios para hacer frente a los retos del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad de una manera responsable, asegurando un impacto positivo sobre el medioambiente y las comunidades.

*Gerente de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).