Conseguir los millonarios recursos para aliviar las finanzas del sector oficial ha sido uno de los imperativos históricos del Gobierno, y la vía expedita para lograrlo es la reforma tributaria. En el siglo pasado se llevaron a cabo 24 y en el presente 12. Por estos días, la administración del presidente Gustavo Petro adelanta la construcción de la propuesta de la que se prevé será la número 13.
Aunque no se conoce un borrador del texto de propuesta, que debe ser radicado en el Congreso de la República a más tardar el 15 de septiembre, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reveló el objetivo de recaudar 12 billones de pesos con los que se prevé solventar el Presupuesto General de la Nación y, en especial, rubros como el servicio de deuda. Este enfoque, sin embargo, plantea inquietudes sobre su pertinencia.
Camilo Rodríguez, Socio de Impuestos y Servicios Legales de KPMG Law, firma global en consultoría y auditoría con presencia en el país desde 1959, sugiere que antes de una reforma se analice profundamente el entorno actual de desaceleración económica, incertidumbre y bajos niveles de inversión nacional y extranjera. En un entorno como el expuesto los mayores impuestos no se traducen necesariamente en mayores recaudos.
“Una reforma tributaria solo para recaudar dinero no es lo más conveniente en este momento. En este orden, pensamos que que el Gobierno podría concentrarse en estimular el crecimiento para todos los sectores y actividades de la economía. En esencia, lograr un punto adicional de crecimiento en el Producto Interno Bruto puede generar entre 2,5 y 3,5 billones de pesos adicionales en impuestos directos e indirectos”, aseguró.
A partir de este escenario, el especialista planteó como alternativa para incrementar la recaudación en el país, por una vía diferente al mecanismo de la reforma, la combinación de una clara y decidida política de crecimiento económico con una gestión de fiscalización de la DIAN que sea verdaderamente estratégica.
En ese camino, recomendó al Ejecutivo generar una reducción del 2 por ciento en el Presupuesto General de la Nación de 2025, que este año alcanzó un monto de 523 billones de pesos, una acción que permitiría obtener los recursos necesarios con los que podría subsanar las cuentas públicas en las que, según el Gobierno, hay un faltante de 12 billones de pesos.
El socio de KPMG Law calificó como ambiciosa la meta impuesta por la DIAN de recaudar 12 billones de pesos adicionales en la siguiente vigencia fiscal e instó a la entidad a trabajar en efectividad en el recaudo, lo que posibilitará cumplir lo que se propuso. “En el último año, la DIAN no ha tenido la dinámica suficiente frente a la fiscalización. Creo que esta debería ser más estratégica y por eso hay que reorientarla en el sentido de no solo controlar a los contribuyentes que hoy en día pagan impuestos con programas más eficaces, sino también combatir la evasión”, afirmó.
En el corto plazo, según propuso, la entidad debería ejecutar programas de gestión masiva dirigidos a sectores con alta evasión e informalidad que tradicionalmente no han sido objeto de control, y recomendó agilizar el fortalecimiento de la capacidad operativa mediante la aceleración de los procesos de soporte y apoyo tecnológico y de vinculación de recurso humano.
En esta línea señaló, además, que la entidad debe hacer uso de los créditos del BID para las inversiones en las herramientas tecnológicas avanzadas y gestionar los altos flujos de información que posee para reforzar su tarea fiscalizadora.
Volviendo a la reforma tributaria, el especialista señaló que el caso de la imposición de nuevos impuestos para las personas naturales el espacio es mínimo porque recientemente fueron incrementados y, en el caso de los corporativos, explicó que disminuir un punto en el impuesto sobre las renta de las empresas podría representar una pérdida de entre 2 y 2,5 billones de pesos sin que exista claridad de cómo se van a compensar esos recursos e insistió en señalar que por esta vía no hay mucho espacio para recaudar mayores recursos.
“La reforma tributaria debió presentarse de manera concurrente con la ley de presupuesto porque presentar una ley con los recursos desfinanciados y con la expectativa de tramitar una reforma tributaria se percibe como muy retador, lo que vemos en consecuencia que es inconveniente, subrayó.
Finalmente, el socio de KPMG Law propuso para el debate, estar abierto a este tipo de posibilidades y dijo que todavía hay tiempo para llevar a cabo ajustes al presupuesto.
*Contenido elaborado con apoyo de KPMG Law