Cada media hora 17 niños son abusados sexualmente en Colombia. Esta es la aterradora cifra que la Fundación divulga en su página y contra la que ha luchado desde hace 13 años cuando abrió sus puertas a los habitantes más vulnerables de la sociedad: los niños y niñas que viven en pobreza extrema y que han sido objeto de maltrato psicológico, físico y, sobre todo, sexual. Este proyecto, que empezó con 12 niños que vivían en la calle del cartucho y que habían sufrido abuso sexual y explotación, ahora acoge a 317 niños que, con ayuda de tratamiento y orientación, van sanando las heridas que les dejaron años de abuso. A pesar de esto, la Fundación se enfrenta a un momento crítico: las casas donde viven los niños son de propiedad privada y los dueños, la Fundación Rafael Santos, han empezado un proceso de desalojo que, de ser exitoso, dejaría a 104 niños que viven en la fundación sin hogar y a todos sin el servicio de orientación que se les ha venido dando por 13 años. Al hablar con Paola Francheschi, directora y representante legal de la fundación, dice que solo pide tiempo para completar su ‘Plan Ladrillo’, una iniciativa que busca reubicar a todos los niños en la nueva sede que está terminándose de construir en Sopó. Aunque acepta que “estamos pasados 10 meses en el proyecto, no son los 5 años que dice el Bienestar familiar”. La Fundación interpuso una acción de tutela para suspender el desalojo hasta que la nueva sede estuviera lista en diciembre de este año pero esta fue negada. Aunque están apelando, la situación apremia: muchos niños solo han conocido el amor en este lugar y han pasado 10 o más años en el hogar. El problema de entregarlos al Icbf sería que romperían con un proceso que lleva años; dejarían de estar en sus colegios y con sus terapeutas. Sería un nuevo desarraigo, una revictimzación. El pasado viernes 21 de junio el Icbf mandó un equipo de profesionales de defensoría junto con equipos interdisciplinarios para verificar el estado dentro del Icbf de los niños y para que se aseguraran de defender sus derechos durante el proceso. Al hablar con Adriana María González, directora encargada del Icbf, sobre la situación dijo que “sí, hay una orden de desalojo, pero no se ha hecho efectiva. Nosotros estamos en la fundación para prevenir y para funcionar como garantes de cada niño y sus derechos, no para hacer efectiva la orden, ese no es nuestro papel”. También afirmó que varios de los niños tienen familia por lo que, de ser desalojados, el Icbf comprobaría si esas familias son aptas para recibirlos. En caso de serlo volverían con ellas y si no, irían a fundaciones similares donde puedan ser atendidos correctamente. A finales de la tarde del viernes el Ministerio Público fue a la fundación y al ver la cantidad de niños que había y sus historias decidieron apoyar a la fundación tratando de conseguir el plazo que necesitan hasta que la nueva sede esté lista. Aunque este es un apoyo importante, todavía hay incertidumbre sobre el futuro de los niños que viven en el hogar. Además, como aclaró González, si se da el desalojo los niños no podrían volver a la fundación cuando la nueva casa esté lista, porque esta tendría que pasar por un proceso de verificación que hace el Icbf. Al día de hoy las directivas de la fundación siguen esperando y gestionando la manera de que nada de esto suceda. Hay, sin embargo, un sinsabor sobre este tema ya que muchas veces se olvidan los más importantes: los niños. Y se olvida también que ellos han conocido solo un hogar seguro: esta fundación. Esto quedó claro cuando Francheschi, la directora, entró el viernes al hogar y los vio reunidos llorando. Al preguntarles por qué les pasaba dijeron: “Nos van a sacar”. Ella todavía no les ha podido decir que no.