La historia de este proceso sancionatorio no es nueva. La Autoridad de Licencias Ambientales, Anla, ya había hecho pronunciamientos frente al permiso ambiental dado a Hidroituango para realizar las obras años atrás. Incluso, desde 2010, cuando se solicitaron las modificaciones a la licencia otorgada inicialmente. En ese momento, Empresas Públicas de Medellín, EPM, aún no era la empresa encargada de la construcción de la central hidroeléctrica. Vea también: Hidroituango: una cadena de decisiones cuestionables Según Rodrigo Suárez, director de la Anla, es común que los grandes proyectos de este país tengan cambios en su licenciamiento. Bien porque la empresa desarrolladora lo requiera, o porque la Autoridad Ambiental lo exija luego de hacer las visitas de control y seguimiento a la obra. “Durante el proceso de estudio de impacto ambiental y en el proceso de construcción se pueden identificar necesidades como cambios en la geología, en la hidrogeología, nuevos recursos naturales como concesiones de agua o incluso nuevos aprovechamientos forestales como resultado de x o y consideración. También temas de vías adicionales como producto de los impactos identificados”, explicó Suárez. Años de autos y resoluciones. Decisiones por parte de la Anla y apelaciones de la sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. primero a nombre propio y luego representada por EPM. Hasta que en 2018 salió la Resolución No. 01444, sobre la que también se interpuso un recurso de reposición. Pero, este miércoles, 27 de marzo de 2019, la Anla ratificó la decisión tomada un año atrás y mediante la Resolución No. 00384 obliga a la sociedad a pagar una multa por valor de 2.419 millones de pesos. "Al interior de la entidad revisamos el recurso de reposición y consideramos que era necesario confirmar la multa", dijo Suárez. Los motivos La licencia ambiental fue otorgada a la sociedad Hidroelétrica Ituango S.A. para la construcción de su megaproyecto en 2009. Desde entonces, la autoridad ambiental y el mismo Ministerio de Ambiente aceptaron algunas modificaciones. Sin embargo, en las visitas de seguimiento y control encontraron que la empresa no implementó oportunamente las medidas de manejo ambiental autorizadas “para la ejecución de las obras asociadas a la rectificación de la vía San Andrés de Cuerquia-El Valle, en ejecución del Proyecto ‘Construcción, llenado y operación del proyecto hidroeléctrico Pescadero-Ituango’”, afirma la Resolución. Esta es una de las razones para emitir la sanción. La segunda es porque se instaló una planta de trituración y otra de concreto en las cercanías del corregimiento el Valle, "sin contar con la respectiva autorización o modificación de la Licencia Ambiental otorgada para el desarrollo del proyecto”, agrega el documento. La Resolución también afirma que la ejecución de las obras de ampliación de la vía San Andrés - Valle de Toledo está generando afectaciones a las fuentes de agua, al suelo, a los predios y viviendas. También puede ser de su interés: El Cauca no morirá, pero jamás volverá a ser el mismo De acuerdo con lo planteado por Suárez, la multa solo es económica y no contempla acciones relacionadas con trabajos comunitarios. “Si bien la norma a partir de la Ley 1333 lo permite, en este caso no se consideró toda vez que fueron unos impactos como resultado de la obstrucción de un cuerpo de agua”, afirmó. Asimismo, el director aclaró que la sanción interpuesta por la Anla, en este caso, no tiene nada de que ver con los hechos registrados recientemente frente al proyecto Hidroituango. Es decir, las razones que generaron la confirmación de esta multa no tiene relación con las inundaciones de 2018 y la sequía de 2019. Frente a estos sucesos y a otros denunciados por la comunidad e identificados por la misma autoridad ambiental, hay otros 11 procesos en curso. “Desde la Anla seguimos investigando y realizando el debido proceso frente a otras posibles sanciones que podría tener este proyecto”, agregó el director. Lea también: Hidroituango: la gota que derramó el vaso EPM, en su calidad de mandataria de la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P afirmó en un comunicado que la decisión de la Anla será "objeto de análisis para definir las acciones a que haya lugar".