En un fallo que solo puede compararse con la ilegalización de la segregación racial en 1954 o la despenalización del aborto en 1973, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el viernes pasado que en ese país el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho constitucional. La decisión, que pone fin a décadas de litigios y activismo, tiene como telón de fondo los fuertes cambios que ha tenido la opinión pública frente al tema. Las encuestas indican que la mayoría de los estadounidenses aprueban el matrimonio gay y que más del 70 por ciento de la población del país vive en lugares donde las parejas homosexuales pueden casarse. El juez Anthony M. Kennedy, quien lideró la votación que quedó con cinco votos a favor y cuatro en contra, explicó que la decisión se basó en dos disposiciones separadas pero relacionadas de la enmienda 14 de la Constitución: el debido proceso y las cláusulas de protección a la igualdad. “La libertad, protegida por la cláusula del debido proceso, protege el derecho fundamental de las parejas homosexuales al matrimonio. Y la cláusula de igual protección prohíbe al gobierno señalar a un grupo específico, en este caso los gais, privándolos de ciertos derechos fundamentales”, dijo Kennedy. Como en los casos anteriores de derechos civiles, la Corte Suprema se movió con cautela y de forma metódica para llegar a una decisión transformadora. En octubre, los jueces se negaron a escuchar varias apelaciones respecto a la aprobación del matrimonio gay en cinco estados. Esa decisión, sugirió una victoria tácita de los derechos de los homosexuales, lo que de inmediato llevó a que se ampliara a 36 el número de estados que aprobaban la medida. El tribunal postergó el debate para resolver la discusión en el resto del país hasta enero de este año, cuando estudió los casos presentados por varias parejas en los estados de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee. La corte escuchó los argumentos en abril, y los jueces parecían divididos respecto a las disposiciones constitucionales frente al tema. Sin embargo, este viernes se declaró a favor argumentando que los cambios en la comprensión del concepto de matrimonio son característicos de una nación en la que nuevas dimensiones de libertad aparecen a medida que avanzan las generaciones. El apoyo a esta iniciativa venía desde la propia Casa Blanca. El presidente Barack Obama se convirtió en el primer mandatario en ejercicio en apoyar la igualdad del matrimonio cuando se pronunció a favor en 2012, el mismo año en que el Partido Demócrata introdujo el tema en su plataforma. Este viernes, Obama calificó el fallo como “una victoria para Estados Unidos”. Por su parte, el Partido Republicano y su nómina de aspirantes a la Presidencia en 2016 mantuvo su oposición frente al matrimonio homosexual. El senador de Texas Ted Cruz y el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, incluso sugirieron apoyar una futura enmienda constitucional para proteger a los estados que quieran prohibir la igualdad en el matrimonio. Esta será una tarea difícil si se tiene en cuenta que el fallo de la Corte Suprema es la instancia máxima a la que se llevó el debate. Algunos conservadores han abogado también por un esfuerzo de desobediencia civil en contra de la decisión del tribunal supremo. Varios distritos en el estado de Alabama, por ejemplo, decidieron dejar de emitir licencias de matrimonio para no casar a parejas tanto homosexuales como heterosexuales con tal de evitar aplicar el fallo. A pesar del descontento de algunos sectores este paso constituye uno de los resultados más representativos del gobierno Obama. Su presidencia tiene un enorme valor simbólico como prueba de que las minorías pueden ser representadas, y aunque se demoró en anunciar su apoyo al matrimonio gay nombró a dos de los jueces detrás de la decisión histórica de la corte, y organizó al Departamento de Justicia del lado de los demandantes. Este caso junto con la aprobación el miércoles pasado del ObamaCare se consolidan como los pilares del legado Obama en la Casa Blanca. Ahora que el derecho a casarse ha sido aprobado, muchos se preguntan qué sigue para la comunidad LGTBI en Estados Unidos. El resultado más inmediato será una lucha por reconciliar el nuevo estatus legal para las parejas homosexuales con las leyes de no discriminación. Según los datos recopilados por el Pew Research Center, solo 19 estados prohíben la discriminación en el lugar de trabajo según orientación sexual e identidad de género. Otros tres estados adicionales prohíben la discriminación basada en la orientación sexual, pero no en la identidad de género, mientras que diez estados proporcionan protecciones solo para las personas LGBTI que son empleados públicos. Las leyes que prohíben la discriminación en la vivienda y los alojamientos públicos son aún más confusas. Esto quiere decir que de no reformular las leyes antidiscriminación, un empleado gay podría ser felicitado en la oficina por su matrimonio y al día siguiente encontrar una carta de despido en su escritorio. Si bien los retos de la decisión de la corte irán aumentando con el tiempo, el fallo es en definitiva una victoria de la lucha por los derechos de los homosexuales y la igualdad en Estados Unidos, que esta semana entró al grupo de 21 países en el planeta donde las parejas homosexuales tienen el derecho pleno a casarse. El ObamaCare La corte también le da la razón a Obama en uno de sus proyectos estrella. El jueves, en otro fallo crucial para la historia norteamericana que se decidió seis a tres, la Corte Suprema de Justicia se pronunció a favor de uno de los pilares de la legislación de la era Obama: la ley de Salud Asequible. También conocida como ObamaCare, esta ley es esencial dentro de la reforma a la salud de su presidencia. La iniciativa instaura un sistema de subsidios para el cubrimiento de servicios de salud que ha sido fuente de fuertes controversias. La norma, que ya había sido aprobada por la corte en 2012, fue demandada por inconstitucionalidad. Al impulsar la ley desde su llegada a la Casa Blanca, Obama se embarcó en una batalla política feroz con los detractores del proyecto. Esta nueva decisión es una victoria histórica pues valida una de las jugadas más arriesgadas de su administración. Y es quizá su logro más importante, ya que el legado de sus políticas internas dependía en gran medida de que este texto entrara a hacer parte de los cimientos del sistema norteamericano de salud. El magistrado ponente y presidente de la corte, John Roberts, precisó que a pesar de las fallas sintácticas del texto –atacado por su ambigüedad y oscuridad por sus detractores, principalmente representantes del Partido Republicano– debía dársele prioridad a la interpretación global de la norma si se tiene en cuenta su estructura y el contexto. La declaración de constitucionalidad saca al país de su oscurantismo legislativo en materia de salud, pues las personas de bajos o escasos recursos estaban en una situación muy precaria al no poder costearse los servicios médicos. Se acallan también los temores de que de ser tumbada la norma colapsaría todo el sistema, al dejar a unos 6 millones de usuarios sin subsidios. Los opositores políticos no tardaron en manifestarse amenazando con hacer todo lo posible para hundir la ley. Y magistrados disidentes como Antonin Scalia alegaron que la interpretación había sido excesiva y que su rol como jueces no era corregir las fallas en los textos sino pronunciarse sobre su constitucionalidad. Scalia añadió que esta decisión manchaba la reputación de ‘honesta jurisprudencia’ de la corte. Pero mientras que el candidato republicano Jeb Bush anunció que de llegar a la Casa Blanca en 2017 tumbaría esta ‘ley defectuosa’, Hillary Clinton no tardó en darle su apoyo público al fallo. Lo que está claro es que esta decisión marcará un hito dentro de las leyes más polémicas de Estados Unidos y les permitirá a muchos ejercer su derecho a la salud.