Un masivo proceso de colonización ilegal se viene registrando desde el pasado 19 de agosto en terrenos que pertenecen al resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco que también hace parte del área protegida Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, el cual colinda con el Parque Nacional Natural Tayrona. Desde ese día ingresaron al predio denominado Don Diego, ubicado en el sector de La Lengüeta, que comprende desde el río Don Diego hasta el río Palomino, salida al mar, cerca de 1.200 personas -según el reporte entregado por la Policía Nacional - para iniciar la posesión ilegal de estos predios que hacen parte del territorio ancestral Kutunsama, donde los mamos, líderes y grupos indígenas tienen su intercambio de conocimiento y tradiciones.
En dicho terreno comenzaron un proceso de tala de árboles y vegetación nativa, así como de parcelación sin ningún tipo de control. Actualmente esta zona se encuentra en proceso de extinción de dominio por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes y está bajo custodia de la Unidad Nacional de Parques, en coordinación con el gobernador Arhuaco del Cabildo Magdalena- Guajira, para conservación de esa reserva natural. Aunque en el lugar han hecho presencia la Policía, la Personería de Santa Marta, el Ejército y la Defensoría del Pueblo, entre otras autoridades, hasta el momento no han logrado llegar a un acuerdo. Finalmente, en el sitio se establecieron personas provenientes de las zonas aledañas de Guachaca, Palomino, Perico, Marquetalia y Puerto Nuevo que aseguran ser desplazados, entre quienes se encuentran niños y mujeres embarazadas. De ese grupo, también hace parte un gran número de migrantes venezolanos. Sin embargo, existen otras versiones. En contexto: SOS de indígenas de la Sierra por invasión de su territorio ¿Quiénes están detrás de esta acción por apoderarse del territorio indígena y de la reserva natural? Esa es la pregunta que muchos se hacen y que pocos en la región se atreven a señalar por temor. Así, a la falta seguridad jurídica que sufren los territorios indígenas debido a que los procesos de formalización de los resguardos no avanzan con celeridad en la Agencia Nacional de Tierras, se suman factores como la aparición de grupos ilegales que buscan acaparar tierras, aprovechando la informalidad y el deficiente control del Estado. Existen, por ejemplo, versiones que señalan que estos invasores son enviados, al parecer, por grupos ilegales que buscan apropiarse de los terrenos ancestrales de los indígenas. No obstante, no existen hasta el momento pruebas que confirmen esas tesis, aunque en la zona operan organizaciones delictivas como ‘Los Pachencas’ y el ‘Clan del Golfo’, que se dedican a la exportación de narcóticos en las costas cercanas a la vía nacional Troncal del Caribe.
Una carta enviada al presidente Iván Duque por el Cabildo Arhuaco del Magdalena y Guajira de la Sierra Nevada de Santa Marta parece corroborar los rumores. En el documento sostienen que el Ministerio de Defensa debe tener la respuesta sobre quiénes están realmente detrás de esta acción por apoderarse del territorio indígena. Aseguran que en esa región es bien conocido el dicho de que "en la Troncal del Caribe no se mueve una hoja sin el permiso de las fuerzas ilegales". Sostienen que, incluso, varios centenares de personas que participan de esta acción han sido traídos de otras ciudades. Le sugerimos: El kogui que amó la Sierra tanto como a la vida "Está claro que el Estado ha perdido el control del territorio, que las actividades sociales, políticas y económicas están o serán cooptadas totalmente por la ilegalidad. El Estado enfrenta un nuevo desafío en la región que demanda su pronunciamiento y su actuación. El Ministerio de Ambiente, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura y la Unidad Nacional de Parques han adoptado una actitud negligente y pasiva para adelantar las acciones integrales en la Sierra Nevada de Santa Marta", indica la carta. En la misiva también cuestionan la pasividad del gobernador y la alcaldesa de Santa Marta para adelantar la acción de desalojo de los invasores del territorio. Señalaron que han optado por mantenerse al margen de la situación para no entrar en conflicto, pero, además, aislados para prevenir el contagio del coronavirus y, de esta forma, no seguir perdiendo compañeros como el gobernador José de los Santos Sauna.
Esta es la zona de la que se quieren apoderar ilegalmente los colonos que han llegado al territorio. Fuente: CNTI. "Aún así seguimos en riesgo de exterminio físico y cultural por el ingreso de innumerables personas que atentan contra nuestro territorio, violando las medidas de cuarentena y que podrían causar, además de la ya consumada tragedia ambiental, el etnocidio de nuestro pueblo", afirmaron en el documento. Solicitaron al Gobierno nacional las siguientes acciones: - Desalojar lo antes posible a los invasores y reestablecer los derechos territoriales de los indígenas, campesinos y de la Nación- Restablecer la seguridad y el orden público en la Sierra Nevada de Santa Marta- Cumplir con los compromisos pactados con los legítimos campesinos de la región, en el sector conocido como La Lengüeta, para restablecer sus derechos a la salud, la educación, el trabajo productivo y el acceso a la tierra- Instalar una mesa técnica nacional para implementar el Plan de Atención en Salud para el control de la covid-19 en la Sierra Nevada y para implementar el programa de seguridad alimentaria para los pueblos indígenas. Lea también: Pueblos indígenas emprenden defensa jurídica de la Línea Negra "Nosotros hemos intentado resguardarnos en nuestros territorios para evitar el contagio del coronavirus y la presencia de personas ajenas genera una alerta inminente. No sabemos realmente de dónde vienen y cuáles son sus estados de salud. Eso nos preocupa mucho", indicó Lucelly Torres, indígena del pueblo arhuaco.
Por años los indígenas han preservado la naturaleza y en menos de una semana ese esfuerzo se ha visto vulnerado por la tala de los colonos. Foto: archivo particular. Danilo Villafane, líder de arhuaco, considera, entre tanto, que en este caso se están utilizando los niños y las mujeres para cometer un ilícito. "No sabemos que hay detrás de todo eso. Ya hay 1.000 personas inscritas para lotear el área en parcelas de 20 por 10 metros, según me indican los campesinos que hacen presencia en la región desde hace muchos años. Pero uno se pregunta qué pobre puede ir a invadir un terreno y durar una semana sin alimento. Alguien los estará sosteniendo. Se debe investigar bien", comentó. Para el próximo 27 de agosto fue agendada una reunión de concertación entre las partes involucradas para intentar llegar a una solución.