El Chocó sigue siendo uno de los departamentos con mayor cantidad de personas con necesidades básicas insatisfechas y eso se ve reflejado en los altos índices de pobreza, pero sobre todo en el precario sistema de salud con el que cuenta.Desde hace varios meses se le encargó a la Superintendencia y al Ministerio de Salud que tomaran medidas ante la grave crisis del departamento y la Corte Constitucional les pidió que presentaran ante el Ministerio Público un informe con las medidas de prevención y mitigación, pero los términos se vencieron y el informe no fue entregado.Esto llevó a que el pasado 7 de julio el superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, anunciara la liquidación del Hospital San Francisco de Asís. Para la entidad la liquidación del hospital es la única opción viable para sanearlo financieramente, del mismo modo el organismo adjudicó la operación del centro hospitalario al hospital público Ismael Roldán Valencia mientras las autoridades departamentales deciden qué hacer con el San Francisco, si acaban con su operación o encuentran alternativas para garantizar su funcionamiento.

La decisión se dio con la intención de saldar, de una vez por todas, los pasivos del hospital, que ascienden a 37.000 millones de pesos y también garantizar la continuidad de los servicios y cumplir con la orden establecida por la Corte Constitucional de finalizar la intervención del centro hospitalario. Asimismo, la Defensoría del Pueblo denunciará los incumplimientos de la Superintendencia y el Ministerio de Salud ante la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y la Corte Constitucional.Antes de la liquidación, a través del Auto 282 de 2016, la Corte Constitucional había ratificado el plazo fijado para que la presentación del informe con las disposiciones encaminadas a mitigar la problemática que afecta los derechos de la población, en especial de quienes acuden al Hospital San Francisco de Asís, en Quibdó.La Defensoría recalcó que desde que se ordenó la intervención de ese centro asistencial, la Superintendencia acumulo 12 prórrogas y 18 procesos de interventoría, sin que se hayan tomado medidas efectivas. También advirtió que desde septiembre de 2014 pidió la actuación de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760, dadas las enormes dificultades para el acceso a la prestación de los servicios de salud en el Chocó.

La situación es crítica ya que se creó inseguridad administrativa en el hospital debido a los recurrentes cambios de interventor, la carencia y desabastecimiento de medicamentos e insumos médico quirúrgicos, las deficientes condiciones de infraestructura, la ausencia de un sistema consolidado de referencia y contra referencia y falta de ambulancias medicalizadas.El problema de salud pública también empeoró por la baja cobertura de agua potable y saneamiento básico, las barreras de acceso para la población indígena, la falta de aseguramiento debido a la insuficiente cobertura, supervisión y oferta tanto de las EPS como de las IPS; y la desnutrición infantil. Situaciones que se agravan en zonas rurales por cuenta de las enormes distancias, la falta de transporte y la presencia de grupos armados ilegales.En su última edición Semana Sostenible publicó un gran informe sobre la difícil situación hospitalaria en el país y publicó algunas imágenes, entre las que se encuentran algunas del hospital de Quibdó.