En repetidas ocasiones la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, ha señalado que la extracción de gas y petróleo a través de la fracturación hidráulica en yacimientos no convencionales, también conocida como fracking, se puede adelantar de manera responsable y segura. Argumento que le ha valido un sinnúmero de críticas y que acaba de ser objetado por seis de los nueve integrantes del grupo interdisciplinario de expertos conformado por la Universidad Nacional, a petición del Consejo de Estado. Le puede interesar: "Fracking, no se trata de hacerlo rápido, se trata de hacerlo bien": presidente de Ecopetrol En el dictamen pericial realizado por este comité dentro del proceso de nulidad del marco normativo del fracking en Colombia, que se viene adelantando desde el 2016, se concluyó, entre otras cosas, que "no es posible hacer fracking responsable porque existen demasiados riesgos asociados que la técnica no puede controlar ni garantizar".
El Consejo de Estado le solicitó a la Universidad Nacional la conformación de un grupo de expertos para dar respuesta a una serie de inquietudes que tenía ese alto tribunal frente al fracking. Foto: Mauricio Ochoa Suárez/Semana. En el informe, compuesto por 460 páginas y adelantando durante seis meses, los expertos dieron respuesta a las siete preguntas y subpreguntas que les realizó el alto tribunal, con base en publicaciones científicas hechas en varios idiomas e información proveniente de los países en donde se ha adelantado o prohibido esta técnica, principalmente de Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá y China. Esto teniendo en cuenta que en Colombia no se ha hecho fracking y, por tanto, la información científica es insuficiente. Este peritaje, que se constituye en una prueba clave dentro del proceso, teniendo en cuenta que cobija aspectos ambientales, sociales, de salud y hasta culturales, da cuenta, por ejemplo, que no hay evidencia científica de que el fracking, cuyo marco normativo se encuentra suspendido en el país desde 2018, pueda operar sin amenazar la salud pública y sin poner en peligro la estabilidad climática. En el documento los expertos visibilizaron que varios de los 12 bloques de yacimientos no convencionales asignados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con base en datos del Mapa de Tierras actualizado a julio del 2019, se cruzaban con bosques húmedos andinos y altoandinos, bosques secos tropicales y humedales.
Según el dictamen pericial, 92.882 hectáreas de bosque seco se ubican en los bloques que fueron adjudicados para realizar la explotación de yacimientos no convencionales mediante fracking. Foto: archivo/Semana. "Estos (bloques) se encuentran localizados en áreas donde predominan ecosistemas productivos (63%) y ecosistemas naturales (27%), dentro de los que se destacan los ecosistemas acuáticos (ríos, lagunas, humedales, ciénagas, pantanos) continentales (6%) y los ecosistemas con vegetación xerofítica y subxerofítica basal (7%), en donde predomina el déficit hídrico en la mayor parte del año", señala el informe que también da cuenta que estos bloques se traslapaban con nueve áreas protegidas, incluyendo distritos de conservación de suelos, reservas naturales de la sociedad civil, distritos regionales de manejo integrado, parques naturales regionales y reservas forestales protectoras, que cumplen la función de mantener la conectividad ecológica, la biodiversidad y el suministro de servicios ecosistémicos. De este grupo hacen parte resguardos indígenas pertenecientes a las comunidades wayú en La Guajira (siete) y yukpa (dos), que suman un total 5.507 hectáreas que serían intervenidas, al igual que una reserva campesina (60.640 ha) y un consejo comunitario (2.112 ha). Según el informe, 92.882 hectáreas de bosque seco, 32.632 hectáreas de humedales, 47.576 hectáreas de zonas de reserva forestal de la ley segunda y 24 tipos de ecosistemas priorizados en el país se cruzan con los bloques.
Dos resguardos de la comunidad yukpa se encuentran traslapados en los bloques de fracking. Foto: Esteban Vega/Semana. En lo referente al uso del agua, el peritaje advierte que se podrían generar conflictos por la competencia por el líquido con las comunidades y que existe la amenaza de que el agua contaminada que retorna la superficie genere otros impactos negativos. "La contaminación de acuíferos y de aguas superficiales puede extenderse por varios kilómetros e incluso decenas de kilómetros desde el sitio de fracking, debido a la migración de aguas contaminadas u otros fluidos y gases del pozo, que accidentalmente se conectan con acuíferos; también, debido a vertimientos de aguas residuales de manera intencional o accidental en fuentes superficiales de agua y en acuífero (...). Las piscinas descubiertas que almacenan aguas residuales de perforación contaminan el aire al evaporar destilados de petróleo y además pueden filtrarse, contaminando el suelo y las aguas superficiales", señala el documento. En contexto: Consejo de Estado solicita la creación de otra comisión de expertos para el fracking Afirmaron que el uso de agua para fracking puede modificar el régimen hidrológico, impactando a las comunidades y a los ecosistemas, en especial cuando el consumo se aplica durante una temporada de bajo flujo o sequía. "La variabilidad y complejidad del territorio colombiano, en donde se pretende realizar la técnica del fracking, requiere un conocimiento detallado de todos los aspectos físicos, sociales y ambientales", sostienen. Frente a la contaminación del aire el informe indica que se ha reportado contaminación con ozono, metano, etano, propano y radón, debido a escapes intencionales y accidentales en el pozo de fracking y a través de gasoductos, estaciones de compresores e instalaciones de gas natural licuado. "La contaminación por el polvo levantado mediante el tránsito de miles de camiones, que se requieren para transportar agua e insumos químicos al sitio de fracking, es inevitable en las carreteras no pavimentadas y termina ocasionando afecciones pulmonares", dice. Los expertos, basados en las conclusiones de diferentes investigaciones científicas, también señalan que la inyección profunda de aguas de desecho que retornan a la superficie pueden llegar a generar sismos.
Los expertos aseguran que no se pueden evaluar los pozos en conjunto ya que las condiciones geográficas son diferentes en cada región donde se pretenden realizar los proyectos pilotos de fracking. Foto: Corporación Podion. En lo que concierne a cambio climático señalaron que "el aumento de la producción de hidrocarburos mediante fracking y la consecuente generación de CO2 (...) no le permitirá ni a Colombia, ni a ningún país que incremente sus emisiones de gases de efecto invernadero o que promueva el uso de combustibles fósiles, cumplir con el Acuerdo de París”. En dicho acuerdo internacional, la nación se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% para el 2030. Además, en el informe aseguran que la tendencia global se dirige no solamente a la prohibición de la técnica del fracking, sino a la suspensión de la explotación y uso de petróleo, gas y carbón, con un claro compromiso hacia la protección del medioambiente y la descabronización del planeta. Le sugerimos: El fantasma del fracking que recorre el Magdalena Medio "Los beneficios económicos y de autonomía energética, que defienden quienes promueven el uso de esta técnica para la producción de hidrocarburos, deben considerarse frente a los riesgos y costos para la salud y el ambiente que se producen a nivel local y regional, con el objeto de proveer energía para una economía global. La técnica de fracking incrementa el consumo de combustibles fósiles y además aplaza la transición energética que de todas formas deberá darse, debido a la finitud de los hidrocarburos y a las consecuencias negativas de su uso", apuntan. En cuanto a las normas demandadas que regulan el fracking en Colombia (Decreto 3004 del 2013 y Resolución 90341 de 2014) se concluyó que no cumplen con las exigencias técnicas para considerar manejables los riesgos derivados de esta técnica, porque simplemente no fueron contemplados todos los riesgos involucrados. "Solamente consideraron algunos y le transfirieron la responsabilidad al operador de identificarlos y formular un plan de manejo. Siendo así, no hay ninguna garantía de que la compañía operadora identifique todos los riesgos ni que formule planes de manejo adecuados", resaltan. Los expertos aseguran, además, que el decreto y la resolución demandadas, no hacen ninguna consideración sobre los líquidos que se inyectan en las operaciones de fracking y, por lo tanto, "no fueron considerados como un riesgo, a pesar de la existencia de numerosas publicaciones científicas que ilustran no solamente su uso, sino los riesgos y daños en salud para las comunidades que viven en la periferia y para las que se abastecen de las fuentes de agua superficiales o de los acuíferos contaminados por las aguas residuales de fracking", recalcaron.
La evidencia científica da cuenta que el fracking genera riesgos al medioambiente y la salud. Foto: archivo/Semana. Consideraron también, que los proyectos piloto de investigación podrían tener falencias ante la debilidad institucional, la falta de recursos, de independencia e investigadores calificados. Creen que sería difícil que los estudios hechos aquí tengan la misma calidad que los realizados en otros países. Afirmaron que varias de las consecuencias del fracking se registran a mediano y largo plazo, razón por la cual los pilotos no permitirían evaluar todos los riesgos. Hicieron énfasis en que en vista de que los suelos son distintos en todo el país no es posible que se puedan evaluar en conjunto todos los pozos. Lea tambien: Fracking: la comunidad invisible del Terraplén en Puerto Wilches Así las cosas, los expertos advirtieron que los riesgos son solo parcialmente previsibles, mitigables y reversibles. "Algunos materializados, como la extinción de especies y la destrucción de ecosistemas, no son reversibles. Algunos daños en salud son mitigables y otros son irreversibles". Para ellos, el agua no tiene sustituto y una vez que se pierde o se contamina la remediación tiene un costo muy alto. "La comunidad científica sí acepta la existencia de riesgos asociados al uso de esta técnica. Los daños materializados, documentados mediante numerosos estudios científicos, incluyen contaminación de aguas superficiales y subterráneas, el suelo y el aire con los productos químicos utilizados, varios de ellos demostradamente cancerígenos o con otros efectos adversos a la salud humana y animal, incluyendo el benceno", señalaron. Otro peritaje a favor Sin embargo, otro informe pericial, de 177 páginas, presentado por tres de los nueve expertos que conformaron el grupo interdisciplinario de la Universidad Nacional, identificó los riesgos, pero sostiene que estos se pueden manejar y mitigar, razón por la cual no necesariamente se pueden materializar. Le recomedamos: San Martín continúa en pie de lucha contra el fracking Para los expertos es indispensable adelantar los proyectos piloto para determinar las consecuencias reales del fracking en Colombia y señalan que esta técnica es necesaria para garantizar la suficiencia energética del país a futuro, ante la escasez de reservas de yacimientos no convencionales que se presenta. La decisión está en manos del Consejo de Estado, que paradójicamente permitió la realización de los proyectos piloto y que tiene programada para el próximo 22 de abril una nueva audiencia para que las partes intervinientes en la demanda hagan sus reparos sobre este peritaje. De esta manera se cerrará la etapa de entrega de pruebas en el marco del proceso. Sin embargo, dicha audiencia podría ser aplazada por cuenta del coronavirus. Lo cierto es que los resultados de este peritaje se podrían constituir en un revés para el gobierno que ha venido dando la pelea porque en el país se introduzca el fracking, bajo el argumento de garantizar la seguridad energética.