A la espera de avances En Perú se lleva a cabo la Primera Reunión Técnico-Política de los países firmantes del Pacto de Leticia por la Amazonia, con el cual los gobiernos firmantes buscan promover acciones que lleven a la preservación y desarrollo sostenible de esta área de bosque, que ha sido impactada en los últimos meses por los incendios, además de la deforestación permanente, minería ilegal y muchos otros males que están arrasando con miles de hectáreas de forma inmisericorde. La expectativa del encuentro del que participa el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, se centra en que pronto se comiencen a ver los frutos de estos encuentros y que se pase de la palabra a la acción, para que esta área de bosques tropicales, que es clave no solo para la preservación del planeta, sino del mismo ser humano, se conserve y se evite su explotación por parte de tantas fuerzas, en su mayoría económicas, que encuentran en ella un fortín para el desarrollo de diversas actividades que van en contra del medio ambiente. ¿Qué tanto se avanzará en estas reuniones? “Carrasquilla, una distracción” “Negociante del agua”, le dijeron al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, los santandereanos que participaron en un plantón realizado en la Plaza de Bolívar de Bogotá este jueves. Carrasquilla fue designado por el Gobierno como ministro ‘ad hoc‘ de Ambiente para emitir un concepto al interior del Consejo Técnico Consultivo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en el proceso de licenciamiento que realiza la multinacional Minesa para el proyecto de exploración minera Soto Norte, en inmediaciones del Páramo de Santurbán. Pero más allá del rechazo a esa designación y la petición al presidente Duque para que cambie a Carrasquilla, en el fondo lo que buscan los santandereanos es que no se le otorgue la licencia ambiental a esa compañía. Por esa razón no quieren que el caso Carrasquilla se convierta en una distracción. Los ambientalistas aseguran tener razones suficientes para pensar que se quiere usar este hecho para darle el guiño a Minesa, en contravía -según ellos- de los argumentos técnicos y científicos expuestos y de la misma normatividad vigente.
La lidia de la CAR
Néstor Franco aspirará a la reelección, pese a que en un comienzo había dicho que no lo haría. Foto: archivo/Semana. Setenta y tres personas aspiran a la dirección general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR): la autoridad ambiental que maneja casi tres veces más presupuesto anual que el Ministerio de Ambiente (más de 900.000 millones de pesos). De hecho es la entidad que más recursos administra en todo el Sistema Nacional Ambiental (SINA). A la sorpresa que generó que el actual director, Néstor Franco, aspirara a la reelección (había dicho que no lo haría), se une ahora una mayor: el actual miembro del consejo directivo de la entidad elegido por el sector privado, Luis Alfonso Rubiano, también se encuentra entre los candidatos que se inscribieron. La razón de la sorpresa es que el ala más radical del ambientalismo no acaba de digerir el hecho de que un criador de toros de lidia quiera comandar la entidad encargada de proteger los recursos naturales más grande del país. Además de que es el mismo consejo directivo el encargado de elegir al sucesor de Franco... La gente se pregunta entonces por quién votará Rubiano, ¿por él mismo o por Franco? Sorpresas 2 y 3 El actual director de Cortolima, Jorge Enrique Cardozo, también aspira a ser director de la CAR. Cardozo fue jefe de control interno de la CAR durante dos periodos: 2003 a 2006 y 2006 a 2011. Y ha sido director electo y reelegido de Cortolima durante los últimos dos periodos, es decir, los últimos 8 años. ¿Qué tendrán las corporaciones que son tan amañadoras? Tanto, que hay gente que aspira a más de una. Como el jefe jurídico de la gobernación de Santander, Luis Alberto Flórez, que ya se ha presentado a tres corporaciones: las dos de Santander (CAS y CDMB) y a la CAR también. Y no en diferentes periodos sino en este. Ojalá no le programen las entrevistas para el mismo día… ¿Adiós a las semillas transgénicas?
Las semillas genéticamente modificadas vienen siendo introducidas al país desde hace varios años. Foto: Pixabay. En primer debate fue aprobada la reforma que modificaría el artículo 81 de la Constitución Política colombiana. El acto legislativo presentado por el representante a la Cámara por el partido Liberal, Juan Carlos Losada, busca prohibir el ingreso, producción, comercialización y exportación de semillas genéticamente modificadas, en aras de proteger el medioambiente y garantizar el derecho de los campesinos a semillas libres. Para el congresista es muy crítico lo que está pasando, pues - según explica - para el año 1990 Colombia era autosuficiente en la producción de alimentos, mientras que en 2016 importó más de 13 millones de toneladas de comida: 95 por ciento de trigo y cebada; 86 por ciento de soya y 85 por ciento de maíz. Losada recordó, además, que siete empresas controlan más del 71 por ciento del mercado mundial de semillas de cultivos extensivos, pero solo tres dominan el 60 por ciento: Monsanto, Dupont y Syngenta. ¿Se les acabará el negocio en Colombia? De frente contra los barcos de muerte animal
El proyecto de ley busca prohibir la exportación de animales vivos hacia otros países. Foto: Pixabay. Con el propósito de acabar con la exportación marítima de especies vivas para su producción y sacrificio, organizaciones defensoras de los derechos de los animales radicaron en el Congreso un proyecto de ley que apunta a que en el año 2024 se termine con esta práctica cruel. La venta de animales vivos al exterior se realiza principalmente al Oriente Medio y el transporte puede durar hasta 30 días, recorrido durante el cual los animales padecen hacinamiento, privación de agua y alimento, enfermedades, fracturas y hasta la muerte. Los países importadores como Líbano, Irak, Egipto y Jordania, hacia donde Colombia exporta, no cuentan con leyes de bienestar animal. Por esta razón, el ganado es víctima de toda suerte de violencias. Se trata de una actividad que es innecesaria, ya que puede reemplazarse por la exportación de carne refrigerada. De hecho, Colombia exporta carne en canal y esos países importan esa clase de producto. El objetivo del proyecto de ley es acabar con esta práctica comercial, cruel e innecesaria, en un período máximo de cuatro años, sin afectar la exportaciones. Los animalistas continúan pisándoles los talones a los grandes conglomerados económicos. ¿Será que la logran?