A toda máquina la Policía Nacional (Dirección Antinarcóticos) y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) desarrollaron entre el 28 de noviembre y el 3 de diciembre, las 17 reuniones informativas previas a la realización de la audiencia pública dentro del trámite administrativo de modificación del Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), prevista para desarrollarse el próximo 19 de diciembre, a partir de las 8:00 de la mañana, en el Hotel Andinos Plaza de Florencia (Caquetá). Para tal fin, se realizaron 17 espacios presenciales, así como la transmisión en vivo a través de Internet (YouTube, Facebook y Twitter de la Anla y la Policía) y algunas emisoras de radio. En contexto: En medio de críticas, se reanudarán reuniones sobre fumigación con glifosato Ahora, para la audiencia pública ambiental, también se tiene previsto la transmisión en vivo por el Canal 13 de las primeras cuatro horas. De igual manera, se emitirá por el canal de YouTube de la Anla, así como por las redes sociales de esa entidad y de la Policía Nacional (Facebook y Twitter). Serán adecuados, además, puntos presenciales en 16 municipios de Guaviare, Meta, Vichada, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Antioquia, Bolívar, Santander, Norte de Santander, Chocó y Valle del Cauca. Las personas naturales o jurídicas que quieran intervenir en la audiencia pública ambiental, y presentar ponencias o escritos, tendrán plazo hasta el 16 de diciembre de 2020, a las 4:00 p.m., a través de la línea gratuita 018000112998.
La Anla y la Policía Nacional han intetado realizar en dos oportunidades la audiencia pública ambiental pero estas han sido suspendidas. Foto: Anla. Ante la reanudación de las reuniones informativas y de las audiencia pública ambiental por parte de la Anla, tras haber sido esta última suspendida en dos oportunidades (mayo y septiembre), porque - según varias organizaciones sociales y ambientales- no estaban dadas las garantías reales y efectivas de participación para las comunidades indígenas, afro y campesinas que se verán directamente afectadas con las fumigaciones, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, junto a otras 17 organizaciones sociales, ambientales e indígenas más, enviaron una carta al Juzgado Segundo Administrativo de Pasto (Nariño), que permitió que se adelantara de nuevo el proceso de socialización sobre la aspersión con este pesticida en el país, solcitándose que de manera urgente suspendiera este trámite. Le recomendamos: Glifosato: ¿qué tan cerca está Colombia de dejarlo de usar en el agro? Argumentan que no están dadas las condiciones y garantías reales y efectivas de participación para la comunidad en general. La solicitud va respaldada con las alertas que han realizado varias personerías sobre las limitaciones que conlleva la realización de esta audiencia y las presiones indebidas que se están haciendo sobre la toma de decisión. "La personería no cuenta con los medios idóneos que nos permitan hacerle llegar el video enviado a cada uno de los habitantes, sobre todo a los de la zona rural del municipio, los cuales son los más afectados con el tema de los cultivos ilícitos y la aspersión de esto, ya que las comunidades no cuentan con fluido eléctrico y mucho menos con medios tecnológicos que les permitan acceder a la información", informaron desde la Personería Muncipal de Nóvita (Chocó), el 9 de noviembre, en un correo dirigido a la Anla.
Retomar la aspersión aérea con glifosato es la estrategia a la que le apuesta el Gobierno para disminuir los cultivos de uso ilícito. Foto: archivo/ Semana. De igual manera, las organizaciones sotienen que la propuesta metodológica para realizar la audiencia no cumple con los estándares exigidos por la ley, la Corte Constitucional y desconoce las órdenes de primera y segunda instancia proferidas por el Juzgado y el Tribunal de Nariño. Aseguran, además, que dicha proposición ignora la necesidad de realizar la consulta previa, libre e informada. "La nueva convocatoria de la Anla, no presenta cambios sustanciales, pues permanece su carácter virtual. De 11 espacios presenciales se pasó a 17, los cuales son insuficientes, pues se pretenden retomar las aspersiones en 104 municipios, distribuidos en 14 departamentos del país. Esto tan solo es el 6,24% de un 100%, lo que es prácticamente nulo para garantizar plenas garantías de participación", señala el colectivo de abogados. Cuestionaron, además, el hecho de que la audiencia que se desarrollará en Florencia se replicará 16 veces, situación por la que ven poco probable la participación en doble vía, ya que los 17 lugares habilitados estarán solo al 50 por ciento de su capacidad. Le puede interesar: Tres razones por las que organizaciones civiles rechazan el glifosato "Para desarrollar una audiencia de este tipo, se debe garantizar la participación por derecho propio de, al menos, 250 autoridades públicas que intervienen al inicio sin necesidad de inscripción. Entonces, ¿cuándo se dará el uso de la palabra a las autoridades de los 104 municipios?. ¿Realmente habrá tiempo para escuchar con detenimiento a la población y crear un diálogo genuino con garantías reforzadas de participación como lo ha exigido la Corte Constitucional?", se preguntan las organizaciones. Explicaron, de igual forma, que se debía tener en cuenta que la posibilidad de aportar pruebas y documentos solo se podrá hacer de manera presencial. "¿En qué momento aportarán tales documentos las comunidades? De nuevo, queda en entredicho que se trate de un mecanismo de participación en doble vía", manifestaron.
La fumigación aérea con glifosato se encuentra prohibida en Colombia desde 2015 por la Corte Constitucional. Foto: archivo/Semana. Controvirtieron sobre el hecho de que Plan de Manejo Ambiental, que derbería ser diseñado y reglamentado por organismos distintos e independientes a las entidades encargadas de las aspersiones, haya sido elaborado por las mismas instituciones encargadas de aplicar las fumigaciones. Para las organizaciones la nueva convocatoria a una audiencia virtual por parte de la Anla replica las mismas actuaciones violatorias de los derechos fundamentales que fueron tutelados, lo que representa un evidente incumplimiento de las sentencias. "A pesar de que se tuteló el derecho a la consulta previa, no se está garantizando dicho procedimiento, pues un informe presentado por la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas señala que más de 1.133.000 hectáreas del programa de fumigaciones aéreas con glifosato se traslapan con resguardos en los que habitan 40 pueblos, en 54 municipios de los 104, incluidos en el progrma", expresaron. Solicitaron la realización de una mesa de seguimiento para el cumplimiento de las órdenes de la sentencia para garantizar lo establecido y señalado en el fallo. Le sugerimos: Glifosato: Ordenan a la Anla de nuevo suspender audiencia pública Jenifer Mojica, coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), afirmó que se requiere que se le brinde asesoría, pedagogía y acompañamiento a las comunidades que no tienen la capacidad científica y técnica para leer e interpretar un expediente ambiental de esa naturaleza. "Esto es ideal para que la gente pueda opinar con conocimiento de causa y no simplemente con el mismo miedo que todos tienen, pero sin argumentos", sostuvo. Mojica consideró, igualmente importante, que la Policía, la Anla y el Gobierno en general, deben tener una actitud dispuesta a negociar el plan de manejo ambiental, así como las medidas de mitigación y prevención con las comunidades. "No es solo adoptarlo desde el escritorio y socializarlo en dos o tres reuniones de tres horas, es discutir y hablar con la comunidad para generar una construcción participativa del plan, que recoja los sentires y saberes de la gente en el territorio, pues son las comunidades que han sido afectadas las que pueden plantear medidas de mitigación acordes a su realidad y necesidades", expresó. Para la abogada también es fundamental que el Gobierno acuerde con las comunidades la metodología de socialización y participación, ya que "la institucionalidad ha pensado una participación muy desde Bogotá, como operan las entidades gubernamentales, pero en necesario que haya una retroalimentación que tenga incidencia para incorporar. Esto se debe discutir con las organizaciones existentes en las regiones", resaltó. Hasta ahora las organizaciones no han recibido respuesta de la Juzgado. Glifosato, en el Congreso Este lunes se llevó a cabo en la Comisión Quinta del Senado de la República la audiencia pública sobre las afectaciones a la salud por el uso del glifosato en la que intervinieron varios congresistas, académicos y representantes de organizaciones sociales, ambientales e indígenas de diferentes regiones del país. Al final, el llamado de la mayoría de intervinientes fue a aplicar el principio de precacución ante la falta de sustento científico que permita corroborar que el uso de este herbicida no produce daños en la salud de las personas. De igual manera, se hizo mucho énfasis en realizar un debate bajo criterios científicos y técnicos de buena calidad, al igual que sobre la ineficacia que ha tenido la aspersión aérea en la reducción del narcotráfico como tal. Lea también: Glifosato: no solo mata la maleza, también a las abejas "Llevamos 36 años asperjando y todo sigue igual", comentó el senador Jorge Enrique Robledo, para quien el problema está en que el Gobierno busca reducir el narcotráfico y no acabarlo. No obstante también se hizo mención a tener en cuenta los saberes ancestrales y las vivencias de las personas que estaban en los territorios y que, en antaño, se habían visto damnificadas por la fumigación con este químico, con el que el Gobierno busca erradicar los cultivos de uso ilícito.
En manos del Congreso de la República está la prohibición definitiva de la aspersión aérea con glifosato. Foto: archivo /Semana. Andrés Mejía, vocero de asocación Asocazul, indicó, por ejemplo, que muchos campesinos que se habían sumado al proceso de sustitución de cultivos de coca en tres municipios del Sur de Bolívar, entre 2008 y 2013, se vieron afectados luego de que la Policía asperjó glifosato en los cultivos de cacao que habían sembrado en 750 hectáreas. A su turno, Jaime Escobar Triana, investigador de la Universidad del Bosque, dijo que este tema también debía ser abordado desde la bioética. Sostuvo que ante posible duda, lo mejor era mantener suspendida las fumigaciones. Puede leer: California: el glifosato entra en lista de potenciales cancerígenos Cristina Rosero, asesora del Centro de Derechos Reproductivos, afirmó, a su turno, que existía evidencia científica suficiente sobre los daños a la salud reproductiva que causaba el glifosato. Mencionó varios casos e indicó que la exposición a este pesticida podía ocasionar, entre otros daños, abortos y efectos generacinales. Luego de cuatro horas, se dio por terminada la audiencia pública y ahora se procederá a votar en primer debate este jueves o viernes próximo, el proyecto de ley que prohíbe la utilización del glifosato dentro de la política antidrogas del gobierno Duque. Los congresistas autores del proyecto insistirán, en la necesidad de suspender definitivamente la aspersión con ese químico en los cultivos de coca en Colombia.