*Este reportaje es una colaboración periodística entre Semana Sostenible de Colombia y Mongabay Latam. Sofía y Nicole cantan a todo pulmón: “somos felices, somos felices”. Saltan descalzas de un lado para otro entre el piso de tierra y los pedazos de madera del que está hecho el improvisado antejardín de su casa. Su inocente alegría contrasta con la tristeza de su entorno. En el Terraplén no cuentan con servicio de agua potable, baterías sanitarias, vías, escenarios deportivos ni un puesto de salud. En esa vereda del municipio de Puerto Wilches, en el departamento de Santander, todas las casas parecen calcadas: techo de zinc, paredes de madera y piso de tierra. Solo la escuela es diferente porque su estructura fue levantada en ladrillo y cemento por la comunidad. “Es el lugar donde los niños escapan de la realidad”, dice Liliana Palomino, su única docente, quien viaja todos los días desde Barrancabermeja por un lapso de dos horas. La sonrisa de los 11 menores a quienes imparte clase y el agradecimiento de esta comunidad son la mejor recompensa para esta profesora que lucha desde hace varios meses para que las administraciones municipal y departamental legalicen esa institución, ya que no ha sido reconocida por estar en un lugar catalogado como zona roja por orden público.

Esta es la escuela de la vereda Terraplén. Su estructura fue construida por la comunidad. Foto: Pilar Mejía/Semana.  Muy cerca de allí se planea hacer algunos de los proyectos piloto de investigación para fracking, al igual que en el municipio de San Martín, en el departamento de Cesar, reconocido por sus constantes protestas de oposición a esta técnica para la extracción de petróleo. Asfixiados por las necesidades Los habitantes del Terraplén hablan en voz baja sobre la presencia del ELN, paramilitares y algunas bandas delincuenciales dedicadas al hurto que se internan en los extensos cultivos de palma de aceite que rodean este caserío, ubicado a solo 150 metros del Magdalena, un río que se ha constituido en su mayor bendición, pero también en su mayor desgracia. Le sugerimos: Listo decreto que fija lineamientos para pilotos de fracking No olvidan cómo en la madrugada del 25 de noviembre de 2008 sus turbias aguas se llevaron varias casas, lo que obligó a unas 30 familias a abandonar su terruño. Tras la avalancha, las personas fueron reubicadas en el casco urbano de Puerto Wilches, una población de 34.206 habitantes, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). “A quienes les quedaron algunos animales y plantes de pesca, optaron por seguir aquí”, afirma Ciro Salvador Ruiz, miembro de la Junta de Acción Comunal de este sector. Pese a los altos índices de contaminación que contiene el Magdalena, la gente cocina sus alimentos con el agua del “Caripuña”, que significa Río Grande para los pueblos indígenas del sector que adoran sus aguas.

Ciro Salvador Ruiz, habitante de la vereda Terraplén, en Puerto Wilches. Foto: Pilar Mejía/Semana Actualmente, allí residen 25 familias que viven de la pesca, el cultivo de plátano, yuca y maíz, así como de la crianza de cerdos, gallinas, cabras y búfalos. ¡Sí, búfalos! que les fueron entregados por ExxonMobil, la petrolera estadounidense que a menos de 500 metros de ese asentamiento tiene un pozo del que se pretendería extraer petróleo y gas por medio del fracking. Se trata del VMM 37, también denominado Manatí Blanco 1, que se extiende por un área de 15.462 hectáreas, equivalentes a 21.655 canchas de fútbol, y en donde se podrían perforar hasta 12 pozos. En ese lugar se podría realizar otro de los proyectos piloto que recomendó la Comisión de Expertos.

Rodeado de grandes extensiones de cultivos de palma de aceite se encuentra el pozo Manatí Blanco 1, en donde podría llegar a realizarse uno de los proyectos pilotos de fracking. Foto: Corporación Podion. “La verdad nunca hemos estado de acuerdo con que se realice fracking en nuestro territorio porque los grandes siempre se aprovechan de los más pequeños. Ellos nos han dicho que se trata de una simulación, pero nosotros sabemos que no es así. Cuando una empresa hace una inversión tan grande no espera solo explorar y luego irse si la gente no lo acepta. Sabemos que pasarán sobre lo que sea”, sostiene Ruiz. Le recomendamos: Tribunal Administrativo de Cundinamarca agrega condiciones para el desarrollo del fracking A sus 61 años, el hombre asegura que sabe reconocer el peligro. “A nosotros como pobres nos darán uno o dos meses de trabajo, nos harán una obra y quizás apalancarán un proyecto productivo, mientras ellos se llenan los bolsillos con nuestros recursos naturales. Luego se irán y nos dejarán con la contaminación”, comenta. Para el líder comunal los beneficios por regalías solo llegarán si los alcaldes así lo quieren y si les conviene. Su posición es respaldada por la comunidad, al igual que por otros dirigentes como Leonardo Gutiérrez, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Palma de Aceite de Puerto Wilches, un gremio que genera 22.000 empleos en el municipio.

Leonardo Gutiérrez, presidente de la Asociación de Palmeros de Puerto Wilches, es uno de los opositores al fracking en la región. Con su carro viaja por las veredas y barrios haciendo pedagogía Foto: Pilar Mejía/Semana. Este ingeniero mecánico asegura que el fracking puede destruir la economía de la palma de esa región. “Nosotros tenemos una norma que prohíbe que haya metales pesados y sustancias radioactivas en los cultivos de palma o en los acuíferos de los que se saca el agua para las plantaciones. Si el aceite se contamina, la Unión Europea nos cerrará el mercado, perderemos precio y se deprimirá la economía”, resalta. Gutiérrez advierte que los químicos utilizados para esta técnica de explotación de hidrocarburos pueden contaminar las aguas subterráneas afectando las 60.000 hectáreas de palma que hay sembradas y que son vendidas a las cinco plantas extractoras de aceite que están asentadas en el municipio en terrenos que antes eran dedicados a la ganadería. “Aquí en Puerto Wilches los suelos son ácidos y, por tanto, áridos y arenosos, por lo que la capa vegetal es de mala calidad. En esas grandes sabanas dedicadas antes a la ganadería extensiva, donde había media vaca por hectárea porque los pastos eran muy malos, se comenzó a sembrar palma. Aquí no destruimos bosques tropicales porque simplemente por acá no existen, eso conlleva que tampoco hayamos impactado negativamente a la biodiversidad, tal y como ocurre con este tipo de cultivos en otras zonas del país”, dice. Le puede interesar: Drummond deberá suspender operaciones en 15 pozos de gas en el Cesar El dirigente palmero sostiene que cada palma consume ocho litros de agua subterránea al día, que luego —según él— los retorna en su proceso de evapotranspiración. Los residuos líquidos —agua con trazas de aceite— de las plantas extractoras están siendo enviados a piscinas a cielo abierto donde son tratados con bacterias aeróbicas y posteriormente vertidos en quebradas, luego de cumplir con la demanda bioquímica y de oxígeno que ordena la norma. Sin embargo, la locomotora palmera también está dejando una huella negativa en el territorio. La emisión descontrolada de gas metano a la atmósfera es su mayor impacto medioambiental en la actualidad. “En el tema de olores y emisión de metano en este momento no se hace nada. Se intentó implementar el sistema de pagos de bonos de carbono, pero no ha tenido un resultado óptimo”, expresa Gutiérrez.

En Puerto Wilches, al igual que en otras regiones del Magdalena Medio, hay mucho desconocimiento frente al fracking. Foto: Pilar Mejía/Semana.  Al igual que en Barrancabermeja, en Puerto Wilches hay quienes están a favor del fracking por los beneficios económicos que esta técnica podría producir. “Va a generar empleo y flujo de recursos que se verán retribuidos en el consumo de bienes y servicios. Si se hace responsablemente, sin afectar las fuentes hídricas como nos han dicho en varias reuniones, creo que se debe hacer”, expresa Samuel Díaz, administrador de un hotel. Otros, por el contrario, prefieren no opinar sobre la conveniencia o no de esta práctica al no tener el conocimiento suficiente sobre sus implicaciones, mientras que hay quienes consideran que las compensaciones hasta ahora entregadas por la industria petrolera no se equiparan con el impacto social y ambiental generado.

Barrio Bella Vista de Puerto Wilches. Foto: Pilar Mejía/Semana. “Los recursos que han llegado de regalías se han invertido en parques y estadios, pero no en obras realmente importantes como la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (ptar) o la modernización de la planta potabilizadora de agua, razón por la cual la calidad del líquido que llega por la red no es la mejor y la gente prefiere cocinar con agua en bolsa”, afirma Edilberto Mesa, comerciante. En consecuencia, las aguas residuales de Puerto Wilches están siendo vertidas sin tratamiento alguno en la ciénaga Yarirí y esta desemboca por un caño hacia el río Magdalena. Lo increíble es que una ptar empezó a ser construida en esta población hace unos años, pero nunca se terminó.

En la ciénaga Yarirí son vertidas, sin tratamiento alguno, las aguas residuales del municipio de Puerto Wilches. Foto: Pilcar Mejía/Semana.  Pese a los esfuerzos que viene haciendo el Gobierno por mostrar las bondades del fracking, la incredulidad de las comunidades continúa por los supuestos efectos colaterales que esta técnica podría generar, entre los cuales se encontrarían la contaminación del agua, aire y suelo, la provocación de sismos y las secuelas en la salud humana, tal y como lo documentan varios estudios internacionales como el adelantado por el Departamento de Geología y Ciencias Planetarias de la Universidad de Santa Cruz, en California (Estados Unidos) en agosto de 2018, que estableció que la inyección hidráulica puede generar sismos hasta a 10 kilómetros de donde se encuentre el pozo, así como activar fallas geológicas, incluso por casualidad. Otra investigación realizada por la Universidad de Toledo, en Ohio (Estados Unidos), publicada en 2019, relacionó la proximidad de los pozos de fracking con las concentraciones más altas de gas radón en los hogares, encontrando que la distancia más cercana a los 1.162 pozos que existen en esa región se asocia con las concentraciones más altas de radón en las viviendas. “Cuanto más corta es la distancia de un hogar a un pozo de fracking, mayor es la concentración de radón y a la inversa”, señaló Ashok Kumar, profesor de la Universidad de Toledo.

A mostrarles a los turistas atardeceres como este sobre el río Magdalena prefieren apostarle los habitantes de Puerto Wilches, Santander. Foto: Pilar Mejía/Semana. El estudio indicó, además, que las concentraciones promedio de radón entre todos los hogares evaluados en todo el estado son más altos que los niveles seguros permitidos en los estándares de la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos. Juan Pablo Ruiz, magister en Gestión Ambiental de la Universidad de Yale y vocero de la comisión de expertos sobre fracking, asegura que en Colombia no existen investigaciones que permitan conocer el impacto de esta técnica en la biodiversidad y la calidad del agua superficial y subterránea, así como determinar si genera o no aumento de sismicidad. “En otros contextos biofísicos e institucionales se han hecho evaluaciones respecto a las afectaciones, pero acá no. Por esa razón, la propuesta de realizar los proyectos piloto es importante, porque sería la primera investigación que se adelanta en el país para conocer los efectos”, afirma Ruiz. Puede leer: Fracking: las ocho condiciones que debe cumplir el Gobierno antes de realizar los pilotos El Ministerio de Minas asegura, entre tanto, que Puerto Wilches se ha beneficiado de la actividad petrolera y que su histórico de regalías 2012-2020 se acerca a los 39.000 millones de pesos (cerca de 9,5 millones de dólares) que le han permitido cofinanciar proyectos de inversión por más de 56.000 millones de pesos (cerca de 13,5 millones de dólares), principalmente en los sectores de transporte, educación, así como deporte y recreación. Con todo, los habitantes de esta Puerto Wilches aseguran que su vocación es agrícola y pesquera, y podría llegar a complementarse con el turismo. Así también lo creen los habitantes del Terraplén, quienes prefieren que Sofía y Nicole sigan cantando a todo pulmón: “somos felices, somos felices” en un territorio ambientalmente sano.

Casas en el sector del Terraplén en donde viven Sofía y Nicole. Foto: Pilar Mejía/Semana.