La Operación Artemisa sigue dando de qué hablar. Su objetivo de frenar la deforestación en Colombia ha sido aplaudido por muchos, pero los métodos utilizados hasta el momento le han valido fuertes críticas. La más reciente ola de cuestionamientos se produjo tras el operativo adelantando en el Parque Nacional Natural Serranía de La Macarena, ubicado en el departamento del Meta. Durante la operación fueron capturadas ocho personas, quienes deberán responder por su presunta responsabilidad en delitos de invasión de áreas de especial importancia ecológica, daño en los recursos naturales y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, señaló el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. En contexto: Presidente Duque lanza gran ofensiva contra la deforestación en Colombia El funcionario informó que este operativo se desarrolló luego de varios meses de inteligencia y que siete personas fueron capturadas en flagrancia y una por orden judicial. "La sexta fase de la Operación Artemisa se llevó a cabo en el Parque Nacional de La Marcarena donde en un trabajo conjunto de las Fuerza Militares, articulado con la Policía y en coordinación con Parques Nacionales y la Fiscalía General de la Nación, se desarrolló la operación Sabana, con el objetivo de recueperar zonas de este parque que han sido amenazadas por deforestación y cultivos ilícitos, tras una labor de varios meses de inteligencia", afirmó Trujillo. El ministro informó que durante el operativo fueron incautadas carabinas, siete armas de fuego, motosierras y guadañas.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, visitó la Serranía de La Macarena y desde allá realizó el balance de la Operación Sabana. Foto. Ejército Nacional. El jefe de esa cartera señaló que la sexta fase de Artemisa había permitido la recuperación para su protección de más de 248 hectáreas ubicadas en la Serranía La Macarena. "Esto significa que ya son 6.165 hetáreas protegidas desde que inció la camapaña en abril de 2019 en departementos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo", apuntó. Sostuvo que se estaban deforestando bosques para llevar a cabo actividades ilegales de ganadería extensiva que sirvían como fuente de financiación para las estructuras de Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), al mando de alias ‘Gentil Duarte‘. Le recomendamos: Recuperan 361 hectáreas de bosque en Chiribiquete "Los criminales han intentado acabar con zonas de nuestro parque, deforestando, ocasionando incendios y construyendo vías de acceso y estructuras de manera ilegal, en muchas ocasiones también con el objetivo de cultivar coca", explicó el funcionario, quien aseguró que solo para producir un kilo y medio de cocaína se necesitaba la cosecha de una hectárea. "Eso es una hectárea menos de bosque", manifestó.
El Ministro de Defensa aseguró que se encuentra en curso la sexta fase de la Operación Artemisa. Foto: Ejército Nacional. Los cuestionamientos A su turno, la representante a la Cámara, Juanita Goebertus, cuestionó el actuar de la Fuerza Pública y en sí de la Operación Artemisa por el operativo denominado Sabana. "En Puerto Rico, Meta, se están realizando capturas a campesinos que llevan más de 30 años dentro de la zona de reserva. ¡La #OperaciónArtemisa no es la salida! Hay que conservar con la gente y con pago por servicios ambientales", mencionó la congresista a través de su cuenta de Twitter. La publicación realizada por la congresista venía acompañada por un video en el que se observa a la familia de un hombre, integrada por su esposa y varios niños pequeños, suplicando a la Policía que no se lo lleve detenido, tras arrestarlo al interior de su humilde vivienda.
Varias organizaciones sociales, indígenas, campesinas y de derechos humanos también han criticado el actuar de las autoridades. Algunas aseguran haber sido víctimas de excesos y solicitan que se efectúen procesos de concertación previos antes de entrar a sacar a la gente a la fuerza. Camilo Niño Izquierdo, secretario Técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, aseguró que el Estado no puede seguir imponiéndose a la fuerza y trasgrediendo los derechos que tienen las personas que llevaban mucho tiempo habitando en las áreas protegidas, que antes estaban desamparadas por el propio Gobierno.