En el corregimiento La Buitrera todo el mundo sabía quién era Jorge Enrique Oramas. Ese hombre de 70 años que se opuso férreamente a la explotación minera en el Parque Nacional Los Farallones de Cali. Desde que se radicó en ese sector, ocho años atrás, fue ganando un espacio en el corazón del pueblo gracias a su lucha por el medioambiente, la conservación de las tradiciones culturales y la autonomía alimentaria. Producto de ese ímpetu fundó la Asociación Biocanto del Milenio, la cual dirigió por más 10 años. En la granja de esa organización, ubicada en la vereda La Candelaria, eran cultivados y procesados cereales ancestrales, frutas, raíces y plantas medicinales de manera orgánica, que eran comercializados como apoyo nutricional solidario. La idea era producir alimentos que nutrieran y a la vez curaran. Allí la defensa de las semillas nativas era una prioridad. Le sugerimos: Amenazas a líderes indígenas y sociales no cesan en Colombia Este sociólogo de la Universidad del Valle, que fue asesinado la noche del pasado sábado 16 de mayo en su finca Villacarmelo, en jurisdicción de La Buitrera, era recordado como un dirigente incansable en defensa de la agricultura campesina, un innovador, quien rechazaba el modelo de desarrollo agro-capitalista depredador, basado en químicos contaminantes. "Como parte de su liderazgo denunció e impugnó los grandes monopolios de las empresas multinacionales de abonos, semillas y defoliantes totalmente favorecidas por las élites gobernantes del país desde hace décadas. Era un claro defensor de la biodiversidad de los Farallones de Cali, opositor irreductible de la explotación y el extrativismo minero", señaló la Asociación Colombiana de Sociología a través de una declaración pública en la que rechazó el hecho y exigió justicia. Repudio al que se unieron personajes como Marco Antonio Suárez, director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, quien se solidarizó con su familia y exigió a las autoridades el esclarecimiento de este hecho al que calificó como lamentable. "Quien defiende el ambiente, defiende la vida. Paz en su tumba", comentó en su cuenta de Twitter.
Juan Bello, jefe de la Oficina de ONU Medio Ambiente en Colombia, también lamentó el crimen. "Luchemos por un mundo en el que defender la naturaleza y preocuparse por un ambiente sano, no cueste la vida", sostuvo. Luis Alberto Albán Urbano, representante a la Cámara por el Valle, también se unió a la ola de repudio e instó a las instituciones a dar con los responsables materiales y determinantes de este asesinato. "Lamentamos este nuevo crimen contra las comunidades que le apuestan a la construcción de la paz y la lucha por el buen vivir", comentó el congresista en un comunicado publicado a través de sus redes sociales. Le recomendamos: Defensores ambientales, entre la presión y el silencio Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, a su turno, lo recuerda como un luchador de Los Farallones de Cali, un protector del agua y las semillas nativas, y un arborizador. "Es mucho el dolor que se tiene por la partida de un hombre que protegía la biodiversidad y la vida", comentó el mandatario, quien recoró que se dispuso de la suma de 20 millones de pesos como recompensa para las personas que posibiliten con la captura de los asesinos de Oramas.
Jorge Enrique se constituyó en el vigésimo quinto (25) líder social asesinado en Colombia desde que comenzó el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno nacional el pasado 25 de marzo como estrategia para mitigar el contagio del coronavirus, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Esa entidad informó, además, que con Oramas la son 100 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en 2020. Los departamentos donde más asesinatos se han registrado son Cauca, seguido de Antioquia, Putumayo, Norte de Santander, Córdoba, Valle del Cauca, Nariño, Huila y Caquetá.
La Fiscalía avanza en la investigación para establecer si su muerte tuvo relación con su lucha medioambiental, en vista de que había desarrollado diferentes trabajos por la defensa de territorios libres de cultivos ilícitos, la recuperación de los recursos naturales y la defensa de los pueblos indígenas.