Pese al inconformismo existente en los territorios y los recursos jurídicos interpuestos, el Gobierno avanza en la reanudación de la aspersión aérea con glifosato como estrategia para combatir el narcotráfico en el país. Luego del más reciente fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Pasto (Nariño), que permitió que se adelantara el proceso de socialización sobre la aspersión con este pesticida en el país, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) convocó de nuevo a la audiencia pública ambiental dentro del trámite administrativo de modificación del Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), la cual había sido suspendida en dos oportunidades (mayo y septiembre de 2020) porque - según varias organizaciones sociales y ambientales- no estaban dadas las garantías reales y efectivas de participación para las comunidades indígenas, afro y campesinas que se verán directamente afectadas con las fumigaciones. En contexto: Polémica por fallo que permite socialización sobre aspersión aérea con glifosato La Anla en el edicto que cita a la audiencia pública, organizada por la Policía Nacional y prevista para desarrollarse el próximo 19 de diciembre, a partir de las 8:00 de la mañana, en el Hotel Andinos Plaza de Florencia (Caquetá), plantea la realización de 17 reuniones informativas previas, a desarrollarse entre el 28 de noviembre y el 3 de diciembre en varios espacios presenciales, así como la transmisión a través de Internet (YouTube, Facebook y Twitter de la Anla y la Policía) y algunas emisoras de radio. Las personas naturales o jurídicas que quieran intervenir en la audiencia pública ambiental, y presentar ponencias o escritos, tendrán plazo hasta el 16 de diciembre de 2020, a las 4:00 p.m., a través de la línea gratuita 018000112998. Piden que se suspenda La reanudación de la audiencia y de las reuniones previas han generado el rechazo de varias organizaciones que se oponen a este método. Desde el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo señalaron, por ejemplo, que se mantuvo la modalidad virtual y solo se aumentaron seis espacios físicos para llevar a cabo la audiencia, quedando con un total de 17, siendo - según esa organización - insuficientes ya que las aspersiones se pretenden retomar en 104 municipios, de 14 departamentos. "Es decir, los 17 espacios representarían el 6,24 del ciento por ciento de áreas a fumigar. Este número es prácticamente nulo para garantizar plenas garantías de participación, tal y como lo dice el Decreto 1076 de 2015, donde se señala que para la realización de las audiencias ambientales se debe realizar en la sede de la autoridad ambiental competente, alcaldía municipal, auditorios o en lugares ubicados en la localidad donde se pretende desarrollar el proyecto, obra o actividad, que sean de fácil acceso al público interesado”, indicaron. Le sugerimos: Glifosato: ¿qué tan cerca está Colombia de dejarlo de usar en el agro? Cuestionaron, además, el hecho de que la audiencia que se desarrollará en Florencia se replicará 16 veces, situación por la que ven poco probable la participación en doble vía, ya que los 17 lugares habilitados estarán solo al 50 por ciento de su capacidad. Solicitaron que se suspenda de nuevo este proceso, hasta tanto no estén dadas las condiciones para garantizar de manera real y efectiva la participación de las comunidades afectadas. Señalaron que tampoco resulta pertinente realizarla en medio de las restricciones que impone la pandemia por la covid-19.
Retomar la aspersión aérea con glifosato es la estrategia a la que le apuesta el Gobierno para disminuir los cultivos de uso ilícito. Foto: archivo/ Semana. A esta petición también se unió otro grupo de organizaciones nacionales, regionales y locales en representación de los indígenas afros y campesinos. Jenifer Mojica, coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), informó que hace dos días le fue presentada una solicitud al juez que se encuentra realizando el seguimiento a la tutela, insistiéndole en que tiene que hacer cumplir el fallo del Tribunal Administrativo de Nariño porque - según ella - no se ha cumplido en lo referente a la masificación de la información y la participación, así como en el otorgamiento de las garantías para que este proceso se pueda adelantar en medio de la pandemia y con las limitaciones tecnológicas existentes. "Las comunidades rurales siguen denunciando que no tienen acceso al expediente de la información que va ser consultada. En cuanto al tema indígena, no se han hecho las correspondientes consultas previas, aclarando que sí procede este procedimiento porque se hizo un cruce de información entre las zonas que estarían sometidas al programa de fumigaciones con las zonas que están siendo solicitadas por resguardos indígenas para ser constituidas como tal y se encontró que hay un traslape enorme y no accidental como lo han querido hacer ver", apuntó. Le puede interesar: Tres razones por las que organizaciones civiles rechazan el glifosato La abogada señaló que las garantías no solo implican un escenario de participación masivo, sino que las personas que resultarían afectadas y los interesados también pudieran conocer el expediente ambiental, tener acceso a los mapas, a los estudios y a las propuestas de planes de manejo. "Eso se debe garantizar antes de la audiencia y no se ha hecho. Eso también se le está haciendo ver al juez en la solicitud", resaltó. Afirmó que, adicionalmente, se requiere que se le brinde asesoría, pedagogía y acompañamiento a las comunidades que no tienen la capacidad científica y técnica para leer e interpretar un expediente ambiental de esa naturaleza. "Esto es ideal para que la gente pueda opinar con conocimiento de causa y no simplemente con el mismo miedo que todos tienen, pero sin argumentos", sostuvo.
La fumigación aérea con glifosato se encuentra prohibida en Colombia desde 2015 por la Corte Constitucional. Foto: archivo/Semana. Mojica consideró igualmente importante que la Policía, la Anla y el Gobierno en general, deben tener una actitud dispuesta a negociar el plan de manejo ambiental, así como las medidas de mitigación y prevención con las comunidades. "No es solo adoptarlo desde el escritorio y socializarlo en dos o tres reuniones de tres horas, es discutir y hablar con la comunidad para generar una construcción participativa del plan, que recoja los sentires y saberes de la gente en el territorio, pues son las comunidades que han sido afectadas las que pueden plantear medidas de mitigación acordes a su realidad y necesidades", expresó. Le recomendamos: Glifosato: Ordenan a la Anla de nuevo suspender audiencia pública Para la abogada también es fundamental que el Gobierno acuerde con las comunidades la metodología de socialización y participación, ya que "la institucionalidad ha pensado una participación muy desde Bogotá, como operan las entidades gubernamentales, pero en necesario que haya una retroalimentación que tenga incidencia para incorporar. Esto se debe discutir con las organizaciones existentes en las regiones", resaltó. Hasta tanto no se cumpla con la debida socialización y todas las medidas establecidas por el Tribunal Administrativo de Nariño, en segunda instancia, no se podrá adelantar la audiencia pública, según las organizaciones que representan a las comunidades potencialmente afectadas. Recogen firmas A través de la plataforma change.org, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo lanzó una petición dirigida al Juzgado Segundo Administrativo de Pasto, la Policía Nacional, los ministerios de Ambiente, Salud y Defensa, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional de Estupefacientes para que suspenda la audiencia virtual a la que convocó nuevamente la Anla. La meta es recoger el mayor número de firmas para respaldar la petición. La iniciativa ha sido complementada por una twitteraton organizada por varias organizaciones y ya cuenta con el apoyo de varios líderes de opinión, ambientalistas, académicos y políticos.
Bajo el #ElGlifosatoNosMata se le está exigiendo al gobierno de Iván Duque respetar los fallos judiciales y frenar en su intención de asperjar con glifosato en 104 municipios, de 14 departamentos del país.