Universidades incendiadas, 200 heridos, más de 50 detenidos, seis muertos, choques entre manifestantes y policías, disturbios en todas partes y ninguna salida a la vista. Este es el panorama en India. La llamada Ley de Ciudadanía, más conocida como ley antimusulmana, sacudió los cimientos mismos de uno de los países más pluriétnicos y grandes del mundo. Y, sobre todo, de su ejemplar Constitución secular, ahora en riesgo por el nacionalismo hindú.
A finales de diciembre, el Parlamento, con mayorías del Partido Bharatiya Janata (BJP, por su sigla en inglés) del primer ministro, Narendra Modi, aprobó la polémica norma con la que millones de inmigrantes ilegales de varias minorías religiosas (hindúes, sijes, budistas, parsis y cristianos) provenientes de Afganistán, Bangladesh y Pakistán obtendrán la ciudadanía india.
“Quiero asegurarles a mis compatriotas indios que la Ley de Ciudadanía no afecta a ningún ciudadano ni a ninguna religión. Ningún indio tiene que preocuparse. La ley solo va dirigida a los que han sufrido años de persecución en el extranjero y carecen de otro lugar al que acudir más que a la India”, insistió Modi. Sin embargo, olvidó hablar de la letra pequeña en el documento: 200 millones de musulmanes en India quedan automáticamente excluidos de la ley y, por lo tanto, en riesgo de apatridia. Por si fuera poco, por primera vez en décadas, la religión será un factor determinante para obtener o no la ciudadanía en la democracia más grande del mundo.
“Hoy es un día oscuro para la historia de India. La ley supone la victoria de los estrechos de mente y los intolerantes sobre el pluralismo indio”, dijo la emblemática Sonia Gandhi, perteneciente a una familia de influyentes políticos y presidenta del opositor Partido del Congreso. No es la primera vez que señalan a Modi de islamofobia, nacionalismo y violencia. Sus actos así lo demuestran. Por ejemplo, al quitarle en agosto el estatus autónomo a la región de Cachemira, de mayoría musulmana, desató un conflicto que no ha cesado. Además de constantes enfrentamientos militares en la frontera.
David Castrillón, investigador del Observatorio de Análisis de Sistemas Internacionales de la Universidad Externado y miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, le dijo a SEMANA que “el BJP es un partido de corte nacionalista creado en 1980 como el ala política del RSS, una organización paramilitar que tiene como objetivo hacer de India un Estado oficialmente hindú”. En un país en el que por lo menos 267 millones de personas no profesan el hinduismo, esta posición ortodoxa resulta peligrosa y abre la puerta a una fragmentación social y hasta territorial.
Por ahora, en los estados del noreste temen que la ley acabe con la cultura local al atraer masivamente inmigrantes hinduistas. Solo en Bangladesh hay 16 millones de ellos. Su llegada podría provocar cambios culturales radicales, políticos, en el empleo, la educación y los subsidios si no se hace el trámite con cuidado, afirman varios internacionalistas. Las consecuencias ya se empiezan a notar. Las regiones de Assam y Tripura han sufrido los peores disturbios hasta ahora. El Gobierno cortó internet y decretó un largo toque de queda, las detenciones ilegales están a la orden del día y varias personas se declararon en huelga de hambre. El levantamiento popular llegó a nueve estados más y a enormes ciudades como Delhi, Calcuta, Mumbai o Hyderabad. El abuso policial, que no es nuevo en el país, tampoco se hizo esperar. Un grupo de fuerzas especiales entraron a la Universidad Jamia Millia Islamia, musulmana de origen, e hirieron a 200 estudiantes que estaban en una huelga pacífica contra el régimen del terror que está implantando el primer ministro.
Ya lo dijo The New Yorker en un reciente artículo: “Narendra Modi no es un dictador, pero, al desplegar una retórica antimusulmana, logró persuadir a la mayoría hindú para que le diera un poder ilimitado. Castró al Poder Judicial, intimidó a sus críticos y sofocó a la prensa independiente”.