El pasado 25 de octubre, los chilenos votaron por reescribir su constitución y lo hicieron por amplia mayoría (el 78% aprobó cambiar la carta magna), revelando el gran descontento social que hizo emergente las protestas y la solicitud de una constituyente un año atrás. Además, el pueblo del país austral optó por el establecimiento de una convención integrada por 155 ciudadanos (no diputados) para reformar su constitución, reiterando el descontento contra la clase política y el statu quo. Los integrantes serán elegidos el próximo 11 de abril y, una vez se integre la asamblea a mediados de mayo, esta tendrá hasta un año para redactar una nueva carta, que será sometida a un referéndum para su ratificación, probablemente en 2022. Tras el resultado y hasta el cierre de esta edición, el peso chileno se había revaluado un 3% y la bolsa había caído un 5%. Es un resultado moderado, debido a que los mercados estuvieron concentrados en las elecciones en Estados Unidos. No obstante, para analistas como Juan David Ballén, de Casa de Bolsa, el potencial segundo retiro de pensiones, una segunda ola de la covid-19 y la gran incertidumbre política y social sobre la nueva constitución, así como el tipo de reformas que vendrá, podrían deteriorar la confianza, el consumo y el desempeño en la economía chilena. La gran pregunta es si Chile va a continuar con políticas de libre mercado o, por el contrario, se avecina un cambio en su estrategia económica hacia un modelo más estatista. La preocupación de los analistas es que las mayores demandas sociales traigan un desbordamiento del gasto público que ponga en riesgo la tradicional estabilidad macroeconómica del país. Lea también: Comisión chilena aprobó el segundo retiro del 10% de ahorro pensional Para algunos analistas, el requisito de la mayoría de dos tercios para aprobar cada artículo ayudará a evitar virajes extremos, pero también podría significar desafíos importantes al intentar llegar a un acuerdo. Pese a ello, sin duda, la nueva constitución probablemente buscará darle más peso al papel del Estado en la provisión de servicios sociales. Más considerando las secuelas dejadas por la pandemia. Las discusiones se darán en medio de un escenario de contracción de la actividad con una caída del PIB chileno del 5,5% este año, acompañada de un crecimiento de la misma magnitud en 2021. Todo ello por cuenta de la pandemia. Las lecciones Durante años, Chile ha sido el país de mostrar de la región y el modelo a seguir para sus vecinos. Se hablaba del “milagro chileno”, fruto de la implementación de un modelo de economía de mercado llevado al extremo. Con este, el país austral alcanzó niveles de ingreso per cápita similares a los de varias naciones europeas y consiguió bajar las tasas de pobreza a algunos de los niveles más bajos del continente. No obstante, Chile se caracteriza por ser un país muy desigual, con una concentración de la riqueza considerable. Según la Cepal, por ejemplo, el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país. Para unos, esto muestra el fracaso del modelo de libre mercado y recuerda cómo en las manifestaciones había consignas como que “el neoliberalismo nació en Chile y va a morir en Chile”, poniendo en evidencia que el desarrollo no ha dejado satisfecho a todos. Esa parece ser la paradoja del modelo austral.
La comisión será elegida el 11 de abril y deberá ser equitativa entre hombres y mujeres. Para otros, lo que muestra es que los extremos no son buenos, por lo que se necesita que el Estado cumpla en verdad su función redistributiva y avance en cumplir las expectativas de la población, pues no ha habido una respuesta de los gobiernos y los políticos a esta problemática que se arrastra por décadas. Se percibe una pérdida de credibilidad en la clase política y que esta abusa de sus privilegios. Según analistas chilenos, mucha gente salió de la pobreza, pero sigue siendo muy vulnerable. Es clase media, pero una clase media precarizada que tiene bajas pensiones, altos niveles de deuda y sueldos muy bajos. Problemas que la pandemia visibilizó y ha agravado, lo cual significará que mucha gente va a volver o ya volvió a la pobreza. Humberto de la Calle le dijo a la BBC que, si se miran las protestas en Chile y Colombia durante el último año, más que una búsqueda por un modelo concreto, lo que se pide es un cambio en la cultura política. De hecho, para uno de los cerebros de la Constitución de 1991, hay elementos que comparten ambos procesos constituyentes: una crisis institucional del sistema político, una profunda desigualdad y la existencia de diversos grupos minoritarios que no tienen cabida en el entramado estatal. Para Carolina Cepeda, profesora de la Universidad Javeriana, otra de las cosas que muestra lo ocurrido en Chile es la importancia de la protesta social como una vía para lograr cambios y transformaciones. Sin embargo, esto no quiere decir que la región va a empezar un curso de reformas constitucionales. Mientras la constitución chilena era una herencia del régimen militar de Pinochet en la década del ochenta, las constituciones en muchos países son relativamente jóvenes. Le recomendamos: Moody´s cree que nueva constitución chilena afectaría la inversión En Colombia, la constitución tiene algunas contradicciones, pero satisface la demanda de varios sectores, solo grupos de la derecha más radical o de las Farc, en su momento, son los que han pedido una constituyente. Sin embargo, acá las protestas no son contra la Constitución, sino precisamente todo lo contrario, para que esta se cumpla. La gente quiere un medioambiente sostenible, acceso a servicios básicos, respeto a los derechos humanos y cumplimiento del acuerdo de paz, afirma Cepeda. Por tanto, la protesta social se ha incrementado, no por una simple cuestión de imitación, se ha vuelto más recurrente para abrir canales de participación que están cerrados, especialmente para algunos grupos minoritarios. Por esto, para Cepeda lo ocurrido en Chile también representa un llamado de atención a la necesidad de que el Gobierno abra verdaderos espacios de diálogo social y busque acuerdos sobre algunos mínimos fundamentales. Sin duda, será necesario seguir de cerca el proceso constituyente de Chile, pues puede marcar la agenda pública y las discusiones que se darán en la región en los próximos meses.