Según la entidad, la capacidad de los pueblos indígenas para sobreponerse a las pandemias del pasado y del presente ejerciendo su derecho a la libre determinación jurídica, política y ontológica está amenazada. Por lo que, según organismos nacionales e internacionales, como la Relatoría Especial sobre Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y la Corte Constitucional de Colombia, estos pueblos enfrentan un riesgo inminente de exterminio físico y cultural. Y entidades como la Organización internacional del Trabajo (OIT) dice que los más de 476 millones habitantes de pueblos indígenas del mundo están amenazados por la pandemia de la covid-19, entre otras razones, porque más del 86% trabaja en la economía informal sin protección social y porque la mayoría carece de acceso a atención sanitaria culturalmente adecuada y a información sobre el virus en su idioma nativo. Lea también: Berkshire Hathaway (Warren Buffett) perdió US$23.451 millones en primer semestre Además, que organizaciones Indígenas del sur y el norte global explican que la pandemia ha interrumpido las actividades tradicionales causando inseguridad alimentaria, y las mujeres indígenas se han visto particularmente afectadas debido al aumento de la violencia intrafamiliar y el acoso sexual. Por otro lado, la Unidad para las Víctimas aseguró que, en el Registro Único de Víctimas, 383.585 personas se autorreconocen con pertenencia indígena, que acceden a las rutas y medidas diseñadas para brindar atención, asistencia y reparación integral a los pueblos y comunidades indígenas afectados por el conflicto armado. Por lo que, Ramón Rodríguez, director de la entidad, indicó que, con el fin de atender a estas poblaciones, “se viene trabajando en proyectos para la prevención y la protección a entidades territoriales con población étnica”. Le puede interesar: Así se prepara Aruba para recibir turistas del mundo “En el 2019 fue beneficiada población indígena en siete municipios de cuatro departamentos, en ocho proyectos con una inversión total $766 millones”, agregó. Recomendaciones de Dejusticia En ese contexto, el centro de estudios asegura que el Estado debe promover metodologías interculturales que tengan en cuenta los saberes ancestrales y las medicinas tradicionales con miras a proyectar políticas públicas diferenciales. Por lo que, no se debería implementar ninguna medida en medio de la crisis, sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Además, de apoyar y promover las iniciativas comunitarias de monitoreo de la pandemia, cooperando activamente con la ONIC, con el objetivo de tomar en cuenta las realidades territoriales de los pueblos indígenas. Le recomendamos leer: Brigard Urrutia, la firma de abogados con mayor valor de transacciones También, es necesario priorizar la implementación de Unidades de Cuidados Intensivos en los centros de salud y hospitales de la región del Amazonas y el Pacífico colombiano, procurando contar con personal con experiencia en medicina intercultural y/o territorios étnicos, con el objetivo de atender los casos críticos de pacientes indígenas, y garantizar la presencia de las instancias representativas de los pueblos indígenas en los espacios decisorios del manejo de la pandemia y la pos-pandemia. Por otro lado, el Estado debe asegurar el derecho de los pueblos indígenas de continuar o de optar por el aislamiento voluntario, ofreciendo, a la vez, todas las condiciones para evitar que la pandemia llegue a los territorios de los pueblos no contactados, junto con la renta básica de las familias de las comunidades indígenas rurales y urbanas que carecen de sustento diario y/o que no tienen posibilidades de trabajar.