La semana pasada el Gobierno chileno anunció que no firmaría el Acuerdo de Escazú, una decisión que generó sorpresa y sinsabor entre los ambientalistas chilenos y la comunidad internacional, pues este país, junto con Costa Rica, fue su promotor desde 2012. El pasado sábado 26 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, finalizó el período para que fuera firmado. Sin embargo, para que pueda entrar en vigencia, se necesita la ratificación de 11 Estados. Pero, ¿en qué consiste el primer tratado que pretende dar una respuesta a un conflicto que se extiende por una región en la que se asesinaron a unas 150 personas en 2019 por defender las zonas protegidas? Lea también: Chile destinará US$2.000 millones para un plan de subsidio al empleo Dicho acuerdo, formalmente llamado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, fue adoptado el 4 de marzo en San José, Costa Rica, por representantes de 24 países y busca implementar el principio 10 de la Declaración de Río, adoptada en la Cumbre de la Tierra de 1992. Su objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en la región de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales. También busca crear y fortalecer las capacidades y la cooperación para contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medioambiente sano y al desarrollo sostenible. El acuerdo es considerado un instrumento legal inédito para la región y representa el primero vinculante que protege a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales y establece garantías que protegen su labor. En resumen, este instrumento impone obligaciones para proteger la vida y seguridad de los líderes ambientales y además avala investigar y castigar cualquier agresión contra los defensores. Hasta ahora, 23 países de América Latina y el Caribe (de 33) ya lo firmaron y 10 lo ratificaron a través de sus Congresos: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Uruguay y Argentina, que lo ratificó el jueves 24 de septiembre. Otros países como Colombia, Brasil y México, que registran altos índices de crímenes contra líderes y defensores y defensoras del ambiente, están en proceso de ratificación. Particularmente en Colombia, el Gobierno de Iván Duque accedió a firmar el acuerdo a finales de 2019 luego de las intensas movilizaciones sociales en todo el país. Le puede interesar: Ocde: tecnología digital mejoraría productividad en Latinoamérica El sábado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) notificó que “dadas las actuales circunstancias excepcionales” por la pandemia de coronavirus, la Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas indicó que no se realizarían las “Jornadas de los tratados con ocasión” del debate general del 75º período de sesiones de la Asamblea General. Pero indicó que no obstante, la firma del Acuerdo de Escazú seguiría siendo posible en la sede de la ONU en Nueva York “bajo estrictas medidas diseñadas para garantizar la salud y seguridad de los representantes de los Estados miembros y del personal de la Organización”. ANADOLU