Se trata de la segunda reserva de gas "shale" más grande del mundo y la cuarta de petróleo no convencional, por lo que constituye una suerte de El Dorado para este país recurrentemente golpeado por crisis económicas y urgido de divisas. Pero sus habitantes alertan sobre los efectos que deja la fracción hidráulica, una técnica controvertida y bajo la lupa de los ambientalistas.
"Dicen que ese recurso les pertenece y que de eso depende la economía del país. Pero afectaron al ecosistema. Se contaminó el agua, el aire, se secaron las plantas, aparecieron enfermedades que antes no había. Perforan, se van y quedamos nosotros", señala Lorena Bravo, vocera de la comunidad mapuche de Campo Maripe, que se ha enfrentado a las petroleras e intenta detener la actividad. El yacimiento Vaca Muerta se extiende sobre 30.000 kilómetros cuadrados en la Patagonia, entre las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. Representa 43% de la producción total de petróleo (505.000 barriles diarios en julio) y 60% de la de gas (144 millones de metros cúbicos de gas). "Ilegal en tierra mapuche" Añelo era hace años un pequeño caserío en medio del desierto patagónico, en el que se vivía del pastoreo de cabras y corderos. Hoy se ha transformado en un pueblo de 8.000 habitantes, la gran mayoría venidos de fuera, donde abundan los hoteles para los trabajadores petroleros y se levanta un enorme casino. En los alrededores viven indígenas mapuches que reclaman el derecho sobre sus tierras y aseveran que han debido desplazarse por la contaminación que causa la fractura hidráulica, necesaria para la extracción de los hidrocarburos no convencionales.
"El fracking es una actividad ilegal en territorio mapuche. No se cumplió con nuestro derecho a ser consultados", asegura categórico Jorge Nahuel, uno de los líderes de la Confederación Mapuche de Neuquén. "Nuestros territorios se encuentran sobre un lago de combustible. El resultado es contaminación y muerte. Los animales nacen con malformaciones", sostiene. Tierra fértil, tierra arrasada Otras poblaciones cercanas como Allen y Fernández Oro han visto disminuir sus campos de frutales ante el avance de las petroleras, que alquilan o compran las fincas para explotación. A fines del siglo XIX, esas tierras áridas de las que con matanzas se había expulsado a los mapuches se volcaron a la agricultura con un sistema de irrigación por canales, alimentado por aguas tomadas al río Neuquén. Con inmigrantes europeos, el lugar se transformó en la principal zona de cultivo de manzanas y peras de Argentina. "La actividad petrolera tiene mucha historia en la región, pero siempre había sido en zonas despobladas. Más allá del fracking, en los últimos siete u ocho años el cambio ha sido el acercamiento de la explotación a los centros poblados y a las zonas de producción agrícola intensiva", explica Agustín González, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue. Según este experto, en 30 años se han perdido 20.000 hectáreas productivas y ello tiene efecto en el calentamiento global. "Por las características de los cultivos -que tienen una protección natural de los vientos con barreras de álamos y que reciben un riego por inundación de los campos que hace crecer pasto silvestre- los suelos de las chacras acumulan entre 3% y 4% de materia orgánica, frente a 0,5% del suelo desértico", refiere. "Eso implica 1.200 kilos de secuestro de carbono por año y por hectárea en el cultivo de la manzana, por ejemplo", indica González.
Mariano Lavín, alcalde de Fernández Oro, se ha opuesto frontalmente a la actividad petrolera en su municipio, dedicado hasta ahora a manzanas, peras, lúpulo y viñedos. "Después de la actividad petrolera, la tierra ya no es recuperable", dice con angustia Lavín, quien se dispone a aprobar un nuevo código de ordenamiento territorial que regule dónde y en qué condiciones se puede desarrollar. "Se trata de una actividad muy particular, que solo se puede explotar con fracción hidráulica. Necesita restricciones", explica. Aunque la actividad petrolera deja regalías a las provincias y a los municipios en los que se realiza, para Lavín ese no es atractivo suficiente. "Preferimos la pera, la manzana, el vino y la cerveza", afirma. Sauzal Bonito es una pequeña población de una sola calle asfaltada cerca de la hidroeléctrica y embalse Los Barreales. Allí, las casas muestran grietas y los habitantes se quejan de continuos sismos que antes no sentían. "Hace tres años comenzaron los temblores. En mi casa ha habido daños, se caen pedazos de pared", relata Marisol Sandoval, madre de dos niños. En el pueblo, el gobierno provincial repuso ya tres casas que quedaron inhabitables. "Las nuestras son construcciones viejas, las casitas son de adobe. Estamos en una zona petrolera. Deberían al menos venir a darnos una charla", reclama Sandoval.
A las afueras de Allen, Roxana Valverde, trabajadora del campo de 44 años y con seis hijos, también habita una casa precaria y fracturada. "El fracking afectó mucho. Tenemos casas destruidas y otras con rajaduras en las paredes por la vibración del paso de camiones. Hay muchos niños con problemas respiratorios. Han bajado los cultivos, hay muchos descampados que antes eran chacras de fruta y verdura", describe. "Hemos intentado comprar en otro lado, pero como estamos rodeados de petroleras todo está muy caro y no hay dónde ir", se lamenta Valverde.