El apagón que registró Venezuela en la tarde del pasado jueves 7 de marzo ya estaba cantado. Aunque el gobierno de Nicolás Maduro lo sigue atribuyendo a una conspiración de Estados Unidos y el líder de la oposición Juan Guaidó, y mientras se desconoce aún la causa específica que lo originó, expertos venezolanos tienen sus propias conclusiones: es el resultado de una combinación de falta de mantenimiento, mala gestión, desfalco y desinversión en el sistema eléctrico venezolano. Este sábado 9 de marzo, el país volvió a enfrentar cortes de energía generalizados. Estas afirmaciones están contenidas en un estudio “Venezuela en apagón: desinversión, falta de mantenimiento y desfalco” de Transparencia Venezuela elaborado por Simón Saturno y bajo la coordinación de Manuel Sánchez, que detalla los principales problemas que ha registrado en los últimos años el sistema energético de ese país debido a: Una mala planificación La toma de decisiones sin el conocimiento técnico adecuado El nombramiento de personas poco idóneas El aplazamiento de gasto e inversión en el mantenimiento del sistema Incluso la desviación de estos recursos.
Todo este conjunto de malas decisiones provocó el apagón más largo que ha vivido Venezuela en tiempos recientes, pues tras 24 horas a oscuras, apenas en la tarde el viernes comenzaba a restablecerse el servicio en algunos estados y en buena parte de Caracas, la capital. Pero después de 40 horas sin energía, este sábado seguían desconectadas importantes ciudades industriales como Maracaibo y Barinas. Aunque se desconoce la causa exacta de la falla que se registró el pasado jueves, todo apunta a que una sobrecarga en el uso de la hidroeléctrica de Guri sería el principal problema. Se trata de la mayor generadora de energía del país, construida en la década del 60, que desde hace más de 10 años ha presentado constantes fallas debido a la falta de inversiones y un manejo inadecuado, que ha provocado estrés en el sistema. El estudio asegura que la verdadera causa de que el país permanezca a oscuras obedece a la “falta de mantenimiento de los equipamientos de generación y transmisión, y de las inversiones requeridas para la expansión del sistema eléctrico nacional”. Desde 1999, según el estudio, no se avanzó con el Plan de Expansión de Generación y Transmisión del Comité de Planificación del Contrato de Interconexión, previsto para los siguientes 10 años, y esto condujo a un “déficit de generación para satisfacer la demanda eléctrica nacional. Al no hacerse esas inversiones, el uso del embalse de Guri se hizo intensivo hasta el punto de amenazar su operatividad y no tardaron en producirse interrupciones del servicio que afectaban a varios estados del país”. No es el único apagón que ha registrado el país en los últimos años, aunque sí se trata de uno de los más severos por la prolongada desconexión y porque aún se desconocen sus consecuencias. En la última década el sistema energético venezolano ha enfrentado múltiples fallas cada año, pero aquellas con mayores efectos en la economía y el bienestar de los venezolanos se registraron en 2010, 2016 y en la que acaba de presentarse el pasado jueves. En 2010, cuando todavía estaba en el poder Hugo Chávez, también se presentaron frecuentes apagones que provocaron descontento popular y protestas por parte de los empresarios, que resultaron gravemente afectados. También en ese momento fueron atribuidos por el gobierno a una ‘guerra económica’ declarada por la oposición, pero que los expertos no dudaron en atribuir al mal manejo y falta de inversión. Para enfrentar la crítica situación eléctrica, en enero de 2010, Chávez tuvo que acudir a un decreto que restringió el horario laboral de la administración pública tanto nacional como regional, y redujo la jornada de trabajo de 8 de la mañana a 1 de la tarde, y así mismo anunció un cambio en la hora para los venezolanos, para ganar media hora de luz y paliar el duro impacto de las constantes fallas de energía. En 2016, cuando volvieron las amenazas de apagón por falta de mantenimiento, el gobierno de Nicolás Maduro acudió a la inversión en plantas térmicas, pero buena parte de estos recursos se perdieron debido a la inadecuada planificación y al desconocimiento técnico de los encargados de sacar adelante esta infraestructura. Lea también: Venezuela tardaría 10 años en recuperarse Lo cierto es que desde 2010, cuando el gobierno creó un operador único de todas las actividades del servicio eléctrico, es decir generación, transmisión, distribución y comercialización, y puso en cabeza de Corpoelec estas funciones, la crisis se ha agudizado. Corpoelec es una empresa estatal que no ha tenido un manejo técnico, de acuerdo con los expertos del sector, al punto que hoy es presidida por el mayor general Luis Motta Domínguez, un militar de alto rango que además funge como ministro de Minas y Energía. Mientras en casi todo el mundo el titular del Ministerio de Minas no tiene que ver con las empresas encargadas de prestar servicios eléctricos pues se convierten en juez y parte, critican los investigadores, quienes creen que se han tomado malas decisiones pues no solo se trata de una persona que desconoce el sector -es un militar- sino que además no tiene quién vigile sus decisiones. Para expertos y buena parte de la prensa venezolana, el nombramiento de un militar en un cargo tan estratégico para la seguridad nacional del país como es el manejo del sistema eléctrico nacional constituye un craso error y es una de las principales causas del caos y la oscuridad que hoy registra este sector. A propósito, el exministro de Minas venezolano, Rafael Ramírez, puso un mensaje en su cuenta de Twitter manifestando su inconformidad ante la situación:
De sector estrella a sector estrellado En el estudio de Transparencia Venezuela, los expertos hacen un recorrido del desarrollo que ha tenido el sistema eléctrico desde hace más de 130 años, cuando se fundó en Maracaibo la primera compañía privada de energía, encargada de prestar un servicio continuo y no esporádico del servicio a hogares, comercio y empresas. Detalla además las distintas etapas por las que pasó durante el siglo XX este sector, que nació por la iniciativa de empresas privadas que decidieron invertir en empresas eléctricas para vender el servicio al sector público. Aunque durante buena parte del siglo pasado se mantuvo el esquema privado en la prestación del servicio, hacia 1976 arrancó un proceso de privatización de buena parte de las compañías, cuando el gobierno decidió rescatar algunas y emplear recursos públicos para ampliar la cobertura en el país. Le puede interesar: Venezuela sin luz Las pocas compañías que hasta 1999 se mantuvieron en manos del sector privado comenzaron a pasar al sector público, tras la llegada al poder Hugo Chávez Frías, quien procedió con la estatización de cientos de compañías. “Luego de varias etapas de estatización –en la última mitad del siglo XX y entre 2007 y 2009– de las empresas que aún quedaban en manos privadas, el sector desemboca en la situación actual, en la que existe una única empresa prestadora y la calidad del servicio parece acercarse irremediablemente a la de sus orígenes decimonónicos: alumbrado público precario o insuficiente y suministro de electricidad sólo durante algunas horas del día”, aseguran los expertos. Pero no ha sido solo falta de recursos. También se han dilapidado los recursos asignados por los gobiernos chavistas al sistema. De acuerdo con el estudio, “los resultados de la estatización total del sector eléctrico emprendida a partir de 2007 se hicieron evidentes con la crisis del sistema eléctrico en el año 2016, luego de que en el lapso 2010-2015 el gobierno realizara inversiones de más de US$40.000 millones en equipamiento de generación y transmisión, y a pesar de la advertencia que hiciera el Ministro Jesse Chacón al Presidente Nicolás Maduro (Punto de Cuenta 017-2015 del 16/05/2015) de la necesidad de tomar medidas para la recuperación de la generación térmica requerida para afrontar la disminución previsible de la generación hidroeléctrica en el Bajo Caroní en el próximo verano 19”. Le recomendamos: De mal en peor Para los investigadores, después de un año de tomar la decisión de recuperar el parque termoeléctrico, “no quedó otra opción que sobreexplotar el embalse de Guri hasta casi alcanzar niveles de colapso, que obligaron a detener unidades de la central hidroeléctrica para evitar daños mayores a la instalación”. Por eso recomiendan que las decisiones en materia de operación del sistema eléctrico venezolano deben guiarse con criterios técnicos y no con base en temas eminentemente políticos, lo que no hubiera ocurrido si se hubiera conservado “el esquema de coordinación de operación del contrato de interconexión y sus empresas suscriptoras”, concluyen.