Tras cinco meses de conciliación entre Empresas Públicas de Medellín (EPM) y los constructores, diseñadores e interventores del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, este viernes se anunció que no se logró llegar a un acuerdo entre las partes. De esta forma, EPM continuará con la demanda por $9,9 billones en contra de la empresa brasileña Camargo Correa y las locales Conconcreto, Coninsa Ramón H, Integral-Solingral e Ingetec-Sedic. El anuncio lo hizo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien dijo: “iniciamos un proceso de conciliación en la que se pretendía que, de forma amistosa entre contratistas y EPM, se llegara a un acuerdo de modo que estos recursos se recuperaran. Ese proceso, que se instauró ante la Procuraduría, acaba de terminar sin éxito y por tanto EPM iniciará el proceso de demanda con el objetivo de recuperar $9,9 billones”. Hay que recordar que según el gerente general de EPM, los $9,9 billones surgen por daños emergentes, maquinaria, préstamos, intereses, atenciones a las 4.000 personas afectadas, pagos a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la no venta de energía, entre otros. Le puede interesar: Venta de la participación de EPM en UNE es “prácticamente un hecho” Además, según lo informado en agosto de 2020 por la dirección de EPM, se identificó que muchos agentes conocieron que durante el desarrollo constructivo del proyecto había problemas para cumplir con el inicio de la operación comercial de las unidades de generación de energía. Esta es la mayor demanda emitida por una entidad pública en la historia de Colombia. El escándalo de Hidroituango viene desde 2018 cuando se ocasionó la emergencia en el proyecto hidroeléctrico que se espere genere un tercio de la energía del país. Tal ha sido el problema que el pasado 3 de diciembre la Contraloría reconoció que a futuro, el modelo financiero del proyecto Hidroituango seguirá presentando un valor presente neto negativo. Esto, después de imputar a 28 actores relacionados con la obra por un valor de $4,1 billones. Los resultados presentados involucran a 28 personas, entre naturales y jurídicas, entre las que están exgobernadores de Antioquia, exalcaldes de Medellín, exgerentes y altos mandos de Empresas Públicas de Medellín, y las empresas involucradas en el desarrollo de la obra. Le puede interesar: Contraloría: Hidroituango seguirá generando pérdidas en el futuro Renovación de contratos Sin embargo, y aunque para la Alcaldía de Medellín y EPM los constructores sabían de los problemas de la obra desde mucho antes del 2018, el pasado mes de diciembre la compañía informó la renovación de los tres contratos principales de Hidroituango, lo que levantó dudas sobre el proceso en la Procuraduría. Los tres contratos son: Asesoría durante la construcción del proyecto Ituango, cuyo contratista es Consorcio Generación Ituango (Conformado por las firmas Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S. e Integral Ingeniería de Consulta S.A.). Servicio de Interventoría durante la construcción de las obras civiles y el montaje de los equipos electromecánicos del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. Contratista: Consorcio Ingetec-Sedic, demandados por EPM. Construcción de la Presa, Central y Obras asociadas del Proyecto Hidroeléctrico Ituango Contratista: Consorcio CCC Ituango. (Conformado por las firmas Camargo Corrêa Infra S.A, Constructora Conconcreto S.A. y Coninsa - Ramón H. S.A.), demandados por EPM.
Los tres contratos se ampliarán hasta el 31 de diciembre del año 2021 y durante el transcurso del mismo año se buscará la ampliación de estos contratos en la medida en que en EPM se tengan los recursos presupuestales asignados y se cumplan todos los requisitos técnicos y legales correspondientes. EPM estima que las primeras dos unidades de generación de energía comiencen a operar en 2022, con lo que la represa estaría en funcionamiento para ese entonces. Le puede interesar: EPM comenzó el ingreso de equipos a la casa de máquinas de Hidroituango