La ambición de ganar más dinero se ha convertido en un problema para algunos comisionistas de bolsa que parecen no haber aprendido la lección de los grandes escándalos que recientemente sacudieron el mercado colombiano. Si bien esta vez es una situación mucho más pequeña y con una cantidad de víctimas reducida (12 clientes), el modus operandi es el mismo: utilizar los recursos de los clientes sin su autorización.La Superintendencia Financiera lleva un tiempo investigando y el pasado 4 de agosto la misma firma comisionista afectada, Valoralta, público en sus redes sociales que “el señor Carlos Eduardo Suárez Gutiérrez identificado con C.C. 80.416.733 no se encuentra autorizado para realizar operaciones en el mercado de valores como funcionario de Valoralta S.A., ni para asesorar, recibir órdenes, recibir o entregar recursos de clientes, así como tampoco para enviar extractos y/o papeletas de bolsa, suministrar información sobre operaciones o productos y/o adelantar cualquier otra actividad relacionada con éstas. Por lo anterior, solicitamos abstenerse de sostener comunicaciones con la citada persona para efectos de tratar temas relacionados con el mercado público de valores y el manejo de sus cuentas relacionadas con Valoralta S.A.”.Vea más: Lo que no sirve que no estorbeSuárez Gutiérrez, a quien en el mercado conocían como el “flaco Suárez” y quien se ha desempeñado como corredor de bolsa por más de 20 años, con experiencia en firmas como InterBolsa, Gesvalores y Proyectar, ya fue removido del registro de profesionales del mercado de valores. Su mala práctica, que está siendo investigada en la Superfinanciera y en la Fiscalía, habría consistido en recibir plata de algunos clientes e invertirla en negocios fuera de la firma, específicamente en temas inmobiliarios.El lío está en que algunos de los clientes a conciencia aceptaban este tipo de inversiones y otros estaban siendo engañados. El trabajo que viene ahora es el de conciliar las posiciones de los inversionistas y hacer la trazabilidad de los recursos, para que no terminen algunas personas pescando en río revuelto, pues es distinto haber entregado el dinero de forma voluntaria a ver reducir los montos de los extractos sin explicación alguna.Por ahora, se tiene estimado que las prácticas indebidas de Suárez Gutiérrez habrían generado un faltante de unos $10.000 millones y mientras se establece cuánto dinero fue usado sin autorización y cuánto fue movido con el permiso de los inversionistas, las autoridades ordenaron un “semi-embargo”, es decir, una inmovilización de activos de Valoralta, así como impedirles realizar operaciones de posición propia.Antiguamente esta comisionista se conocía como Asesorías e Inversiones. Tuvo una mala racha financiera y en 2014 empezó su recuperación de la mano de un nuevo socio, que hoy es el mayoritario y cambió la razón social. Se sabe que su beneficiario real es el venezolano Santiago Levi, a través de un vehículo financiero domiciliado en Panamá.Lea también: Juan Pablo Córdoba la BVC debe despertar más interésNo obstante, los resultados financieros no han sido favorables para Valoralta y hasta junio ocupaba el último lugar en términos de resultados financieros entre las 21 comisionistas que operan en el país, con pérdidas de $4.330 millones.Por este motivo, la Superfinanciera le había pedido, antes de que se descubrieran las malas prácticas de su ex corredor, que realizara una capitalización por $9.000 millones. Ese es el dinero que se tiene inmovilizado y que se usará para pagar a las víctimas del fraude y del que dispondrán directamente las autoridades.Puede interesarle: Interbolsa cinco años despuésContar con esos $9.000 millones merma la necesidad de intervenir a Valoralta, pues ya se habrían asegurado los recursos para las víctimas, al tiempo que se descartó cualquier impacto en los tres fondos de inversión colectiva de la firma, que en total tiene unos 60 clientes activos. No obstante, los accionistas de Valoralta tendrán que cumplir con la capitalización, pues de ella depende su viabilidad empresarial.