Un nuevo capítulo se abrió este viernes en el caso de las dos curules de los afrodescendientes, un auténtico novelón que ha dado todo tipo de vueltas por varios estrados judiciales, ante aparentes irregularidades en la elección de los candidatos María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco. Esta semana, la Fiscalía volcó su mirada a este asunto al abrir una investigación por la presunta falsificación de las actas de la Fundación Ébano, en la que se incorporaron como miembros de esta organización Bustamante y Orozco, con lo cual quedaron habilitados para ser candidatos a representar a la minoría afrodescendiente. La denuncia que llegó a la Fiscalía advierte que Bustamante y Orozco “falsificaron” el acta del 19 de octubre del 2011, en la que Funeco incorporó sus nuevos miembros. En ese entonces, María del Socorro Bustamante era candidata a la Alcaldía de Cartagena por otro movimiento político, lo mismo que Moisés Orozco, quien aspiraba a la Alcaldía de Yumbo (Valle). Tras el fracaso en las elecciones del 2011, los candidatos, según la denuncia, modificaron el acta, le cambiaron la fecha por la del 29 de noviembre y se incluyeron como nuevos integrantes de Funeco. Ese fue el documento que habrían presentado ante la Dirección de Asuntos de las Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, y que los habilitó para participar en las pasadas elecciones del Congreso para representar a esta minoría étnica. Lo particular de esta demanda es que fue interpuesta por el abogado José Manuel Abuchaibe, quien fue abogado de la propia María del Socorro Bustamante y al percatarse de las irregularidades de su poderdante decidió poner en conocimiento de la Fiscalía estas irregularidades. No es la única investigación que adelanta la Fiscalía respecto a las curules de las negritudes. También indaga la polémica decisión del conjuez del Consejo Superior de la Judicatura Diego León Villamarín, que esta semana ordenó la posesión de Orozco y Bustamante en las curules, la cual no se hizo efectiva pese al desesperado intento de los dos dirigentes investigados. De hecho, el conjuez fue relevado de sus funciones y podría ser investigado por posible prevaricato. De esta manera, es ahora la Fiscalía la que trata de establecer las irregularidades en la elección de estos dos candidatos. Y mientras tanto, los afrocolombianos llevan más de seis meses sin que nadie los represente en el Congreso colombiano.