Para nadie es un secreto que La Guajira es una de las regiones más pobres y olvidadas del país. Allá el agua no llega y los niños mueren de hambre y sed. La situación es devastadora y parece que no existiera ninguna solución para acabar con el drama constante de esta región. Y aunque todo lo que allá ocurre es indignante, en junio de este año se conoció algo peor: en los centros de primera infancia del ICBF de este departamento no se brindaban los alimentos en las mejores condiciones. Las autoridades encontraron que la alimentación que se ofrecía a los niños no era la adecuada, los tamizajes nutricionales eran falsos, los alimentos eran mal manipulados, había deterioro y falta de mantenimiento de las instalaciones y desaseo total. Pero a pesar de que el ICBF intentó poner un ‘tatequieto’ a lo que estaba ocurriendo, la situación continuó igual o, tal vez, peor. Por eso, este lunes el instituto canceló los contratos que tenía con 40 operadores que prestaban sus servicios a la primera infancia en este departamento. El anuncio lo dio a conocer la directora general de este organismo, Cristina Plazas Michelsen, durante una visita que realizó a La Guajira. “Hemos hecho una supervisión y encontramos que muchos operadores no han cumplido con la calidad a la que tienen derecho los niños y las niñas, por esta razón, 40 de los operadores dejarán de prestarnos sus servicios el próximo año”, afirmó. Sin embargo, Plazas dejó claro que habrá nuevos operadores que serán escogidos a través del Banco de Oferentes. Ellos deberán garantizar tanto la atención integral y de calidad, como un “enfoque diferencial, lo cual implica reconocer las realidades étnicas y culturales de cada territorio”. Aunque el ICBF está haciendo todo lo que está a su alcance para ponerles fin a la corrupción y al mal servicio que los centros de infancia prestan a los menores, la directora de esta entidad dejó claro que la desnutrición es un problema de salud pública e implica un trabajo articulado entre el Estado, organizaciones civiles, autoridades indígenas y padres de familia. “Exigimos a las EPS que cuando un niño entre a un hospital sea atendido integralmente y sólo sea dado de alta cuando esté curado y recuperado nutricionalmente. También hacemos un llamado a todas las entidades de órdenes nacional, departamental y municipal, a las organizaciones de la sociedad civil, a las autoridades indígenas y a los papás y a las mamás, porque si no trabajamos todos articuladamente para proteger a los niños y niñas, ellos seguirán en riesgo”, afirmó. Hablan los especialistas Durante el evento en el que Cristina Plazas hizo el anuncio, los pediatras Abdul Dasuki y Martha Fayas aprovecharon para reiterar la importancia del trabajo articulado de las organizaciones. “La carga toda se la está llevando el ICBF porque no se ha hecho un trabajo articulado, aquí hay mucha responsabilidad de las EPS, de las IPS, de los operadores encargados de nutrición, de los Entes Territoriales,  hay que hacer seguimiento a todos los programas de promoción y prevención para sacar esta gran problemática que afecta a la niñez”, afirmó Dasuki. Así mismo, señalaron que se deben crear más centros de recuperación nutricional y fortalecer la educación. “Estamos trabajando con poblaciones indígenas con bajo nivel socioeducativo, hay una barrera cultural que se puede superar con educación”, afirmó Martha Fayas, que aprovechó para recordar la crisis hospitalaria que vive La Guajira.