En las últimas semanas ha venido apareciendo en diferentes medios de comunicación una noticia tras otra de actos violentos en colegios oficiales y privados. Un arma que se dispara accidentalmente en un salón de clase y hiere de gravedad a un niño de catorce años. Un chico que ataca con un cuchillo a otro y lo hiere en el cuello. Un joven de un distinguido colegio privado que viola a dos compañeras. Dos chicas adolescentes de otro colegio de alto nivel que se suicidan. Un joven de un colegio de Cali que ataca con un arma de fuego a su maestra. A esto se suman reportes de armas de diverso tipo halladas en requisas de la policía, aparte de sustancias psicoactivas. No parece un panorama muy optimista sobre lo que hace el sistema educativo para formar a las generaciones jóvenes como promesa de cambio para el país. Las manifestaciones de violencia en las instituciones educativas son muy complejas y responden a fenómenos sociales que rebasan con mucho la acción escolar. En el entorno de los colegios hay bandas y pandillas, grupos armados al margen de la ley, jíbaros y traficantes de drogas, gente dedicada a la prostitución y la pornografía infantil, grupos de agitadores presuntamente afiliados a movimientos políticos.De otra parte, muchos niños y niñas provienen de ambientes familiares en los cuales predomina la agresividad, el maltrato y el abandono, fenómenos ligados en gran parte a las condiciones de pobreza e ignorancia. Todas estas circunstancias hacen muy difícil la labor educativa, sobre todo cuando se incrementan los niveles generales de escolarización, pues sobre la escuela recae la responsabilidad de contrarrestar semejante cúmulo de problemas sociales. Para que la labor de los maestros resulte medianamente exitosa en estos aspectos hace falta un gran esfuerzo del Estado orientado a proveer apoyo adecuado y suficiente tanto en asuntos pedagógicos como en protección y seguridad en el entorno de las instituciones educativas. Hace falta combinar estrategias de seguridad ciudadana con participación de la policía, los vecinos de las comunidades y entidades especializadas en derechos humanos, solución de conflictos, salud, bienestar… Muchos niños y niñas requieren apoyo de psicología y trabajo social, subsidios para asegurar su permanencia en la escuela, alimentación para compensar el déficit nutricional que arrastran desde su primera infancia. La violencia que más debería preocuparnos no es la que eventualmente se manifiesta en acciones de agresión directa entre niños, o el riesgo de que estas acciones se repitan cada vez con mayor frecuencia debido a que algunos chicos tengan en su poder navajas y otros instrumentos susceptibles de ser usados como armas. El problema grave proviene de situaciones de pobreza en las cuales se va acumulando desde los primeros años de vida una enorme rabia contra la sociedad. Ese sentimiento profundo es el caldo de cultivo de las conductas violentas. Los niños y las niñas aprenden en su entorno que la única manera de resolver los problemas es eliminando al otro, porque ellos mismos han sido víctimas de la misma negación, a través del abandono, la falta de afecto o los muchos mecanismos sociales a través de los cuales se silencia a quien eventualmente no está de acuerdo. Pero todas estas realidades no pueden ser simplificadas y trivializadas haciendo generalizaciones como las que suelen hacerse desde los medios de comunicación, dejando la sensación de que los colegios, especialmente los oficiales, son lugares peligrosos donde todos los alumnos permanecen armados. Nada más lejano de la realidad: la mayor parte de los chicos y chicas que asisten a los colegios cumplen con sus obligaciones escolares y reciben atención y cuidado de sus maestros. El colegio es el único lugar vivible para una gran parte de ellos, porque allí encuentran amigos, afectos, protección y estímulo. Sin embargo, nunca podemos estar completamente satisfechos y por eso es necesario hacer grandes esfuerzos para mejorar el servicio y prevenir al máximo las situaciones extremas. Sólo atendiendo las causas de los problemas es posible asegurar que el servicio educativo sea de buena calidad. A esto, justamente, apunta es reciente informe de la Procuraduría General de la Nación sobre el derecho a la educación. Lo que es urgente es que el Estado asigne los recursos suficientes para satisfacer debidamente este derecho.