En la lista de nombres que gravitan alrededor de la cuestionada Universidad San Martín aparecieron hace pocos días los de Tomás y Jerónimo, hijos del expresidente Álvaro Uribe. ¿La razón? En algún momento ellos ocuparon una oficina del alma mater, exactamente en momentos en los que iniciaban sus negocios particulares. Sin embargo, ellos niegan cualquier vínculo con los propietarios de esa institución educativa a la que el gobierno nacional debió meterle la mano porque estaba afectando a cerca de 14.000 jóvenes de varias ciudades del país. La situación es tan crítica, que incluso el CTI realizó una inspección a este claustro para acopiar documentos y dictaminar qué delitos se han cometido allí. La relación de los Uribe es un capítulo distinto a las historias de deudas e incumplimientos por parte de los propietarios de la Universidad San Martín. En efecto, Mariano Alvear y su hijo Martín son el foco de un escándalo que crece día a día, después de que Semana.com revelara que distintos despachos judiciales están inundados de demandas contra estas personas a causa de muchas deudas que no honraron. Otros medios han informado sobre hallazgos de la Fiscalía –que ocupó la sede del norte de Bogotá de este claustro– de presunta falsedad en algunos documentos. Los Alvear están viviendo sus días más difíciles. Como lo divulgó este portal, ellos han evadido deudas no sólo con decenas de empleados de la Universidad San Martín, sino con otros tantos que hacen parte de sus empresas de alimentos Qualité y Burger Market. Es en este contexto en el que sonaron los nombres de los hijos de Uribe. Las fuentes asociadas a Qualité y a Burger Market han dicho que en el edificio donde los Alvear tenían montado su emporio económico en el norte de Bogotá tenían oficina los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe. “Allá se les veía permanentemente”, dijo una fuente que dejó entrever una posible cercanía de los hijos del expresidente con Martín Alvear. Semana.com se comunicó con Tomás Uribe, quien despejó dudas sobre estas insinuaciones. Según él, hace cerca de diez años, cuando estaban empezando el negocio de Salvarte –firma dedicada a la venta y la exportación de artesanías–, buscaban una oficina desde dónde despachar. En ese entonces –dice Tomás– les arrendaron una pequeña oficina de no más de 30 metros cuadrados por un valor cercano a 500.000 pesos. “Nunca tuvimos sociedad con ellos. A Martín lo he visto tres o cuatro veces y lo conocí socialmente. Desde hace siete años no lo veo. Pueden buscar y no encontrarán nada. No escondemos nuestras sociedades”, dijo Tomás Uribe. El hijo del exmandatario aseguró que en esa oficina tan solo estuvo cerca de seis meses. “Fue en la época en que vendíamos manillas”, concluyó. Y aun cuando las fuentes aseguran que hubo una relación de negocios, hasta ahora no hay un documento o una prueba que evidencie una sociedad entre los Uribe y los Alvear. Tomás reitera que se trató sólo de una relación pasajera y sin propósito distinto a establecerse en una de sus oficinas para empezar en el montaje de su empresa Salvarte. Tomás reconoció en entrevista con Blu radio en la mañana de este miércoles, que él y su hermano también se contactaron con otra empresa de los Alvear dedicada a la impresión de papelería. Según él, su empresa Salvarte mandó imprimir 500 catálogos para la presentación de la naciente firma. Mientras estas dudas quedan despejadas, Mariano Alvear y su hijo continúan enfrentando una cascada de críticas por la manera como han manejado sus empresas. Las denuncias en su contra por malos manejos e incumplimientos laborales todos los días traen un nuevo capítulo, sin que ellos den la cara. “Mariano Alvear es una persona que se ha enriquecido a costa de las necesidades de los demás. Explotó a los trabajadores. No conozco una persona que se refiera a él como una persona correcta”, dijo uno de los abogados que tiene en su despacho varias demandas contra los propietarios de la universidad. Una de esas demandas data de hace diez años y la deuda llega a 1.000 millones de pesos. “No les pagaba salud o seguridad social a los empleados y cuando las pagaba, lo hacía muy por debajo de los sueldos. Allí les prometían cosas que jamás les cumplían a los servidores. En ocasiones pagaban en bonos o en efectivo a los empleados para calmarlos. En otros momentos pagaban con cheques de estudiantes que cancelaban sus matrículas y con esto evadían las cargas prestacionales y hasta los impuestos”, dijo el jurista. A esas noticias se sumaron otras producidas por la Fiscalía en las que anunciaron imputación de cargos al representante legal de la universidad, José Ricardo Caballero Calderón, por fraude a resolución judicial. También la ocupación de la sede norte de la Universidad en Bogotá, donde hallaron una primera evidencia de una presunta falsedad documental.