En una sala se encontraban sentadas una decena de mujeres que representan a las 69.000 madres comunitarias que hay en Colombia. Analizaban los pasos a seguir después de que el presidente Juan Manuel Santos decidió objetar el proyecto de ley que les iba a asegurar contrato de trabajo a término indefinido directamente con el ICBF y subsidio permanente a la vejez. Es decir, lo devolvió al Congreso antes de ser sancionado.Entre las razones que expuso el presidente Santos se encuentran dos fundamentales: el proyecto de ley resultaba inconveniente en su integridad al ser contrario a la Constitución, además de generar un impacto fiscal de enormes proporciones debido a que, según sus cálculos, representaría casi 800.000 millones de pesos.Frente al primer argumento, el ICBF declaró que con el proyecto primarían los derechos de las madres en vez de los de los niños. “Con el dinero que cuesta la ley el ICBF podría darle atención integral a 400.000 niños más”, explicó Cristina Plazas, directora de la institución.Consulte: Fallo a favor de madres comunitarias podría quebrar al ICBF: Cristina PlazasSin embargo, las madres comunitarias no creen que el proyecto de ley sea contrario a la Constitución. “Esto tiene que ser una interpretación sistemática de la Constitución, no es posible que los niños estén bien si las madres no lo están, si no tienen unas garantías mínimas constitucionales, seguridad jurídica en sus derechos laborales no van a trabajar cómodas, y qué garantía de una atención de calidad vamos a tener con los niños”, aseguró Juan Pablo Mantilla, abogado de las madres comunitarias.Otro punto de desacuerdo ha sido el hecho de que las madres comunitarias sean contratadas directamente por el ICBF y no por medio de asociaciones, como sucede en la actualidad. Para la directora de la institución esto es innecesario y lo que haría es aumentar el número de servidores públicos por los cuales responder."Esta ley no beneficia a las madres comunitarias que están hoy en día porque si entran a la nómina del ICBF yo tengo que empezar a hacer un trabajo con la Comisión del Derecho Civil y entran a concurso, porque entrarían a planta (...) y no todas ellas pasarán y esto hace que muchas de estas madres salgan", enfatizó Cristina Plazas.Con este argumento tampoco están de acuerdo las madres. "Nadie ha dicho que ellas tienen que ser empleadas públicas, hay que revisar en qué condiciones tienen que ser vinculadas al ICBF directamente (...) hay que revisar una figura de un régimen especial laboral", agregó Mantilla.Es probable que las madres comunitarias vayan a un paro nacional para mostrar su inconformidad y reclamar “el respeto de sus derechos laborales”. La decisión se tomará el 23 de febrero en la asamblea general que tienen prevista. La batalla no solo se dará en ese frente, las acciones jurídicas de parte y parte se harán notar.